El control del partido de gobierno sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aumentará a raíz de la reforma constitucional que quitó la facultad de los partidos de proponer magistrados en el órgano electoral, indicó la organización Acción Ciudadana en el informe “Monitoreo del Estado de la integridad electoral en El Salvador” del periodo abril junio de 2026 divulgado este viernes.
Para la organización, la ratificación de la reforma constitucional y posterior modificación del Código Electoral para que los partidos ya no propongan magistrados al TSE, “apunta a que aumentará el control de un solo partido, el de gobierno, sobre la institución” y “elimina uno de los pocos espacios de control y balance de poder que aún tenían el resto de los partidos en el sistema político salvadoreño”, indicó el informe.
Según la AC, ahora el “único espacio de control que le queda a los partidos políticos que no son del oficialismo” es la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) que consideró debilitada presupuestariamente.
La oenegé ve un sistema electoral distorsionado y una competencia electoral “más desequilibrada”.
Señala la “poca claridad” en la redistribución de los escaños legislativos que permitió descontar 6 diputados a San Salvador y La Libertad, para otorgarlos a la nueva circunscripción de la diáspora salvadoreña, y consideró que “esta se aprobó, distorsionando aún más el sistema electoral y la proporcionalidad de las circunscripciones”.
El informe indicó que una competencia desequilibrada porque “los diputados de gobierno se mantienen en campaña electoral permanente” ante la falta de sanciones por el TSE y por la falta de financiamiento público.
“Los partidos políticos continúan denunciando la campaña electoral adelantada y la inoperancia del TSE ante esta. Como ya se ha señalado, el nulo trabajo del TSE en este aspecto produce un mayor desequilibrio en la contienda electoral, beneficiando claramente al partido de Gobierno”, indica el informe.
El informe considera también una falta de idoneidad y experiencia del personal nuevo del Tribunal Supremo Electoral y señala falta de transparencia y el atraso en la contratación de la empresa que administrará el voto electrónico que ejercerán los salvadoreños en el extranjero.