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Etiqueta: inmigración ilegal

  • Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en marzo y devuelto en junio a EEUU, comparecerá ante la justicia estadounidense el próximo 8 y 9 de diciembre, luego de que un juez federal reprogramara la audiencia de acusación por tráfico humano en Tennessee, originalmente prevista para esta semana.

    La decisión fue tomada por el juez Waverly Crenshaw, quien se reunió con los abogados defensores y fiscales el pasado viernes. Aunque no se han revelado los motivos del cambio de fecha, se espera que en la audiencia se analicen los argumentos de la defensa para desechar los cargos y excluir parte de las pruebas presentadas.

    La defensa de Ábrego García sostiene que los cargos federales por tráfico humano en su contra son “represalias judiciales” y que, ante la posibilidad de una acusación con motivaciones indebidas, corresponde al gobierno probar lo contrario.

    En documentos recientes, el equipo legal del salvadoreño denunció que el gobierno estadounidense no ha entregado información clave para su defensa ni ha permitido el testimonio de testigos relevantes en la audiencia.

    El caso se remonta a un incidente ocurrido en 2022, cuando agentes estatales detuvieron a Abrego García en una carretera de Tennessee y encontraron a ocho personas más en su vehículo. En el operativo también se le decomisaron $1,400 en efectivo, cantidad que, según los oficiales, habría sido un pago por el traslado.

    Durante la intervención, Ábrego García cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Inicialmente dijo que se dirigía a su casa en Maryland, luego afirmó que viajaba por motivos laborales. Además, señaló que las personas a bordo del vehículo provenían de St. Louis, Missouri.

    El salvadoreño fue deportado a El Salvador en marzo de este año junto a un grupo de venezolanos que fue recluido en el CECOT, pero posteriormente fue repatriado a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales. Según los registros migratorios, Ábrego García ingresó al país en 2011 y fue sujeto de una orden de deportación desde 2019, que luego fue suspendida.

    Hasta ahora, el juez Crenshaw no ha emitido un fallo sobre la moción para desestimar los cargos. El resultado de la audiencia de diciembre será determinante para definir si el caso avanza o queda anulado por presunta persecución judicial.

    El gobierno estadounidense ha pretendido deportar a Ábrego García a varios países africanos, pero el juez ha ordenado que permanezca en EEUU mientras se realiza el proceso en su contra..

  • Trump acumula múltiples demandas millonarias por detener a ciudadanos en las redadas

    Trump acumula múltiples demandas millonarias por detener a ciudadanos en las redadas

    El Gobierno del presidente Donald Trump acumula múltiples demandas de ciudadanos estadounidenses detenidos en las redadas migratorias, entre los que se cuenta un trabajador de la construcción arrestado dos veces y un anciano golpeado y mantenido bajo custodia a pesar de que se recuperaba de una cirugía de corazón.

    Las querellas legales, que piden indemnizaciones de hasta $50 millones contra el Ejecutivo estadounidense por violaciones a los derechos constitucionales de sus ciudadanos, se están convirtiendo en el pan de cada día.

    El pasado lunes, el estadounidense Leonardo García Venegas demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por detenerlo en dos ocasiones en obras de construcción, que se han convertido en uno de los blancos favoritos de los agentes migratorios.

    El trabajador, representado por el Institute for Justice, alega que las detenciones que sufrió en Alabama, estado donde reside y trabaja, fueron «irrazonables» y violaron la Cuarta Enmienda, que le protege contra registros y detenciones sin causa probable.

    El hispano, de padres mexicanos, fue detenido por primera vez en mayo cuando agentes enmascarados ingresaron a una  construcción. El trabajador fue derribado al suelo y esposado aunque les dijo que era ciudadano estadounidense, según quedó registrado en un video.

    Incluso después de presentar su identificación REAL ID (que Alabama solo emite a residentes legales), los agentes lo mantuvieron esposado durante una hora.

    En junio, el latino fue detenido nuevamente en una casa donde trabajaba, y aunque una vez más mostró su identificación los agentes se negaron a aceptarla, lo sacaron de la construcción y lo detuvieron junto con otros detenidos, liberándolo, junto a otros residentes legales, veinte minutos después.

    La demanda, planteada como una querella colectiva de trabajadores de la construcción, incluye 19 ejemplos de ciudadanos y residentes legales que presuntamente habían sido detenidos «en circunstancias» similares a las de García Venegas.

    «Como demuestra la experiencia de Leo García Venegas, estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores», afirma la demanda, que busca una indemnización para el trabajador hispano.

     

    El arresto y ataque a un recién operado

    El Gobierno Trump también enfrenta una demanda presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años y dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles que alega que sufrió fracturas, lesiones graves, y traumatismo craneoencefálico, tras ser detenido en una redada migratoria el pasado 9 de septiembre.

    Videos de las cámaras de seguridad muestran a agentes enmascarados irrumpiendo sin autorización en el negocio empujando a Shouhed al suelo en un pasillo.

    A pesar de la primera agresión, el dueño salió para hablar con los agentes sobre sus empleados. Pero estos lo insultaron y arrojaron violentamente al pavimento para echársele encima. Uno de ellos le presionó el cuello con la rodilla mientras otro le torcía los brazos por detrás, a pesar de que él les dijo que recientemente se había sometido a una cirugía de corazón, no podía respirar y necesitaba una ambulancia.

    La querella, que busca una indemnización de 50 millones de dólares, advierte que los agentes ignoraron sus súplicas y lo trasladaron esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció retenido casi 12 horas sin atención médica y le negaron las llamadas telefónicas.

    Además de las lesiones físicas, e infligir intencionalmente angustia, la demanda alega la violación a la Ley Bane de California, que prohíbe interferir en los derechos constitucionales de una persona mediante la fuerza o la amenaza de violencia.

