Etiqueta: inmigrantes

  • EE.UU. elimina extensión automática de permisos de trabajo para inmigrantes a partir de este 30 de octubre

    EE.UU. elimina extensión automática de permisos de trabajo para inmigrantes a partir de este 30 de octubre

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció el miércoles el fin de la extensión automática de 540 días en los permisos de empleo para ciertas categorías de inmigrantes, medida que entrará en vigencia este 30 de octubre. Esta decisión revierte una política clave implementada por la administración de Joe Biden, la cual buscaba aliviar los retrasos en el procesamiento de solicitudes laborales.

    Según el DHS, los extranjeros que soliciten la renovación de su permiso de empleo a partir de esa fecha “ya no recibirán una extensión automática”. El cambio se basa en una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump y responde a la intención del Gobierno de reforzar los controles de seguridad y evitar fraudes migratorios.

    El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Joseph Edlow, justificó la decisión argumentando que “el enfoque ahora prioriza la seguridad de los estadounidenses por encima de la conveniencia de los extranjeros”. Según indicó, el nuevo protocolo permitirá una verificación más rigurosa de los antecedentes de quienes solicitan autorización para trabajar en EE.UU.

    Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones proinmigrantes y expertos legales.

    Riesgo de despidos masivos

    La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió que esta decisión causará despidos masivos, afectará a empleadores y perjudicará la estabilidad económica del país.

    “Los empleadores no tendrán más opción que despedir a trabajadores en proceso de renovación”, afirmó Jeff Joseph, presidente de AILA.

    La decisión también ha sido criticada por la ONG FWD.us, que calificó la medida como “simplemente injusta” y pidió modernizar los procesos en lugar de imponer más obstáculos. Aunque el DHS confirmó que habrá excepciones para casos previstos por ley, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), organizaciones alertan que el USCIS carece de personal y recursos suficientes para procesar a tiempo las solicitudes acumuladas.

     

  • Trump pide a la Corte Suprema autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chicago

    Trump pide a la Corte Suprema autorizar despliegue de Guardia Nacional en Chicago

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este viernes a la Corte Suprema de Justicia que autorice el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, como medida para resguardar a los agentes federales que participan en operativos migratorios, principalmente a elementos de la Patrulla Fronteriza.

    La solicitud fue presentada a través del Departamento de Justicia, con el argumento de que el despliegue es necesario para “prevenir riesgos para la vida de los agentes federales”, según reportes de medios estadounidenses. El recurso busca revertir resoluciones previas de tribunales inferiores que bloquearon la intervención militar en esa ciudad.

    El presidente pretende que al menos 200 miembros de la Guardia Nacional del estado de Texas sean enviados a Illinois, específicamente a los alrededores de un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), donde se han concentrado manifestaciones ciudadanas en rechazo a los operativos.

    Desde el pasado 9 de septiembre, fuerzas federales desarrollan la operación Midway Blitz en Chicago, enfocada en la detención de inmigrantes indocumentados. Hasta la fecha, las autoridades reportan al menos 1,500 arrestos relacionados con dicha acción.

    Las medidas impulsadas por Trump, que incluyen el fortalecimiento del control federal en ciudades administradas por líderes demócratas como Chicago, Washington y Portland, han generado fuertes críticas tanto de autoridades locales como de ciudadanos que han salido a protestar en defensa de los derechos migratorios.

  • Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Salvadoreña que fue obligada a autodeportarse demanda a Migración de EEUU

    Yessenia Ruano, una salvadoreña que fue obligada a salir de EEUU a pesar de tener una solicitud activa de visa humanitaria por ser víctima de trata laboral, ha demandado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país (ICE) de violar la ley al detener y deportar a personas que han sido víctimas de violencia doméstica o trata de personas, y que están en proceso de obtener visas T o U, diseñadas para protegerlas.

