La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzó en enero los $11,333.45 millones, tras sumar $92.32 millones adicionales en el primer mes de 2026, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este viernes 27 de febrero.
Las cifras, retomadas por el BCR del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que el saldo pasó de $11,241.13 millones en diciembre de 2025 a $11,333.45 millones en enero recién pasado.
En términos interanuales, la deuda acumulada creció $761.05 millones respecto a enero de 2025, cuando totalizaba $10,572.4 millones, lo que equivale a un incremento aproximado de 7.2 %.
Estos recursos provienen de los descuentos aplicados a los salarios de los trabajadores y son captados por el Gobierno mediante la emisión de títulos valores que el ISP coloca y que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a adquirir.
Actualmente, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) suman $2,939.26 millones. A esto se añaden $8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), instrumentos que no pagan capital ni intereses desde la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, a finales de 2022.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), esta modificación llevó a que 89 % de los activos administrados por las AFP —que en 2024 alcanzaron $14,900 millones— se mantengan invertidos en títulos de deuda pública, directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras.
El FMI también advirtió que las pensiones del sistema privado comenzaron a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo común destinado a cubrir a los afiliados cuando agotan el saldo de sus cuentas individuales.
Los salvadoreños están a la espera de que el Gobierno del presidente Nayib Bukele presente una nueva reforma al sistema de pensiones, compromiso adquirido con el FMI y cuyo plazo de entrega venció el pasado 10 de febrero.
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