La Fiscalía General de la República (FGR) recibió a José Iván Blanco Ventura, quien fue extraditado desde Panamá para cumplir una condena de 65 años de prisión por los delitos de feminicidio y homicidio agravado.
Según las investigaciones fiscales, el imputado huyó de El Salvador tras cometer el crimen el 27 de septiembre de 2022 en el departamento de San Miguel.
De acuerdo con las autoridades, Blanco Ventura interceptó el vehículo en el que se transportaba su expareja junto a un acompañante y, sin mediar palabra, les disparó con un arma de fuego, causándoles la muerte.
Las pruebas presentadas por la FGR durante el proceso judicial determinaron que el acusado fue el autor material del doble homicidio.
Tras cometer el crimen, el sujeto abandonó el país para evadir la justicia, permaneciendo prófugo durante varios meses.
Sin embargo, en agosto de 2025 fue capturado en Panamá gracias a un trabajo coordinado entre autoridades de ese país, la Policía Internacional (Interpol) y las instituciones salvadoreñas.
Blanco Ventura había sido condenado en ausencia en marzo de 2024 por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
El tribunal le impuso 35 años de cárcel por feminicidio y 30 años adicionales por homicidio agravado, sumando un total de 65 años de prisión.
El imputado será puesto a disposición del tribunal correspondiente para ejecutar la condena, una vez sea entregado formalmente a las autoridades policiales en El Salvador.
El fraude online se ha convertido en el delito de más rápido crecimiento en muchos países, sobre todo en los de ingresos medios y altos, advirtió la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUDD, en la víspera de una cumbre internacional en Viena sobre este fenómeno.
John Brandolino, director interino de la ONUDD, explicó a EFE que las estafas en línea ya concentran la mayor parte de los fraudes, en un contexto en el que el crimen organizado obtiene miles de millones de dólares con estas operaciones.
La capital austríaca acogerá este lunes y martes la Cumbre Global contra el Fraude, organizada por la ONUDD e Interpol, con la participación de gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil para buscar respuestas ante esta amenaza.
Brandolino indicó que no existe una cifra confiable sobre las pérdidas mundiales provocadas por este delito, aunque aseguró que el impacto económico asciende a “miles y miles de millones” de dólares cada año.
El funcionario agregó que la magnitud real del problema podría ser todavía mayor, porque muchas víctimas no denuncian por vergüenza o incomodidad, lo que deja fuera de los registros oficiales una parte importante de los casos.
Según la ONUDD, internet ha facilitado al crimen organizado captar víctimas de forma rápida, barata y sin fronteras, mientras que los fraudes tradicionales exigen mayor cercanía física, infraestructura local y resultan más fáciles de rastrear.
La inteligencia artificial, añadió Brandolino, se ha vuelto un factor “muy disruptivo” porque permite a los delincuentes ampliar su alcance, operar en más idiomas, procesar datos con velocidad y perfeccionar los mensajes dirigidos a cada potencial víctima.
El directivo sostuvo que uno de los principales retos es que muchos Estados, especialmente los que están en vías de desarrollo, no cuentan con la tecnología ni con los medios suficientes para enfrentar un delito cada vez más especializado, transnacional y vinculado en algunos casos con otros crímenes como la trata de personas y el blanqueo.
España otorgó asilo político a los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, portavoces de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), quienes, según Naciones Unidas, “huyeron” del “acoso legal” en El Salvador y solicitaron protección internacional en territorio español.
“Este día se ha hecho público la concesión de asilo político a mi favor. Esto reafirma la persecución política a las personas defensoras de derechos humanos”, expresó Cruz en un video difundido en X. La abogada confirmó que su colega también recibió la misma protección.
Cruz sostuvo que el asilo “reafirma que el silencio no debe ser una opción. Debemos seguir denunciando la situación de violaciones de derechos humanos en El Salvador y que debemos seguir en la lucha por la esperanza del pueblo salvadoreño”.
Además, afirmó que “este asilo representa una derrota” para el presidente Nayib Bukele, y agregó: “Alto a la persecución política en El Salvador, libertad a los presos políticos en El Salvador”.
Expertos y relatores de Naciones Unidas señalaron que la organización Unidehc ha sido hostigada por autoridades salvadoreñas desde febrero, debido a su respaldo a una comunidad rural que enfrenta intentos de desalojo forzoso desde 2024.
En noviembre de 2025, criticaron la emisión de “notificaciones rojas” por parte de Interpol contra defensores de derechos humanos, sin detallar las razones. Según Unidehc, la alerta para localizar y detener a Cruz y Joya quedó sin efecto.