    Ruano, una salvadoreña que vivió 14 años en Estados Unidos, se vio obligada a abandonar el país junto a sus hijas ante la negativa del gobierno de Donald Trump de detener su deportación. Su caso, junto al de otras personas migrantes, es parte de una demanda federal presentada esta semana en Los Ángeles, en la que se acusa a ICE, según reveló el jueves el diario estadounidense The New York Times. 

    Según la denuncia, el gobierno estadounidense ha incumplido con las garantías legales establecidas por el Congreso en la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), al implementar políticas que castigan a quienes se atreven a denunciar abusos y colaborar con las autoridades.

    “Se está traicionando el pacto legal con personas vulnerables que han dado un paso valiente al presentarse ante la justicia”, afirmó Sergio Pérez, director del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.

    El caso de Yessenia Ruano: de sobreviviente a demandante

    La salvadoreña Yessenia Ruano, de 38 años, salió de Wisconsin en junio tras agotar todos los recursos legales. Había solicitado una visa T tras ser víctima de trabajo forzado en su ruta hacia EE.UU. luego de huir de las pandillas en El Salvador. Su esposo, sus hijas gemelas de 10 años, ciudadanas de Estados Unidos, y su perro también salieron del país semanas después.

    Ruano trabajó durante años en una fábrica de pizzas y como asistente de maestros en una escuela de Milwaukee. Incluso fue llamada a sustituir clases ante la escasez de personal. Su caso ha aparecido en varias cadenas hispanas de televisión de los Estados Unidos.

    “Sentía que por fin estaba aportando”, recordó.

    En febrero de este año, su abogada le sugirió retirar su solicitud de asilo y optar por una visa T. Aunque pidió retrasar su deportación mientras el caso estaba en proceso, ICE se negó. Ante el temor de ser separada de sus hijas, optó por regresar voluntariamente a El Salvador.

    La demanda también incluye el caso de Camila B., una vendedora mexicana de tamales detenida durante una redada de ICE en Los Ángeles, tras vivir más de 20 años en el país. En 2023, ella había solicitado una visa U tras ser brutalmente agredida.

    Asimismo, Kenia Merlos, originaria de Honduras y madre de cuatro ciudadanos estadounidenses, fue arrestada junto a su familia en un parque del estado de Washington, a pesar de tener una solicitud activa desde marzo de 2024. Está detenida desde junio.

    La administración Trump eliminó en enero de este año directrices que impedían detener a inmigrantes con solicitudes activas de protección como víctimas. Un memorando de ICE ordenó a los agentes priorizar la “aplicación total y eficiente” de las leyes migratorias, incluso en zonas sensibles como refugios, escuelas e iglesias.

    Las visas U y T, que otorgan permisos de trabajo y eventual residencia a víctimas de crímenes y trata de personas que cooperen con fiscales, han sido clave para desmantelar redes criminales. Sin embargo, el Proyecto 2025 de la Fundación Heritage, base ideológica del segundo mandato de Trump, propone eliminarlas por considerar que pueden ser utilizadas de forma fraudulenta.

    “Eliminar estos mecanismos de protección no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que dificulta los procesos judiciales”, advirtió Erin Aiello, fiscal de Massachusetts especializada en violencia de género.

    Por su parte, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió que “todas las personas deportadas por ICE han tenido debido proceso y una orden final de expulsión”.

    Sin embargo, activistas aseguran que los agentes están aplicando procesos acelerados de expulsión, sin dar tiempo a que las víctimas puedan presentar sus casos.

    La demanda en curso es una de al menos cinco que cuestionan el endurecimiento de la política migratoria de Trump. Mientras tanto, miles de personas que han sufrido abusos, violencia de género o explotación laboral temen ser deportadas antes de obtener justicia.

    “Mi esperanza es poder regresar algún día”, dijo Ruano, quien ahora vive nuevamente en El Salvador, esperando que su visa T sea aprobada.

