Etiqueta: inmigrantes

  • Las deportaciones se cuadruplicaron bajo segundo mandato de Trump, revela estudio

    Las deportaciones se cuadruplicaron bajo segundo mandato de Trump, revela estudio

    Las deportaciones de inmigrantes desde el interior de Estados Unidos se multiplicaron por 4,6 durante los primeros nueve meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, impulsadas principalmente por arrestos aleatorios en la vía pública, según reveló un nuevo estudio de la Universidad de California.

    El informe, elaborado por el Proyecto de Datos de Deportación —una colaboración entre la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA)— muestra que las cifras de expulsiones superan con creces lo registrado antes del retorno del republicano a la Casa Blanca.

    De acuerdo con el análisis, las detenciones realizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) también se cuadruplicaron en ese período, mientras que los arrestos callejeros aumentaron más de once veces, fenómeno descrito por los investigadores como “sin precedentes”.

    Cambios en los criterios de arresto

    El estudio destaca que ICE ha desplazado su enfoque tradicional —centrado en personas con antecedentes penales— para realizar detenciones más indiscriminadas, lo que ha llevado a un aumento de más de siete veces en la captura de inmigrantes sin historial criminal.

    Graeme Blair, profesor de UCLA y codirector del proyecto, explicó que “antes de esta administración, ICE centraba sus arrestos en personas condenadas o previamente identificadas. Ahora, parece estar arrestando a cualquiera que pueda”.

    Ante el crecimiento de arrestos, el Gobierno triplicó el número de plazas de detención para migrantes dentro del país. Sin embargo, las opciones de liberación se redujeron drásticamente: solo el 3% de los detenidos fueron liberados en los primeros 60 días, según el estudio.

    Además, la tasa de deportación dentro de ese mismo período aumentó del 55% al 69%, mientras que las salidas voluntarias se incrementaron 21 veces, debido a que más personas optaron por no pelear sus casos ante la corte migratoria.

    Sin alcanzar meta oficial

    El informe, que utilizó datos de ICE hasta el 15 de octubre de 2025 obtenidos mediante una demanda judicial, señala que a pesar del endurecimiento de políticas, la administración Trump no logró alcanzar su meta de un millón de deportaciones anuales.

    Los datos indican que, para finales de 2025, el número de deportaciones se habría ubicado por debajo de las 300.000, muy por debajo del objetivo público de la administración.

    “Está claro que, aunque no han alcanzado su meta numérica, el ritmo y el alcance de las deportaciones es el más alto en lo que va del siglo XXI”, subrayó Blair.

     

  • Juez de EE.UU. ordena conceder audiencias a venezolanos deportados a El Salvador

    Juez de EE.UU. ordena conceder audiencias a venezolanos deportados a El Salvador

    Un juez federal de Estados Unidos dictaminó el lunes que cerca de 200 migrantes venezolanos deportados a El Salvador fueron privados de su derecho al debido proceso, y ordenó que se les permita presentar sus casos ante un tribunal migratorio.

    La resolución fue emitida por el magistrado James Boasberg, quien dio plazo hasta el 5 de enero de 2026 para que el Gobierno presente un plan que permita el regreso de los migrantes o el acceso a una audiencia justa en EE.UU. Además, certificó una demanda colectiva que abre la vía para que todos los afectados impugnen su expulsión al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, adonde fueron enviados en marzo pasado.

    El presidente Donald Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —instrumento legal reservado para tiempos de guerra— para justificar las deportaciones, alegando sin pruebas que los migrantes eran miembros del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, declarado organización terrorista.

    “Los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin aviso y sin oportunidad de impugnar su designación”, escribió Boasberg en su resolución, calificando la acción como una clara violación de los derechos constitucionales.

    La demanda fue interpuesta por la ACLU y Democracy Forward, quienes también alegaron que el Gobierno salvadoreño encarceló a los migrantes a cambio de un pago.

    El magistrado subrayó que el Gobierno no puede utilizar expulsiones aceleradas para anular el derecho al hábeas corpus, señalando que permitirlo “abriría la puerta a que el Gobierno detenga a cualquier persona y la envíe a otro país, anulando toda posibilidad de defensa legal”.

    Boasberg también investiga si funcionarios del Gobierno violaron una orden previa que prohibía vuelos de deportación hacia El Salvador. Entre los nombres mencionados están Erez Reuveni, exfuncionario del Departamento de Justicia, y Drew Ensign, abogado acusado de engañar al tribunal sobre los vuelos migratorios.