    Contra el uso excesivo de la fuerza

    En agosto pasado, cinco ciudadanos y residentes permanentes anunciaron demandas por separado contra el DHS al considerar que fueron detenidos arbitrariamente en las redadas.

    Una de las demandantes es Cary López Alvarado, detenida cuando estaba embarazada, quien asegura que su bebé nació prematuro debido a esto.

    Luis Carrillo, abogado que representa a los cinco demandantes y busca al menos una indemnización de un millón de dólares en cada caso, dijo a EFE que las acciones de los agentes migratorios «fueron brutales» y que esperan que estas querellas judiciales detengan el uso excesivo de la fuerza.

    La situación es tan grave, según Carrillo, que se ha unido a la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta para presentar una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pedir una investigación sobre los abusos a ciudadanos e inmigrantes. 

  • Felipe VI aboga por la inmigración como motor de desarrollo ante la ONU

    Felipe VI aboga por la inmigración como motor de desarrollo ante la ONU

    El rey Felipe VI defendió este miércoles en la Asamblea General de la ONU la inmigración gestionada de manera adecuada como un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino.

    En su discurso al inicio de la segunda jornada del periodo de sesiones de la Asamblea General, el monarca español abogó por la construcción de sociedades plurales y abiertas, donde todos los ciudadanos tengan voz.

    Felipe VI reconoció la preocupación por la erosión de las democracias y la desafección hacia valores esenciales para la convivencia democrática. En un momento que describió como confuso y desafiante para el diálogo, subrayó la importancia de permanecer fieles a esos valores.

    En este contexto, el rey destacó que una inmigración bien gestionada puede beneficiar a todas las partes involucradas y apeló a que los derechos humanos de los migrantes sean la prioridad principal para la comunidad internacional.

  • Unos 850 mil salvadoreños viven como migrantes irregulares en EE. UU.

    Unos 850 mil salvadoreños viven como migrantes irregulares en EE. UU.

    Unos 850 mil salvadoreños residen en Estados Unidos en condición de migrantes irregulares, según reveló un informe del Pew Research Center, un centro de estudios con sede en Washington, que analizó datos de 2023.

    En su estudio titulado “La población inmigrante no autorizada en EE. UU. alcanzó un récord de 14 millones en 2023”, la organización detalló que El Salvador y Guatemala ocupan el segundo lugar en la lista de países con más inmigrantes no autorizados en ese país, solo por detrás de México, que representa el 30 % del total. Los hondureños suman 775 mil y los ciudadanos de la India, 680 mil.

    “El número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 14 millones en 2023, tras dos años consecutivos de crecimiento récord (…) el aumento de 3.5 millones en dos años es el mayor registrado”, detalla el informe, que señala también que los datos de 2023 son los más recientes disponibles para un análisis completo.

    El concepto de «inmigrantes no autorizados» incluye a quienes entraron ilegalmente, pero también a aquellos que lo hicieron legalmente y posteriormente perdieron su estatus, incluyendo beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal). En 2023, este grupo representaba el 27 % de todos los inmigrantes en Estados Unidos, frente al 22 % en 2021. Además, su proporción en la población total del país aumentó del 3.1 % al 4.1 %.

    El informe prevé que en 2025 la cifra de inmigrantes no autorizados haya comenzado a descender, como consecuencia del incremento en las deportaciones y del fin de ciertas protecciones migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump.

    “El Salvador, India, China y Filipinas son los únicos países que no muestran cambios significativos en sus poblaciones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos entre 2021 y 2023”, apunta el estudio.

    En contraste, el número de inmigrantes irregulares nacidos fuera de México creció de 6.4 millones en 2021 a 9.7 millones en 2023. Entre estos, Venezuela destacó con un salto de 195,000 en 2021 a 650,000 en 2023. Otras naciones con crecimientos notables son Cuba, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Ucrania y Perú.

    A nivel regional, el mayor aumento de migración no autorizada se registró en Sudamérica (1.3 millones), seguido por Centroamérica (725,000) y el Caribe (575,000).

    En cuanto a la distribución geográfica, los seis estados con más inmigrantes no autorizados son California (2.3 millones), Texas (2.1 millones), Florida (1.6 millones), Nueva York (825,000), Nueva Jersey (600,000) e Illinois (550,000).

    La investigación del Pew Research Center también destaca que, en 2023, al menos 7.5 millones de hogares en Estados Unidos incluían a un inmigrante no autorizado. Esto representa el 5.6 % de los 133 millones de hogares a nivel nacional. En total, 26 millones de personas, entre ellas 14 millones de migrantes irregulares, vivían en estos hogares, el 88 % de los cuales tenía a un inmigrante no autorizado como jefe de familia o cónyuge.

    Casi el 70 % de estos hogares son de estatus migratorio mixto, es decir, compuestos por inmigrantes irregulares y ciudadanos nacidos en EE. UU. o migrantes legales. La mayoría de los estadounidenses en estos hogares son hijos de padres migrantes no autorizados.

    En el ámbito económico, los inmigrantes no autorizados tienen presencia en todos los sectores. Las industrias con más trabajadores indocumentados en 2023 fueron: construcción (15 %), agricultura (14 %), hostelería y ocio (8 %), otros servicios (7 %) y servicios profesionales/empresariales (7 %).

    Entre las ocupaciones con mayor proporción de migrantes no autorizados se encuentran: agricultura (24 %), construcción (19 %) y servicios (9 %). Aunque en ninguna ocupación superan a la mayoría, en varias especialidades dentro de la construcción su presencia oscila entre el 25 % y 40 %, según el reporte.