  • Los aspirantes a alcalde de Nueva York proponen más protección legal a inmigrantes

    Los aspirantes a alcalde de Nueva York proponen más protección legal a inmigrantes

    Los principales aspirantes a la Alcaldía de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani y el independiente Andrew Cuomo, propusieron este jueves más protección legal para los inmigrantes en medio de la campaña de deportaciones del Gobierno de Donald Trump.

    En el primer debate político de candidatos previo a las elecciones del 4 de noviembre, Mamdani y Cuomo, que se repartirán el voto demócrata, abogaron por medidas similares, mientras que el tercer aspirante, el republicano Curtis Sliwa, simpatizó solo con los inmigrantes que son «trabajadores esenciales».

    La mayor parte del debate de dos horas se centró especialmente en el tema del alto costo de vida, pero hubo una pregunta sobre las frecuentes detenciones de inmigrantes por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), muchos de ellos solicitantes de asilo, cuando asisten a citas rutinarias en esta «ciudad santuario».

    Mamdani, que se reivindicó como «el primer alcalde inmigrante», ya que es ugandés pero naturalizado estadounidense, criticó las detenciones de ICE en unas instalaciones, las del 26 Federal Plaza, en las que han protestado legisladores y políticos, y a las que un juez ha impuesto cumplir derechos básicos.

    Mamdani: «Más representación legal y plantar cara a Trump»

    Las ceremonias de ciudadanía «se han convertido en momentos de tragedia en las que los jueces preguntan a neoyorquinos que asisten a revisiones rutinarias de inmigración si están preparados para irse (del país) con la misma ropa que llevaban para ir al tribunal», denunció Mamdani, ya que son acorralados al salir.

    Cuomo, el primero en responder sobre los inmigrantes, dijo escuetamente: «La ley es la ley, yo tendría un abogado asignado a cada persona sometida a revisión por el Gobierno federal o cualquier procedimiento legal, y pondría todo el peso del Gobierno local detrás para asegurar de que están legalmente protegidos».

    Mamdani dijo estar «de acuerdo en que necesitamos más representación legal», pero también «ser capaz realmente de plantar cara a Donald Trump».

    Sliwa defendió que ICE persigue a los criminales pero argumentó que, según le han dicho funcionarios, las cuotas de detenciones impuestas por el Gobierno de Trump «están poniendo presión» para que arresten a inmigrantes fuera de los tribunales, tiendas Home Depot o restaurantes que los contratan.

    El republicano, pese a todo, reconoció que los inmigrantes hacen el trabajo que «la mayoría no quiere» y «debemos proteger a los inmigrantes trabajadores, trabajadores esenciales, y usar ICE contra los «narcotraficantes, pandilleros, depredadores sexuales, traficantes sexuales y narcoterroristas».

    Ayudas a los niños inmigrantes y temores al «socialismo»

    Cuomo, más lento en sus respuestas que sus rivales, desaprovechó otra pregunta sobre inmigrantes: en lugar de buscar soluciones para las dificultades que afrontan los niños inmigrantes en el sistema educativo, prefirió criticar al Gobierno estatal por no haberlos repartido a lo largo del territorio.

    Mamdani, mientras, propuso un programa para aportar «miles» de profesores al sistema y facilitar que los extranjeros puedan obtener certificados de enseñanza para que haya más bilingües, y Sliwa sugirió ampliar las plazas en las escuelas subvencionadas (chárter) a los niños inmigrantes e hijos de personas sintecho.

    Por otra parte, Mamdani, preguntado por el temor de la comunidad hispana a sus propuestas «socialistas», atribuyó a los latinos su triunfo en las primarias demócratas y aseguró que el «socialismo demócrata cree en la dignidad de todos los neoyorquinos», y es «responsabilidad» de la administración local protegerla.

