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  •  Socorro Jurídico registra 450 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción

     Socorro Jurídico registra 450 muertes en cárceles salvadoreñas bajo régimen de excepción

    La organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que al menos 450 personas han fallecido bajo custodia del Estado en diferentes cárceles de El Salvador desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.

    La directora de SJH, Ingrid Escobar, confirmó este lunes que la cifra corresponde a casos verificados hasta el 31 de octubre de 2025.

    “El último caso registrado por la organización se trata del joven Humberto Adonay Mónico, de 35 años, que murió en el centro penal La Esperanza y su cuerpo presentaba signos de violencia, un golpe a nivel de cráneo y otro en la costilla”, denunció Escobar en declaraciones compartidas a la agencia EFE.

    La ONG señaló que la mayoría de muertes ocurrieron en los centros penales de Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos, y que muchas de las víctimas carecían de antecedentes por vínculos con estructuras criminales.

    “Según nuestros registros, el 94 % de los fallecidos no tenían perfil de pandilleros”, aseguró la directora del SJH, quien también alertó que la cifra real de muertes bajo custodia podría superar los 1,000 casos, debido a una supuesta falta de transparencia en los procesos judiciales masivos.

    La organización acusó al sistema judicial de intentar ocultar parte de esta información en los denominados juicios colectivos, permitidos desde 2023 tras una reforma penal aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo. Dicha reforma permite juzgar a grupos completos por vínculos con pandillas, eliminando los procesos individuales.

    El régimen de excepción fue aprobado en marzo de 2022, tras un repunte de violencia que dejó más de 80 asesinatos en un fin de semana. Desde entonces, el Gobierno ha capturado a más de 89,900 personas, logrando una notable reducción en los índices de homicidios, según datos oficiales.

    No obstante, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas, y fallecimientos dentro del sistema penitenciario salvadoreño bajo este régimen.

    A pesar de las denuncias, el Gobierno ha negado en múltiples ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la existencia de torturas o muertes en prisión, asegurando que las acciones forman parte de una política de “mano dura” contra las pandillas.

     

  • Algunas organizaciones no se inscribirán el Registro de Agentes Extranjeros por funcionar con voluntariado

    Algunas organizaciones no se inscribirán el Registro de Agentes Extranjeros por funcionar con voluntariado

    El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y la Mesa por una Pensión Digna, Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), así como el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) no pidieron inscribirse en el nuevo Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) creado por el Gobierno de El Salvador porque no reciben fondos extranjeros.

    “Nosotros no recibimos fondos del extranjero y, si así fuese, no inscribiría a la Mesa porque es un atentado hacerlo, debido a que van a buscar control contra nosotros”, respondió Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, ante la pregunta si se inscribirían.

    Pineda reveló que la Mesa hace un esfuerzo de autofinanciamiento o voluntariado. “Compramos cositas para vender y vamos a las comunidades, muchos de nuestros miembros creen en nuestro proyecto y ellos voluntariamente aportan económicamente, y yo que pongo de mi bolsa”, detalló.

    Por su parte, la representante del SJH, Ingrid Escobar, advirtió que no percibirán donaciones del extranjero ya que se mantienen del voluntariado.

    “Somos un equipo de voluntarios, no nos vamos a inscribir por el momento”, señaló Escobar, quien reside en el extranjero por temor a represalias por sus críticas al gobierno. Actualmente, la SJH únicamente apoya a familiares de personas capturadas durante el régimen de excepción y las representa en demandas de hábeas corpus que son presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

    Escobar, quien usualmente es crítica del gobierno actual, explicó que el respaldo jurídico en las demandas de habeas corpus no requiere financiamiento.

    El Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) tampoco solicitó la inscripción en el RAEX, que abrió el periodo de inscripción desde el 9 de junio, dos días después del inicio de la vigencia de la ley.

    Samuel Ramírez, representante del Movir, explicó que esta no es una organización no gubernamental (ONG u oenegé) ya que surgió desde un inicio como un movimiento temporal y que se iba a mantener mientras durara el régimen. “La lucha es legítima”, sostuvo. El régimen de excepción está por cumplir tres años y medio.

    Ramírez también es crítico de la nueva ley que busca fiscalizar a las organizaciones que reciben fondos extranjeros.

    “La idea de esta ley es tratar de bloquear, eliminar aquellas organizaciones incómodas, nosotros ni siquiera intentamos inscribirla porque no era la intención formar una oenegé, sino un movimiento de víctimas que luchara con las víctimas durante el régimen, pensando en que iba a durar poco tiempo, resulta que lleva más de tres años”, indicó. Agregó que tampoco es que sean ilegales.

    Por su parte, Ángel Flores, coordinador de MILPA, informó que tampoco se inscribirán porque no reciben fondos del extranjero. “MILPA es un sindicato de trabajadores y trabajadoras del campo indígena, que se sostiene por las aportaciones de sus miembros”, explicó.

    El representante de MILPA cree que la nueva Ley de Agentes Extranjeros “obstaculizará el trabajo de organizaciones no gubernamentales que atienden temas sensibles o vinculados a los derechos humanos y de fortalecimiento organizativo de las comunidades o de grupos vulnerables” y puede ser “ser instrumentalizada para criminalizar o perseguir” a oenegés “bajo el supuesto de que realizan trabajo político”.

    Según Flores, esta normativa también estaría facultando al Gobierno “apropiarse de fondos de la cooperación internacional”.

    Otras organizaciones esperan su inscripción en el RAEX. La Fundación Comunicándonos y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda), Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), Colectivo Feminista, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y la asociación Cristosal pidieron registrarse en el RAEX como agentes extranjeros, aunque Funde y Cristosal no solicitar ser calificadas como “sujetos excluidos” del pago del impuesto del 30 % sobre las donaciones o transferencias extranjeras que reciban.

  • Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    La abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó que el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. correspondiente a 2024 “omite una enorme cantidad de denuncias” sobre abusos cometidos en El Salvador.

    El documento, publicado con varios meses de retraso por la Administración de Donald Trump, eliminó críticas dirigidas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras aumentó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica.

    En el caso salvadoreño, el reporte sostiene que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos”, en contraste con el informe de 2023, que sí documentó casos de tortura y malas condiciones en las cárceles.

    Para Escobar, este cambio “matiza” la situación penitenciaria en el país y pasa por alto la existencia de más de 1.000 muertes en centros penales, de las cuales el SJH ha confirmado 433, muchas ocurridas antes de que los reclusos tuvieran derecho a una segunda audiencia. “No se le da la importancia debida a las muertes extrajudiciales en las cárceles”, advirtió.

    La directora del SJH también denunció que EE.UU. envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de integrar el Tren de Aragua, y señaló que este penal funciona “como un campo de concentración” donde se han documentado torturas y tratos crueles.

    Escobar sostuvo que Washington evita reflejar la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador debido a su alianza coyuntural con el gobierno salvadoreño en materia de control migratorio. “Poner la verdad en el informe sería aceptar una culpa”, concluyó.