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  • Gobierno de Eswatini niega acuerdo con EE.UU. para recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    Gobierno de Eswatini niega acuerdo con EE.UU. para recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego

    El gobierno de Eswatini negó este jueves haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para recibir a Kilmar Ábrego, el salvadoreño en proceso de deportación cuya situación se convirtió en un símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump.

    “El Gobierno de Eswatini no ha recibido ninguna comunicación sobre esta persona”, afirmó la portavoz gubernamental Thabile Mdluli, citada por la agencia de noticias Reuters, subrayando que cualquier decisión sobre aceptar deportados de EE.UU. requiere discusiones oficiales previas.

    Ábrego, actualmente detenido en un centro migratorio en Virginia, estaba inicialmente previsto para ser enviado a Uganda, pero solicitó frenar la deportación alegando temor a persecución. El Departamento de Seguridad Nacional notificó a sus abogados el pasado 5 de septiembre que su nuevo país de destino sería Eswatini.

    El caso provocó una demanda presentada por el Eswatini Litigation Centre, que acusa al gobierno de haber pactado de forma secreta con Washington la recepción de migrantes expulsados de terceros países, lo que consideran inconstitucional al no haber pasado por aprobación parlamentaria.

    La audiencia prevista para este viernes en el Tribunal Superior de Eswatini fue aplazada hasta el 25 de septiembre, luego de que el Ejecutivo no presentara sus respuestas a tiempo. El fiscal general, Sifiso Khumalo, calificó la acción legal como “una solicitud frívola sin base jurídica”.

    En julio, EE.UU. ya había deportado a Eswatini a cinco migrantes originarios de Vietnam, Jamaica, Laos, Cuba y Yemen, todos condenados por delitos graves. El gobierno local confirmó que permanecen en confinamiento solitario hasta su repatriación definitiva.

    Los demandantes critican la falta de transparencia y aseguran desconocer las condiciones en que se encuentran los deportados, ya que no se les ha permitido acceso. “Queremos que el Ejecutivo rinda cuentas, que haya transparencia en asuntos de Estado y respeto a los derechos humanos, sin importar quién sea la persona”, expresó el abogado Mzwandile Masuku.

    La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) confirmó que recibió una solicitud de Eswatini para brindar asistencia a los deportados tras su llegada, aunque aún analiza si participará.

     

  • Abogados de Kilmar Ábrego acusan a Trump de venganza política por deportación ilegal

    Abogados de Kilmar Ábrego acusan a Trump de venganza política por deportación ilegal

    La defensa de Kilmar Armando Ábrego García, inmigrante deportado de manera ilegal a El Salvador en marzo, acusó este martes al Departamento de Justicia de emprender una “persecución judicial por venganza”, luego de que el salvadoreño y sus abogados impugnaran su expulsión.

    La acusación fue presentada en un documento de 35 páginas ante la Corte Federal del Distrito de Nashville, en el que denuncian una supuesta campaña del gobierno para castigar a Ábrego García desde hace casi cinco meses.

    Los abogados recordaron que funcionarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deportaron a Ábrego violando una orden judicial, y en vez de enmendar el error y regresarlo, “la Casa Blanca inició una campaña pública para castigar al señor Ábrego por atreverse a defenderse, que culminó en una investigación criminal”.

    “Kilmar Ábrego García ha sido blanco del gobierno de Estados Unidos. No es por la gravedad de su conducta, ni porque represente una amenaza. Fue acusado por negarse a aceptar la violación de sus derechos constitucionales”, ”, escribieron los abogados..

    Segunda ofensiva legal contra la administración Trump

    Esta es la segunda vez que los abogados de Ábrego García señalan directamente al gobierno del presidente Trump por su manejo del caso. En junio, solicitaron a la jueza federal Paula Xinis, en Maryland, sancionar a la administración por desobedecer sus órdenes de forma “flagrante y sostenida”.

    Actualmente, el caso civil y penal del salvadoreño avanza hacia un punto clave: podría ser liberado el viernes, luego de que un juez federal suspendiera por un mes su liberación original. El gobierno deberá decidir si continúa el proceso penal o lo entrega nuevamente a autoridades migratorias para reintentar deportarlo.

    Ese mismo martes, la defensa pidió a la Corte en Tennessee que autorice su retorno a Maryland en libertad, bajo la protección de la orden de la jueza Xinis, quien prohibió su reexpulsión sin previo aviso de tres días hábiles.

    Los abogados aseguran que las acusaciones penales surgen como represalia por haber demandado su retorno desde El Salvador, tras su deportación errónea a una prisión con historial de terrorismo. Afirmaron que las autoridades “se aferraron rápidamente a afirmaciones infundadas” de que era miembro de la MS-13 para justificar su expulsión.

    Las declaraciones fueron replicadas públicamente por altos funcionarios, incluyendo al vicepresidente JD Vance, quien en abril lo calificó como “miembro convicto de la MS-13 sin derecho legal a estar en el país”.

    Según sus abogados, estas acusaciones formaban parte de una campaña para desacreditarlo, en la que fue tildado como “pandillero”, “depredador ilegal”, “traficante humano” y “terrorista”.

    En junio, fiscales federales en Tennessee reabrieron una investigación por un incidente ocurrido en 2022, cuando Ábrego fue detenido transportando a varios hombres hispanos, algunos en situación irregular. Aunque el FBI conocía el hecho, decidió no presentar cargos entonces.

    Los abogados argumentan que el gobierno reactivó el caso únicamente porque el inmigrante logró evidenciar su expulsión ilegal. “Los hechos no han cambiado desde hace tres años. Lo que cambió fue que el gobierno lo deportó ilegalmente y él decidió denunciarlo”, afirmaron.