    En ese sentido, el demócrata aludió a sus propuestas de atención infantil universal, de congelación de parte de los alquileres y de establecer una red de autobuses gratuita como medidas para evitar que los neoyorquinos se vayan desplazados de la ciudad debido a la subida de los precios.

    En ese sentido, Cuomo, a lo largo de la sesión, se posicionó como el virtual candidato «demócrata» frente a la organización de Demócratas Socialistas de América (DSA) a la que se adscribe Mamdani para diferenciarse de él, y señaló que las políticas socialistas «no han funcionado en Venezuela, ni en Cuba, ni aquí».

  • California levanta un muro de leyes para proteger a sus inmigrantes de las redadas de ICE

    California levanta un muro de leyes para proteger a sus inmigrantes de las redadas de ICE

    Los gobiernos de California y del condado de Los Ángeles han aprobado una serie de medidas legales para contrarrestar la campaña de deportaciones masivas impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las disposiciones buscan crear un escudo institucional para resguardar a comunidades inmigrantes frente a las políticas migratorias federales.

    La Junta de Supervisores del condado angelino declaró este martes una “emergencia” por las redadas migratorias a gran escala que, desde junio, han provocado temor generalizado, reduciendo la asistencia a centros educativos y trabajos, lo cual ha impactado la economía local. Esta declaración permite al gobierno movilizar recursos para asistir a las familias afectadas.

    El gobernador de California, Gavin Newsom, también dio luz verde a una serie de leyes estatales que refuerzan los derechos de los inmigrantes. Entre ellas destaca la Ley del Plan de Preparación Familiar (AB 495), que permite a familiares asumir la tutela de menores si los padres son detenidos, y prohíbe a las guarderías solicitar datos sobre el estatus migratorio de los niños o sus padres.

    “California reconoce nuestro valor económico además de nuestra dignidad como residentes que no deben ser criminalizados, perfilados racialmente o perseguidos solo por nuestro color de piel”, expresó Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla).

    Otra normativa clave es la Ley de Protección de Negocios de Vendedores Ambulantes (SB 635), que impide a autoridades locales compartir con ICE la información obtenida durante la emisión de permisos para ventas callejeras. Esta ley prohíbe exigir datos migratorios o antecedentes mediante huellas dactilares.

    Además, se sancionaron nuevas regulaciones que blindan espacios educativos y de salud. La AB 49 prohíbe el ingreso de agentes migratorios a escuelas sin una orden judicial, mientras que la SB 81 restringe el acceso del ICE a áreas no públicas de hospitales. También fue aprobada la SB 98, que obliga a notificar a padres y estudiantes cuando haya presencia del ICE cerca de centros escolares y universidades.

    El activista Pablo Alvarado, portavoz de la Red Nacional de Jornaleros, consideró que aún hay margen de acción. “Hemos pedido a la Alcaldía de Los Ángeles una reunión con Home Depot para que entiendan cuánto estas redadas han afectado a sus propios clientes”, afirmó.

    En esa misma línea, Newsom firmó la SB 627, que prohíbe el uso de pasamontañas por parte de agentes federales y locales —incluido ICE— durante sus operaciones, a partir del 1 de enero de 2026. Esta ley se suma a la SB 805, que exige a los agentes portar identificaciones visibles con su nombre o número de placa y la agencia a la que pertenecen.

    La Casa Blanca ha rechazado estas últimas normativas, alegando que podrían poner en riesgo a sus fuerzas federales.

  • Sepultan en El Salvador a Norlan Guzmán, víctima del tiroteo en Dallas

    Sepultan en El Salvador a Norlan Guzmán, víctima del tiroteo en Dallas

    El cuerpo de Norlan Guzmán, salvadoreño de 37 años, fue sepultado este lunes en su lugar de origen, la comunidad Ciudad Romero, en el departamento de Usulután Oeste, tras fallecer en un tiroteo ocurrido el pasado 24 de septiembre en Dallas, Texas. Según reportes de la prensa local, los restos llegaron a El Salvador el domingo y fueron recibidos en el aeropuerto Monseñor Romero por familiares, quienes los trasladaron a su comunidad natal, ubicada a más de 120 kilómetros de San Salvador.

