Redacción DEM

Etiqueta: inseguridad

  • Congreso peruano alista destitución de la presidenta Dina Boluarte a seis meses de elecciones

    Congreso peruano alista destitución de la presidenta Dina Boluarte a seis meses de elecciones

    Las fuerzas políticas que han respaldado a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anticiparon este jueves su intención de destituirla del cargo, a tan solo seis meses de las elecciones generales de 2026.

    Durante la mañana del 9 de octubre, se presentaron tres mociones de vacancia presidencial en el Congreso peruano, solicitando declarar la «incapacidad moral permanente» de Boluarte ante su falta de respuesta efectiva frente a la inseguridad ciudadana y el crimen organizado.

    La presión política aumentó tras un ataque armado durante un concierto de cumbia en un local militar, hecho que puso en evidencia el deterioro de la seguridad pública.

    Entre los partidos que impulsan la destitución figuran Renovación Popular, del alcalde limeño Rafael López Aliaga, y Podemos Perú, liderado por el empresario José Luna, ambos con aspiraciones presidenciales. A ellos se sumaron los partidos Fuerza Popular y APP, aliados tradicionales de Boluarte en el Congreso.

    Investigaciones y escándalos

    Boluarte, considerada la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, enfrenta múltiples investigaciones judiciales:

    «Rolexgate»: por presunto enriquecimiento ilícito al recibir relojes de lujo como favores políticos.
    Encubrimiento: por supuestamente facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.
    Irregularidades médicas: por no notificar su ausencia al someterse en secreto a cirugías estéticas, mientras se firmaban decretos con supuestas firmas falsas.
    Represión violenta: por la muerte de más de 50 manifestantes entre 2022 y 2023.

    A pesar de haber sobrevivido a seis mociones anteriores de vacancia, los partidos que antes la blindaban ahora amenazan con retirarle su apoyo. “La vacancia es inminente”, declaró el congresista opositor Jaime Quito, de Perú Libre.

    Para destituir a la presidenta se necesitan: 33 firmas para iniciar el proceso, 52 votos para admitir la moción y 87 votos (dos tercios del Congreso) para aprobar la destitución.

    De concretarse la vacancia, asumiría la presidencia interina José Jerí, actual presidente del Congreso y miembro del partido Somos Perú, hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026.

    Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022, tras la destitución y fallido intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta. Su eventual salida la convertiría en la cuarta presidenta destituida por «incapacidad moral» desde 2018, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y el mismo Castillo.

     

  • La nueva fuerza internacional en Haití tiene el reto de no fracasar como las misiones anteriores

    La nueva fuerza internacional en Haití tiene el reto de no fracasar como las misiones anteriores

    La decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de crear una nueva fuerza internacional para combatir a las pandillas que aterrorizan Haití, está supuesta a prosperar y dejar atrás una estela de misiones similares que no han podido garantizar la seguridad en el país más pobre del continente.

    El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes una resolución impulsada por Estados Unidos y Panamá para el despliegue en el país caribeño de la Fuerza de Eliminación de Pandillas (GSF) que sustituirá a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), desplegada el año pasado bajo el liderazgo de Kenia sin lograr resultados destacados.

    La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), dirigida por Kenia, abandonará el país en los próximos días sin haber logrado los resultados esperados.

    Muy diferente a lo esperado, las bandas armadas haitianas se han hecho con nuevos territorios en ciudades, amén de que controlan el 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe.

    Asimismo, la fuerza no ha logrado ayudar a la Policía Nacional a recuperar los territorios controlados por las bandas desde hace muchos meses, a pesar de las operaciones llevadas a cabo, ninguna de las cuales ha resultado con la detención o la muerte de un jefe de banda.

    Se trata de un duro revés para la MSS, que deja lecciones que la nueva fuerza deberá aprender para poder hacerlo mejor en un país en el que las expectativas de un retorno a la calma apenas encuentran respuesta más allá de los discursos, las notas y las ruedas de prensa, donde las promesas no dejan de multiplicarse.

    ¿Será esta la oportunidad?

    La Fuerza de Eliminación de Pandillas está supuesta a contar con 5.500 miembros militares o policiales. La MSS debió estar conformada por unos 2.500 efectivos, pero solo alcanzó los 1.000, debido a que varios países no enviaron los miembros que habían anunciado y no tuvo el respaldo económico previsto.

    La misión que finaliza carecía de apoyo logístico, por lo tanto, esta nueva fuerza anunciada corre el riesgo de enfrentarse a las mismas dificultades, si no hay una voluntad real por parte de la comunidad internacional.

    Aunque, según lo anunciado, esta nueva fuerza tendrá autoridad para llevar a cabo operaciones activas contra las pandillas y realizar detenciones y arrestos selectivos. Una tarea a la que la misión saliente no se dedicaba realmente.

    Con esta nueva fuerza, las bandas deben esperar ataques e incluso represalias violentas. Debe infundir miedo a las bandas que aterrorizan a la población civil. Debe actuar de forma concreta y debe ser capaz de vencer.

    A su llegada, con fecha aún por definir, esta fuerza debe enviar una señal contundente como sería la detención de los líderes de las bandas o su muerte en operaciones militares.

