El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, deberá comparecer este viernes ante una comisión legislativa que analiza una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para retirarle la inmunidad, debido a señalamientos de intervención ilegal en el proceso político rumbo a las elecciones generales del 1 de febrero de 2026.
Este es el segundo proceso de desafuero que enfrenta el mandatario. El primero fue desestimado en septiembre al no obtener los votos necesarios, y se refería a una denuncia presentada por la Fiscalía sobre un supuesto manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según el expediente del TSE, se han agrupado 15 denuncias por beligerancia política contra Chaves, lo que implica que habría utilizado actos oficiales para atacar a líderes de oposición y favorecer su influencia en la campaña electoral. La ley costarricense prohíbe que funcionarios como el presidente y su gabinete participen en actividades político-electorales, dada la imposibilidad de reelección consecutiva.
“Si prospera el desafuero, Costa Rica estaría viviendo un golpe de Estado”, advirtió Chaves, quien también acusó al TSE de extralimitarse en sus funciones. Afirmó que el organismo está asumiendo “potestades que no le competen por la Constitución”.
La comisión legislativa, compuesta por tres diputados, elaborará un informe tras la audiencia, en el cual recomendará si debe levantarse el fuero al presidente. El documento será elevado a votación en la Asamblea Legislativa, integrada por 57 congresistas. Se requieren 38 votos para proceder con el desafuero.
El TSE sostiene que tiene facultades para sancionar actos que violen las restricciones de neutralidad electoral. Las penas podrían ir desde la inhabilitación para ejercer cargos públicos por dos a cuatro años, hasta la destitución inmediata del cargo.
De forma paralela, el presidente Chaves ha convocado a sus seguidores a presentarse este viernes en las afueras de la Asamblea Legislativa para “alzar la voz” y “defender la democracia”, mientras continúan los roces institucionales. Durante su mandato, el presidente ha mantenido una relación conflictiva con otros entes como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el mismo Congreso.
Costa Rica celebrará elecciones generales el 1 de febrero de 2026, en las que se elegirá al próximo presidente y a los 57 diputados que conformarán el Congreso para el periodo 2026-2030.