    La sepultura de Guzmán se realizó tras un acto religioso al que asistieron familiares y amigos, como informó el medio Noticiero Hechos. Guzmán había estado involucrado en un tiroteo en las cercanías del edificio federal de Dallas, cuando el francotirador Joshua Jahn, de 29 años, abrió fuego desde una terraza cercana, hiriendo a Guzmán y a otros detenidos. Guzmán estaba dentro de una camioneta en ese momento y murió en el lugar, según el informe del examen médico forense local.

    El salvadoreño había sido arrestado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el mismo día del tiroteo, estando bajo custodia en la cárcel del condado de Dallas por una acusación de agresión agravada con un arma mortal, que había sido desestimada. Su muerte ha generado críticas de grupos proinmigrantes debido a la demora en la identificación por parte de ICE.

    Además de Guzmán, el ataque dejó otras víctimas, como José Andrés Bordones Molina, de Venezuela, quien fue herido pero dado de alta tras recibir atención médica, y Miguel Ángel García, de México, quien también resultó herido y falleció días después de los hechos.

    El francotirador, Joshua Jahn, se quitó la vida en el lugar. Según el FBI, las investigaciones iniciales revelaron que Jahn actuó en solitario y utilizó un rifle que había adquirido legalmente.

  • Despiden a agente de ICE tras agredir a inmigrante en edificio federal de Nueva York

    Despiden a agente de ICE tras agredir a inmigrante en edificio federal de Nueva York

    Un agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York fue despedido luego de que un video lo mostrara empujando y derribando a una mujer dentro del edificio federal de la Federal Plaza 26, utilizado como centro de detención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este viernes la medida tras la viralización de las imágenes.

    En el video difundido en redes sociales se observa cómo el oficial, vestido de civil, lanza violentamente al piso a la mujer, que lloraba y pedía en español que no arrestaran a su esposo. Tras la agresión, el agente repite la palabra “adiós” en español.

    “La conducta del agente es inaceptable y está por debajo del nivel de los hombres y mujeres que trabajan para ICE”, afirmó Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del DHS, en un comunicado en el que también precisó que el oficial fue separado de sus funciones.

    La víctima declaró que ella y su familia emigraron desde Ecuador el año pasado. Según la organización LatinoJustice, la mujer tuvo que ser trasladada a un hospital por las lesiones provocadas durante el incidente.

    “Esta crueldad es indefendible. Las familias migrantes merecen dignidad, respeto y debido proceso, no brutalidad en los mismos pasillos de la corte de inmigración donde buscan justicia”, expresó Rex Chen, abogado de Derechos de los Inmigrantes de LatinoJustice.

    El edificio de la Federal Plaza ha sido escenario de críticas en los últimos meses, por denuncias de detenciones realizadas por agentes vestidos de paisanos o encapuchados, quienes trasladan a los migrantes a celdas cuestionadas por sus condiciones. La semana pasada, un juez ordenó a la administración de Donald Trump que garantice espacios mínimos de 4.6 metros cuadrados por persona.

    Esa misma semana, más de diez cargos electos de Nueva York, entre ellos el contralor Brad Lander y los legisladores Julia Salazar y Gustavo Rivera, fueron arrestados durante una protesta frente al edificio, aunque luego recuperaron su libertad.

  • Gobierno de Eswatini niega acuerdo con EE.UU. para recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Gobierno de Eswatini niega acuerdo con EE.UU. para recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    El gobierno de Eswatini negó este jueves haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para recibir a Kilmar Ábrego, el salvadoreño en proceso de deportación cuya situación se convirtió en un símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump.