    En un dictamen anterior, Boasberg advirtió que la Constitución no admite desobediencia intencional de órdenes judiciales, y criticó el “completo menosprecio” del Ejecutivo a sus instrucciones. El caso se suma al proceso legal abierto por la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado erróneamente al Cecot y luego retornado a EE.UU. por orden judicial.

     

  • Entregan $200,000 de capital semilla a 98 emprendimientos de salvadoreños retornados

    Entregan $200,000 de capital semilla a 98 emprendimientos de salvadoreños retornados

    El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó $200,000 en capital semilla a 98 emprendedores retornados que se ubican en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Morazán y Usulután.

    En su comunicado, Cancillería señala que los negocios beneficiados se enfocan en los sectores de alimentos, textil, servicios y agropecuario.

    El director de Protección a la Persona en Movilidad, Dionisio Alonzo Sosa, aseguró que la entrega de capital semilla es “un punto de partida” para que los negocios fortaleza sus operaciones y generen una estabilidad para sus familias.

    Sosa indicó que los emprendedores participaron de un proceso formativo previo a la entrega del apoyo financiero, en donde se les apoyó con planes de negocios.

    El proceso formativo y el financiamiento es el resultado de una serie de medidas que Cancillería ejecuta en apoyo a las personas migrantes que retornaron al país o en riesgo de migrar.

    “Cada emprendimiento representa una semilla de desarrollo comunitario, una alternativa real frente a la migración irregular”, indicó el funcionario.

    El gobierno aseguró que la entrega de capital semilla continuará en los próximos días, principalmente con negocios que operan en los departamentos de Chalatenango, Morazán y Usulután.

  • EE.UU. recortará beneficios fiscales a indocumentados y vigilará remesas, anuncia secretario del Tesoro

    EE.UU. recortará beneficios fiscales a indocumentados y vigilará remesas, anuncia secretario del Tesoro

    El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, informó que el país recortará beneficios fiscales a indocumentados y aumentará la vigilancia sobre las remesas internacionales, cumpliendo así una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la inmigración.

    «Estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos», afirmó Bessent en la red social X (antes Twitter), al replicar un mensaje de Trump en el que el presidente acusa a los inmigrantes legales de recibir más beneficios de los que aportan al sistema.

    Entre los beneficios fiscales que serán restringidos se encuentran los créditos reembolsables por ingreso del trabajo (EITC), el crédito adicional por hijos, el crédito de oportunidad americana y los créditos por ahorro. Estos serán vetados para personas sin estatus migratorio regular o que no califiquen bajo los nuevos requisitos.

    La medida fue impulsada tras un tiroteo ocurrido esta semana en Washington D.C., en el que un ciudadano afganodisparó contra miembros de la Guardia Nacional, provocando la muerte de una agente y dejando a otro gravemente herido. Trump aseguró que este hecho demuestra el “peligro” de permitir el ingreso de migrantes de países en desarrollo.

    Simultáneamente, el Departamento del Tesoro emitió una alerta a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre las transferencias internacionales de dinero, subrayando su uso potencial en financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico.

    Según datos oficiales, en 2024 se enviaron más de 72.000 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, muchas de ellas con destino a países latinoamericanos como México, El Salvador, Guatemala y Honduras. La alerta pide a los negocios de envío de dinero que aumenten la detección y reporte de operaciones sospechosas, especialmente si superan los $2.000.

    Bessent enfatizó que las instituciones financieras estadounidenses no deben ser utilizadas por inmigrantes ilegales para mover dinero obtenido de manera ilícita.

    “No hay lugar para ti en nuestro sistema financiero si estás aquí ilegalmente”, afirmó.

    La medida es parte de un endurecimiento de la política migratoria y financiera del Gobierno de Trump de cara a las elecciones de 2026, y podría afectar millones de hogares en América Latina que dependen de remesas enviadas desde Estados Unidos.

     

  • Lanzan redada masiva contra inmigrantes en Carolina del Norte

    Lanzan redada masiva contra inmigrantes en Carolina del Norte

    Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron este sábado una redada de gran magnitud en Charlotte, Carolina del Norte, como parte de una operación federal impulsada por el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.

    La redada, que forma parte de una estrategia para “garantizar la seguridad pública y eliminar amenazas”, según declaró el portavoz federal Tricia McLaughlin a la cadena NBC, se enmarca en la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

    “Ha habido demasiadas víctimas de crímenes perpetrados por inmigrantes indocumentados”, afirmó McLaughlin.