    Desde al menos 2018, este país caribeño no ha conocido la paz. Una inseguridad reforzada por una inestabilidad política sin precedentes.

    El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que apuesta por un «rápido despliegue» de la nueva misión internacional para combatir las bandas armadas en Haití e hizo un llamado para que otros países se sumen a este esfuerzo.

    De su lado, el presidente de turno de la Comunidad del Caribe (Caricom), Andrew Holness, llamó este miércoles un «paso significante» la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para establecer una fuerza de eliminación de las bandas armadas que siembran el terror en Haití.

    El martes, el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Laurent Saint-Cyr, expresó su «gratitud a los miembros del Consejo» que han dado apoyo a esta iniciativa y, en especial, a los Estados Unidos y Panamá.

  • Siete muertos y 13 heridos en ataque armado durante velorio en Ciudad de Guatemala

    Siete muertos y 13 heridos en ataque armado durante velorio en Ciudad de Guatemala

    Al menos siete personas murieron y 13 más resultaron heridas tras un ataque armado perpetrado durante un velorio en Ciudad de Guatemala, según confirmaron las autoridades locales.

    El hecho violento ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando varios hombres armados irrumpieron en un tanatorio de la Avenida Centroamérica, disparando indiscriminadamente contra los asistentes al servicio fúnebre. El ataque generó caos y pánico entre los presentes.

    Según medios locales, al menos 13 personas fueron trasladadas de emergencia a centros asistenciales, algunas en estado grave. Tres de ellas fueron llevadas urgentemente al Hospital General San Juan de Dios por cuerpos de socorro.

    Hasta el momento, la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP) continúan recabando evidencias en el lugar de los hechos, sin que hasta ahora se haya determinado el móvil del ataque ni la identidad de las víctimas.

    Las autoridades guatemaltecas aún no han confirmado si el ataque está relacionado con ajustes de cuentas, pandillas u otro tipo de crimen organizado, aunque en los últimos meses la violencia armada en la capital guatemalteca ha ido en aumento.

     

  • Industrias señalan a la inseguridad ciudadana como una amenaza creciente en Costa Rica

    Industrias señalan a la inseguridad ciudadana como una amenaza creciente en Costa Rica

    La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) señaló el miércoles que la inseguridad ciudadana es una amenaza creciente para la operación de las empresas en el país, que han tenido que invertir más en el resguardo de sus instalaciones y en ciberseguridad.

    La Encuesta de Perspectivas Empresariales, elaborada por la CICR, reveló que el 70 % de las empresas califican a Costa Rica como “insegura” o “muy insegura”, y solo un 7,2 % considera que se trata de un país «seguro».

    Los robos en instalaciones y los ciberataques fueron los incidentes sufridos más mencionados por los encuestados.

    Además, un 51,4 % señaló que la inseguridad ciudadana afecta negativamente su competitividad, lo que representa un aumento de 7,8 puntos porcentuales con respecto a la medición de 2024 y la ubica como el sexto obstáculo más mencionado.

    “Los resultados reflejan consecuencias que impactan directamente a las empresas y a sus colaboradores, y muestran con claridad que la inseguridad ya no es solo un tema de preocupación social, sino que empieza a afectar directamente la operación, la logística, el acceso al talento y los costos de las empresas. Esto tiene un efecto negativo sobre la competitividad”, afirmó el presidente de la CICR, Sergio Capón.
    El informe muestra que el 64,5 % de las empresas afectadas reportan un aumento en inversiones y en los gastos de seguridad en sus instalaciones; un 61,3 % aumentó sus inversiones en ciberseguridad; y un 9,7 % ha postergado o cancelado planes de inversión por motivos vinculados a la inseguridad.Además, 1 de cada 10 empresas están reportando que ha pospuesto o reducido los planes de expansión en el país debido a la inseguridad.

    Mientras que un 48,6 % de las empresas encuestadas indicaron conocer sobre colaboradores que han sido afectados, principalmente por asaltos en el trayecto de ida y vuelta al trabajo.

    “Los resultados de la encuesta evidencian que la inseguridad no solo afecta a las empresas, sino también a las personas trabajadoras, poniendo en riesgo su bienestar, el de sus familias y la estabilidad del entorno laboral. Esta problemática está generando costos adicionales, impactando el talento humano y comenzando a frenar nuevas inversiones», lamentó Capón.

    El empresario afirmó que el sector privado, el gobierno y otras instituciones deben «articular esfuerzos para abordar la inseguridad de manera integral, conjunta, y como una prioridad nacional”.

    En los últimos años Costa Rica ha experimentado un incremento en los homicidios, lo que las autoridades judiciales han atribuido en más de un 60 % a rencillas entre grupos narcotraficantes.

    En 2024 el país registró 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y alcanzó una tasa de 16,6 por cada 100.000 habitantes. En 2023, Costa Rica sufrió la mayor cantidad de homicidios de su historia con 905, lo que representó un aumento del 38 % en comparación con 2022.

    La encuesta, que tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 3,1 % fue aplicada a 111 empresas del sector industrial formal del 20 de marzo al 20 de junio de 2025.