    “El Gobierno de Eswatini no ha recibido ninguna comunicación sobre esta persona”, afirmó la portavoz gubernamental Thabile Mdluli, citada por la agencia de noticias Reuters, subrayando que cualquier decisión sobre aceptar deportados de EE.UU. requiere discusiones oficiales previas.

    Ábrego, actualmente detenido en un centro migratorio en Virginia, estaba inicialmente previsto para ser enviado a Uganda, pero solicitó frenar la deportación alegando temor a persecución. El Departamento de Seguridad Nacional notificó a sus abogados el pasado 5 de septiembre que su nuevo país de destino sería Eswatini.

    El caso provocó una demanda presentada por el Eswatini Litigation Centre, que acusa al gobierno de haber pactado de forma secreta con Washington la recepción de migrantes expulsados de terceros países, lo que consideran inconstitucional al no haber pasado por aprobación parlamentaria.

    La audiencia prevista para este viernes en el Tribunal Superior de Eswatini fue aplazada hasta el 25 de septiembre, luego de que el Ejecutivo no presentara sus respuestas a tiempo. El fiscal general, Sifiso Khumalo, calificó la acción legal como “una solicitud frívola sin base jurídica”.

    En julio, EE.UU. ya había deportado a Eswatini a cinco migrantes originarios de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen, todos condenados por delitos graves. El gobierno local confirmó que permanecen en confinamiento solitario hasta su repatriación definitiva.

    Los demandantes critican la falta de transparencia y aseguran desconocer las condiciones en que se encuentran los deportados, ya que no se les ha permitido acceso. “Queremos que el Ejecutivo rinda cuentas, que haya transparencia en asuntos de Estado y respeto a los derechos humanos, sin importar quién sea la persona”, expresó el abogado Mzwandile Masuku.

    La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que recibió una solicitud de Eswatini para brindar asistencia a los deportados tras su llegada, aunque aún analiza si participará.

     

  • Abogados de Kilmar Ábrego acusan a Trump de venganza política por deportación ilegal

    Abogados de Kilmar Ábrego acusan a Trump de venganza política por deportación ilegal

    La defensa de Kilmar Armando Ábrego García, inmigrante deportado de manera ilegal a El Salvador en marzo, acusó este martes al Departamento de Justicia de emprender una “persecución judicial por venganza”, luego de que el salvadoreño y sus abogados impugnaran su expulsión.

    La acusación fue presentada en un documento de 35 páginas ante la Corte Federal del Distrito de Nashville, en el que denuncian una supuesta campaña del gobierno para castigar a Ábrego García desde hace casi cinco meses.

    Los abogados recordaron que funcionarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportaron a Ábrego violando una orden judicial, y en vez de enmendar el error y regresarlo, “la Casa Blanca inició una campaña pública para castigar al señor Ábrego por atreverse a defenderse, que culminó en una investigación criminal”.

    “Kilmar Ábrego García ha sido blanco del gobierno de Estados Unidos. No es por la gravedad de su conducta, ni porque represente una amenaza. Fue acusado por negarse a aceptar la violación de sus derechos constitucionales”, ”, escribieron los abogados..

    Segunda ofensiva legal contra la administración Trump

    Esta es la segunda vez que los abogados de Ábrego García señalan directamente al gobierno del presidente Trump por su manejo del caso. En junio, solicitaron a la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, sancionar a la administración por desobedecer sus órdenes de forma “flagrante y sostenida”.

    Actualmente, el caso civil y penal del salvadoreño avanza hacia un punto clave: podría ser liberado el viernes, luego de que un juez federal suspendiera por un mes su liberación original. El gobierno deberá decidir si continúa el proceso penal o lo entrega nuevamente a autoridades migratorias para reintentar deportarlo.

    Ese mismo martes, la defensa pidió a la Corte en Tennessee que autorice su retorno a Maryland en libertad, bajo la protección de la orden de la jueza Xinis, quien prohibió su reexpulsión sin previo aviso de tres días hábiles.