    Pese a su alcance, las autoridades locales no participaron en la intervención. El Departamento de Policía de Charlotte aclaró que no colabora con la operación y llamó a la población a mantener la calma. Por su parte, el sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, confirmó que había sido informado de la acción federal.

    Las autoridades del condado criticaron el operativo por generar temor e inseguridad entre la comunidad migrante. En un comunicado señalaron que, al igual que en redadas recientes en otras ciudades, “se están deteniendo personas sin antecedentes penales y provocando protestas como consecuencia de acciones sin respaldo legal”.

    Casos similares se han documentado en otras urbes como Chicago, donde el despliegue federal incluyó presencia militar.

    En esa ciudad, informes judiciales revelaron que el 85 % de las detenciones se realizaron sin garantías legales, lo que obligó a la liberación de cientos de detenidos sin cargos formales.

  • Obispos católicos de EE.UU. condenan clima de temor y estigmatización de migrantes

    Obispos católicos de EE.UU. condenan clima de temor y estigmatización de migrantes

    La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) emitió el miércoles un inusual “mensaje especial” en el que expresó su rechazo a las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticando el clima de temor, estigmatización y violencia que enfrentan los migrantes en el país.

    Aunque no mencionaron directamente al presidente ni a su gabinete, los obispos advirtieron que existe “una profunda preocupación” por la discriminación racial, el endurecimiento en la aplicación de leyes migratorias y el impacto que estas medidas están teniendo en millones de familias, según el texto aprobado durante su asamblea anual en Baltimore, Maryland.

    “Nos entristece el estado del debate actual y la estigmatización de los inmigrantes. Nos inquietan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral. Lamentamos que algunos inmigrantes hayan perdido arbitrariamente su estatus legal”, señaló el comunicado de la Iglesia Católica estadounidense.

    Los obispos también denunciaron “las amenazas de redadas en escuelas, hospitales y lugares de culto”, y lamentaron el sufrimiento de padres que temen ser detenidos mientras llevan a sus hijos a clases o consuelan a familiares separados de sus seres queridos. La declaración fue aprobada por 216 votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones, marcando la primera vez en doce años que la USCCB aprueba una declaración especial.

    Además, el documento aboga por rutas legales y seguras para los migrantes, y reconoce “la enorme contribución” de las comunidades migrantes al bienestar de Estados Unidos.

    “Nos oponemos a la deportación masiva e indiscriminada. Oramos por el fin del discurso deshumanizante y la violencia, ya sea contra los inmigrantes o contra las fuerzas del orden”, añadió la USCCB.

    La declaración se produce una semana después de que el papa León XIV —el primer estadounidense en llegar al papado— cuestionara la política migratoria del presidente Trump y advirtiera sobre su impacto en migrantes que han vivido por años sin conflictos legales.

    El mensaje también supone un llamado al vicepresidente J.D. Vance, converso al catolicismo, para que reconsidere su postura frente al tema.

     

  • Juez federal ordena liberar a cientos de arrestados en las redadas migratorias en Chicago

    Juez federal ordena liberar a cientos de arrestados en las redadas migratorias en Chicago

    Un juez federal estadounidense ordenó este miércoles la libertad bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados por agentes federales en las redadas migratorias que han sacudido el área metropolitana de Chicago (Illinois) durante la ‘Operación Midway Blitz’ de la Administración Trump.

    El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó un reclamo de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, según el cual los arrestos se produjeron en violación a un acuerdo judicial vigente en Illinois y cinco estados vecinos.

    Aquellos sujetos a ser liberados deberán obtener la fianza antes del mediodía del próximo 21 de noviembre. El número exacto de personas que recuperarían su libertad dependerá de cuántas no hayan abandonado el país voluntariamente o hayan sido deportadas.

    El fallo se aplica a las personas que no tienen órdenes de detención obligatoria y no representan un riesgo significativo.

    En Illinois, el denominado Consentimiento Castañon-Nava de 2022, limita las circunstancias en las que los agentes pueden realizar arrestos sin orden judicial al aplicar las leyes civiles de inmigración.

    En la audiencia, el magistrado resolvió otorgar una «reparación equitativa», al ordenar la libertad provisional de estas personas mediante «alternativas a la detención», como el uso de monitores electrónicos en el tobillo o citas de seguimiento periódicas con agentes de inmigración, de forma virtual a través de aplicaciones móviles.

