La deforestación en la Amazonía brasileña se redujo un 41.8 % entre agosto de 2025 y julio de 2026, alcanzando su nivel más bajo en casi cuatro décadas, según informó este viernes el Gobierno de Brasil.
Los datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) revelan que durante ese período fueron destruidos 3,335 kilómetros cuadrados de vegetación en la mayor selva tropical del planeta, una superficie inferior a la registrada en años anteriores.
Las cifras corresponden al sistema de monitoreo satelital Prodes, que permite medir la pérdida de cobertura forestal con mayor precisión y detalle que los informes mensuales publicados por las autoridades ambientales brasileñas.
La reducción representa el cuarto año consecutivo de disminución de la deforestación en la Amazonía, después de que en 2022 se reportara la destrucción de 11,504 kilómetros cuadrados de bosque, durante el último año del Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2023.
El resultado también establece un nuevo mínimo histórico desde que comenzaron las mediciones en 1988, superando el anterior registro de menor deforestación, correspondiente a 2012, cuando fueron destruidos 4,571 kilómetros cuadrados de vegetación amazónica.
Brasil busca eliminar la deforestación para 2030
El Gobierno brasileño atribuyó la disminución de la pérdida forestal a las medidas de prevención y control implementadas en los últimos años, que incluyen vigilancia satelital, inspecciones ambientales, protección de territorios e incentivos para desarrollar actividades económicas sostenibles.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, estableció como objetivo alcanzar la deforestación cero en la Amazonía para 2030, una meta que su administración busca cumplir mediante el fortalecimiento de las acciones de protección ambiental y el combate a la destrucción ilegal de bosques.
Según las cifras oficiales, desde 2023 las autoridades ambientales realizaron 76,095 operativos de fiscalización en todo Brasil e impusieron 25,101 multas por infracciones relacionadas con la deforestación, cuyo valor acumulado asciende a 11,800 millones de reales, equivalentes a $2,322 millones, como parte de las medidas para frenar la pérdida de vegetación.