    Los abogados aseguran que las acusaciones penales surgen como represalia por haber demandado su retorno desde El Salvador, tras su deportación errónea a una prisión con historial de terrorismo. Afirmaron que las autoridades “se aferraron rápidamente a afirmaciones infundadas” de que era miembro de la MS-13 para justificar su expulsión.

    Las declaraciones fueron replicadas públicamente por altos funcionarios, incluyendo al vicepresidente JD Vance, quien en abril lo calificó como “miembro convicto de la MS-13 sin derecho legal a estar en el país”.

    Según sus abogados, estas acusaciones formaban parte de una campaña para desacreditarlo, en la que fue tildado como “pandillero”, “depredador ilegal”, “traficante humano” y “terrorista”.

    En junio, fiscales federales en Tennessee reabrieron una investigación por un incidente ocurrido en 2022, cuando Ábrego fue detenido transportando a varios hombres hispanos, algunos en situación irregular. Aunque el FBI conocía el hecho, decidió no presentar cargos entonces.

    Los abogados argumentan que el gobierno reactivó el caso únicamente porque el inmigrante logró evidenciar su expulsión ilegal. “Los hechos no han cambiado desde hace tres años. Lo que cambió fue que el gobierno lo deportó ilegalmente y él decidió denunciarlo”, afirmaron.

    Trump celebró acusaciones como mensaje político

    Tras revelarse la acusación penal, el subfiscal general Todd Blanche reconoció públicamente que la investigación se activó después de que la jueza Xinis cuestionara la legalidad de la deportación. Poco después, el presidente Trump elogió la acusación y afirmó que era una forma de “mostrar cuán terrible es este sujeto”.

    “La ofensiva pública sin precedentes contra el señor Ábrego por ejercer sus derechos constitucionales, promovida por miembros del gabinete, líderes del Departamento de Justicia e incluso el presidente de Estados Unidos”, concluyó la defensa, “demuestra que esta es una rara ocasión donde la venganza gubernamental es evidente”.

  • EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)emitió una orden interna para que todos los inmigrantes incluidos en su programa de Alternativas a la Detención lleven una tobillera electrónica con GPS, según reveló este miércoles el diario The Washington Post.

    El documento, fechado el 9 de junio, exige que se coloque este dispositivo de rastreo a cada una de las 183,000 personas inscritas en el programa, siempre que sea posible. Solo se contemplan excepciones como mujeres embarazadas, a quienes se les colocará una muñequera electrónica.

    Actualmente, únicamente 24,000 inmigrantes (13 % del total) usan una tobillera, por lo que esta orden representa una expansión significativa del sistema de monitoreo migratorio. El objetivo del programa es vigilar a inmigrantes que no están detenidos, asegurando que asistan a sus audiencias migratorias y cumplan órdenes de deportación cuando corresponda.

    Desde su regreso a la presidencia en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de control migratorio, instruyendo a las autoridades a realizar hasta 3,000 deportaciones diarias. Esta nueva directriz sobre el uso de dispositivos electrónicos profundiza esa línea, buscando mantener supervisión constante sobre los inmigrantes en procedimientos administrativos.

    Controversias por el uso de dispositivos electrónicos

    Aunque el uso de tobilleras electrónicas en inmigrantes es visto por ICE como una alternativa más compasiva a la detención, organizaciones de derechos humanos han criticado su implementación por ser intrusiva, estigmatizante y por generar incomodidad física a los portadores.

    Además, varias asociaciones han señalado que estos dispositivos pueden representar una forma de vigilancia constante que viola la privacidad de las personas, aun cuando no están siendo juzgadas por delitos penales, sino por su estatus migratorio.

    El documento citado por The Washington Post advierte que el uso de los dispositivos debe aplicarse “siempre que sea posible”, dando pie a que el ICE amplíe su estrategia de seguimiento incluso en casos sin antecedentes penales.