El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.
Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.
Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.
Detenciones históricas y denuncias de abusos
Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.
Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.
ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas
El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.
Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.
Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.
Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS
El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.
Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.
“Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.
Frontera más cerrada y caída en los cruces
La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.
Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.
Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.
El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.
“El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.