    El juez Cummings ordenó al Departamento de Justicia revisar todos los arrestos que se encuentren dentro de la misma categoría y presentar una lista antes del próximo 19 de noviembre, y a partir de ahí, tomar las medidas correspondientes.

    Cummings dictaminó el mes pasado que los agentes que han actuado en Chicago y sus alrededores violaron el acuerdo, y desde entonces abogados de ambas partes han trabajado para identificar cuántos arrestos violaron el consentimiento previamente acordado.

    El abogado Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo -a medios locales- que casos como estos ocurren a diario.

    Según afirmó el letrado, hasta el momento, la lista de personas detenidas en violación del acuerdo judicial superaría las tres mil.

    Fleming indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, en inglés) ha presentado una lista de 3.800 personas, mientras que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. informó sobre 1.200 personas, aunque aclaró que podría haber entradas duplicadas en ambas listas, por lo que no se cuenta con una cifra total definitiva.

    Además, el abogado dijo que ambas listas solo abarcan hasta principios de octubre y unas mil personas ya no se encuentran en los Estados Unidos porque fueron deportadas después de firmar órdenes de expulsión voluntaria.

    Los abogados que representan al DHS argumentaron en la audiencia que el Congreso despojó a los tribunales federales de su autoridad para otorgar la libertad condicional a grandes grupos de inmigrantes bajo custodia del ICE.

    En sus alegatos, sostuvieron que «el Congreso ha otorgado la autoridad para conceder la libertad condicional exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Nacional. Los tribunales federales no pueden ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que libere a ningún extranjero en libertad condicional porque el Congreso le ha retirado esa autoridad».

  • EE.UU. elimina extensión automática de permisos de trabajo para inmigrantes a partir de este 30 de octubre

    EE.UU. elimina extensión automática de permisos de trabajo para inmigrantes a partir de este 30 de octubre

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles el fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, medida que entrará en vigencia este 30 de octubre. Esta decisión revierte una política clave implementada por la administración de Joe Biden, la cual buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes laborales.

    Según el DHS, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir de esa fecha “ya no recibirán una extensión automática”. El cambio se basa en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y responde a la intención del Gobierno de reforzar los controles de seguridad y evitar fraudes migratorios.

    El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, justificó la decisión argumentando que “el enfoque ahora prioriza la seguridad de los estadounidenses por encima de la conveniencia de los extranjeros”. Según indicó, el nuevo protocolo permitirá una verificación más rigurosa de los antecedentes de quienes solicitan autorización para trabajar en EE.UU.

    Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales.

    Riesgo de despidos masivos

    La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que esta decisión causará despidos masivos, afectará a empleadores y perjudicará la estabilidad económica del país.

    “Los empleadores no tendrán más opción que despedir a trabajadores en proceso de renovación”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.

    La decisión también ha sido criticada por la ONG FWD.us, que calificó la medida como “simplemente injusta” y pidió modernizar los procesos en lugar de imponer más obstáculos. Aunque el DHS confirmó que habrá excepciones para casos previstos por ley, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), organizaciones alertan que el USCIS carece de personal y recursos suficientes para procesar a tiempo las solicitudes acumuladas.

     

  • Trump pide a la Corte Suprema autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chicago

    Trump pide a la Corte Suprema autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chicago

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia que autorice el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, como medida para resguardar a los agentes federales que participan en operativos migratorios, principalmente a elementos de la Patrulla Fronteriza.

    La solicitud fue presentada a través del Departamento de Justicia, con el argumento de que el despliegue es necesario para “prevenir riesgos para la vida de los agentes federales”, según reportes de medios estadounidenses. El recurso busca revertir resoluciones previas de tribunales inferiores que bloquearon la intervención militar en esa ciudad.

    El presidente pretende que al menos 200 miembros de la Guardia Nacional del estado de Texas sean enviados a Illinois, específicamente a los alrededores de un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde se han concentrado manifestaciones ciudadanas en rechazo a los operativos.

    Desde el pasado 9 de septiembre, fuerzas federales desarrollan la operación Midway Blitz en Chicago, enfocada en la detención de inmigrantes indocumentados. Hasta la fecha, las autoridades reportan al menos 1,500 arrestos relacionados con dicha acción.