    Trump celebró acusaciones como mensaje político

    Tras revelarse la acusación penal, el subfiscal general Todd Blanche reconoció públicamente que la investigación se activó después de que la jueza Xinis cuestionara la legalidad de la deportación. Poco después, el presidente Trump elogió la acusación y afirmó que era una forma de “mostrar cuán terrible es este sujeto”.

    “La ofensiva pública sin precedentes contra el señor Ábrego por ejercer sus derechos constitucionales, promovida por miembros del gabinete, líderes del Departamento de Justicia e incluso el presidente de Estados Unidos”, concluyó la defensa, “demuestra que esta es una rara ocasión donde la venganza gubernamental es evidente”.

  • EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    EE.UU. ordena colocar tobillera electrónica a más de 180,000 inmigrantes bajo vigilancia

    El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)emitió una orden interna para que todos los inmigrantes incluidos en su programa de Alternativas a la Detención lleven una tobillera electrónica con GPS, según reveló este miércoles el diario The Washington Post.

    El documento, fechado el 9 de junio, exige que se coloque este dispositivo de rastreo a cada una de las 183,000 personas inscritas en el programa, siempre que sea posible. Solo se contemplan excepciones como mujeres embarazadas, a quienes se les colocará una muñequera electrónica.

    Actualmente, únicamente 24,000 inmigrantes (13 % del total) usan una tobillera, por lo que esta orden representa una expansión significativa del sistema de monitoreo migratorio. El objetivo del programa es vigilar a inmigrantes que no están detenidos, asegurando que asistan a sus audiencias migratorias y cumplan órdenes de deportación cuando corresponda.

    Desde su regreso a la presidencia en enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de control migratorio, instruyendo a las autoridades a realizar hasta 3,000 deportaciones diarias. Esta nueva directriz sobre el uso de dispositivos electrónicos profundiza esa línea, buscando mantener supervisión constante sobre los inmigrantes en procedimientos administrativos.

    Controversias por el uso de dispositivos electrónicos

    Aunque el uso de tobilleras electrónicas en inmigrantes es visto por ICE como una alternativa más compasiva a la detención, organizaciones de derechos humanos han criticado su implementación por ser intrusiva, estigmatizante y por generar incomodidad física a los portadores.

    Además, varias asociaciones han señalado que estos dispositivos pueden representar una forma de vigilancia constante que viola la privacidad de las personas, aun cuando no están siendo juzgadas por delitos penales, sino por su estatus migratorio.

    El documento citado por The Washington Post advierte que el uso de los dispositivos debe aplicarse “siempre que sea posible”, dando pie a que el ICE amplíe su estrategia de seguimiento incluso en casos sin antecedentes penales.

     

  • Congresistas EEUU proponen ley para frenar inmigración ilegal y que protegería a indocumentados que ingresaron antes de 2021

    Congresistas EEUU proponen ley para frenar inmigración ilegal y que protegería a indocumentados que ingresaron antes de 2021

    Una coalición bipartidista de 20 congresistas de Estados Unidos presentó este martes una nueva versión del Dignity Act, un proyecto de ley que busca detener la inmigración indocumentada, reforzar la seguridad fronteriza y otorgar protección temporal a ciertos trabajadores sin estatus legal que llegaron al país antes del 2021.

    La propuesta, liderada por la congresista republicana María Elvira Salazar, de Florida, y la demócrata Verónica Escobar, de Texas, fue presentada en Washington frente al Capitolio. Ambas legisladoras coincidieron en que el sistema migratorio actual “lleva décadas siendo inservible” y necesita una reforma integral.

    El plan legislativo pide al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que se discuta el texto a la brevedad. La iniciativa beneficiaría a millones de inmigrantes indocumentados que ingresaron a EE.UU. antes del 1 de enero de 2021, ofreciéndoles un permiso de trabajo por hasta siete años y un estatus renovable condicionado a buena conducta y el cumplimiento de requisitos como pagos de restitución, revisión de antecedentes y reportes periódicos al Departamento de Seguridad Nacional.

    No obstante, quienes obtengan este estatus legal temporal no podrán acceder a beneficios federales ni tendrán una vía directa a la ciudadanía, y aún no está claro si podrán viajar fuera del país. Entre los principales beneficiados estarían los jóvenes amparados por el programa DACA, quienes sí podrían solicitar la residencia permanente.

    El proyecto también incluye medidas para reforzar la seguridad fronteriza, actualiza las categorías de visas para adaptarse a la demanda laboral actual, y reforma el sistema de asilo, impidiendo la liberación dentro del país de solicitantes mientras se define su situación legal.

    Además, haría obligatorio el uso del sistema E-Verify para evitar que empleadores contraten inmigrantes sin documentos, una herramienta clave para controlar la contratación ilegal en Estados Unidos.

    “Es un proyecto revolucionario que asegura la frontera, detiene la inmigración ilegal y da una oportunidad merecida a quienes llevan años trabajando aquí”, declaró Salazar. Por su parte, Escobar calificó la propuesta como “un compromiso sensato y realista”, e instó a demócratas y republicanos a apoyarla: “Es nuestra obligación alcanzar una solución”.

    Desde 2021, ambas congresistas han intentado sin éxito que el Congreso apruebe esta iniciativa, pero esta vez destacaron que el financiamiento del plan proviene exclusivamente de pagos de los solicitantes, sin implicar gasto de fondos públicos.

    El anuncio ocurre en medio de un aumento de redadas migratorias en EE.UU. ordenadas por el presidente Donald Trump, tras la aprobación de una ley presupuestaria que otorga más recursos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ahora convertido en la agencia de seguridad más grande del país.