    Las medidas impulsadas por Trump, que incluyen el fortalecimiento del control federal en ciudades administradas por líderes demócratas como Chicago, Washington y Portland, han generado fuertes críticas tanto de autoridades locales como de ciudadanos que han salido a protestar en defensa de los derechos migratorios.

  • Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Yessenia Ruano, una salvadoreña que fue obligada a salir de EEUU a pesar de tener una solicitud activa de visa humanitaria por ser víctima de trata laboral, ha demandado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país (ICE) de violar la ley al detener y deportar a personas que han sido víctimas de violencia doméstica o trata de personas, y que están en proceso de obtener visas T o U, diseñadas para protegerlas.

    Ruano, una salvadoreña que vivió 14 años en Estados Unidos, se vio obligada a abandonar el país junto a sus hijas ante la negativa del gobierno de Donald Trump de detener su deportación. Su caso, junto al de otras personas migrantes, es parte de una demanda federal presentada esta semana en Los Ángeles, en la que se acusa a ICE, según reveló el jueves el diario estadounidense The New York Times. 

    Según la denuncia, el gobierno estadounidense ha incumplido con las garantías legales establecidas por el Congreso en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), al implementar políticas que castigan a quienes se atreven a denunciar abusos y colaborar con las autoridades.

    “Se está traicionando el pacto legal con personas vulnerables que han dado un paso valiente al presentarse ante la justicia”, afirmó Sergio Pérez, director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.

    El caso de Yessenia Ruano: de sobreviviente a demandante

    La salvadoreña Yessenia Ruano, de 38 años, salió de Wisconsin en junio tras agotar todos los recursos legales. Había solicitado una visa T tras ser víctima de trabajo forzado en su ruta hacia EE.UU. luego de huir de las pandillas en El Salvador. Su esposo, sus hijas gemelas de 10 años, ciudadanas de Estados Unidos, y su perro también salieron del país semanas después.

    Ruano trabajó durante años en una fábrica de pizzas y como asistente de maestros en una escuela de Milwaukee. Incluso fue llamada a sustituir clases ante la escasez de personal. Su caso ha aparecido en varias cadenas hispanas de televisión de los Estados Unidos.

    “Sentía que por fin estaba aportando”, recordó.

    En febrero de este año, su abogada le sugirió retirar su solicitud de asilo y optar por una visa T. Aunque pidió retrasar su deportación mientras el caso estaba en proceso, ICE se negó. Ante el temor de ser separada de sus hijas, optó por regresar voluntariamente a El Salvador.

    La demanda también incluye el caso de Camila B., una vendedora mexicana de tamales detenida durante una redada de ICE en Los Ángeles, tras vivir más de 20 años en el país. En 2023, ella había solicitado una visa U tras ser brutalmente agredida.

    Asimismo, Kenia Merlos, originaria de Honduras y madre de cuatro ciudadanos estadounidenses, fue arrestada junto a su familia en un parque del estado de Washington, a pesar de tener una solicitud activa desde marzo de 2024. Está detenida desde junio.

    La administración Trump eliminó en enero de este año directrices que impedían detener a inmigrantes con solicitudes activas de protección como víctimas. Un memorando de ICE ordenó a los agentes priorizar la “aplicación total y eficiente” de las leyes migratorias, incluso en zonas sensibles como refugios, escuelas e iglesias.

    Las visas U y T, que otorgan permisos de trabajo y eventual residencia a víctimas de crímenes y trata de personas que cooperen con fiscales, han sido clave para desmantelar redes criminales. Sin embargo, el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, base ideológica del segundo mandato de Trump, propone eliminarlas por considerar que pueden ser utilizadas de forma fraudulenta.

    “Eliminar estos mecanismos de protección no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que dificulta los procesos judiciales”, advirtió Erin Aiello, fiscal de Massachusetts especializada en violencia de género.

    Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió que “todas las personas deportadas por ICE han tenido debido proceso y una orden final de expulsión”.

    Sin embargo, activistas aseguran que los agentes están aplicando procesos acelerados de expulsión, sin dar tiempo a que las víctimas puedan presentar sus casos.

    La demanda en curso es una de al menos cinco que cuestionan el endurecimiento de la política migratoria de Trump. Mientras tanto, miles de personas que han sufrido abusos, violencia de género o explotación laboral temen ser deportadas antes de obtener justicia.

    “Mi esperanza es poder regresar algún día”, dijo Ruano, quien ahora vive nuevamente en El Salvador, esperando que su visa T sea aprobada.