De acuerdo con la ONU, en mayo de 2025 el tribunal que conoce el caso de la comunidad apoyada por Unidehc inició gestiones para activar una notificación roja, la cual se confirmó dos meses después. En septiembre de 2025, Joya fue citado por la policía bajo el argumento de su solicitud de asilo y posteriormente detenido, quedando a disposición de la Audiencia Nacional española.
Cruz también compareció ante ese tribunal, que ordenó medidas cautelares como la obligación de firmar cada 15 días, no abandonar el país, entregar su pasaporte y notificar cualquier cambio de domicilio.
El empresario guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años de edad, acusado en El Salvador por los delitos de estafa agravada y extorsión falleció a causa de complicaciones de salud mientras estaba en detención provisional, según informó la Dirección de Centros Penales al Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
De acuerdo con el documento, al cual tuvo acceso Diario El Mundo, Gaitán Paredes murió el 19 de enero de 2026, en horas de la tarde en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en el departamento de Santa Ana, donde recibía atención médica en el área de Segunda Medicina.
El reporte preliminar de la causa de muerte fue a causa de un sangrado del tubo digestivo, asociado a un cuadro de hipotensión y desequilibrio electrolítico, según el personal médico de turno. Asimismo, el documento detalla que el imputado había sido trasladado de emergencia al centro hospitalario un dia antes de su deceso, debido a complicaciones de salud.
Ante ello, se informó que la causa definitiva de muerte será determinada mediante autopsia, conforme a los procedimientos legales establecidos. El empresario guatemalteco guardaba, desde septiembre de 2025, la detención en el Centro Penitenciario La Occidental.
Las autoridades de la Dirección de Centros Penales indicaron que la información fue remitida para los efectos legales y administrativos correspondientes.
Gaitán Paredes enfrentaba un proceso judicial junto a su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro y tres imputados más de conformar una organización para defraudar a empresas como Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., con operaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú. Según la investigación, el objetivo era desvalorizar Continental Towers para adquirirla a un precio inferior al ofrecido por otros interesados.
El tribunal salvadoreño indicó que Gaitán Paredes y Gaitán Castro, en calidad de ejecutivos de la compañía, habrían colaborado con directivos de la firma estadounidense TPG Pepertree, quienes articularon un boicot empresarial que incluyó presiones y amenazas contra Jorge Hernández Ortiz, socio mayoritario de Terra Towers, así como contra una abogada salvadoreña.
En septiembre de 2025, Gaitán Paredes fue extraditado de Guatemala hacia El Salvador, en cumplimiento a una orden de captura por el delito de hurto agravado. La diligencia se realizó en la frontera Valle Nuevo (Las Chinamas), con el acompañamiento de INTERPOL.
El empresario había permanecido recluido en la cárcel Mariscal Zavala, de la capital guatemalteca, por el mismo delito y, tras resolver su situación legal en Guatemala, se ejecutó la orden de extradición emitida el 5 de marzo del año anterior por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, a petición de El Salvador.
Un total de 85 fugitivos que eran objeto de notificaciones rojas de Interpol fueron arrestados en una operación coordinada por la agencia policial internacional que se desarrolló entre junio y noviembre en 17 países de América y Europa, entre los cuales había cuatro presuntos miembros del Tren de Aragua.
Esos cuatro supuestos integrantes de esta organización criminal surgida en Venezuela fueron arrestados en España y en Colombia, y entre ellos estaba Lissette Ysabel Rojas Guevara, que era una de las personas más buscadas por Chile, destaca este lunes Interpol en un comunicado.
Rojas Guevara fue capturada en la localidad murciana de Molina de Segura (sureste de España) el 7 de noviembre dentro de una operación en la que, según la Policía española, fueron detenidos 52 miembros del Tren de Aragua.
Chile la buscaba por su presunta implicación en un fraude con criptomonedas estimado por las autoridades chilenas en más de 138 millones de dólares, que era utilizado para blanquear ganancias del narcotráfico y de la extorsión en Chile, Colombia, Venezuela y en la Península Ibérica.
La operación de Interpol, en el marco de la iniciativa EL PACCTO 2.0 para establecer una red internacional permanente de investigadores de fugitivos financiada por la Unión Europea (UE), dio lugar igualmente a nueve arrestos en Chile.
De esos nueve, había cuatro ciudadanos chilenos buscados por Chile y cinco reclamados por otros países.
En Portugal fue capturado el brasileño Daniel Dago, supuestamente vinculado al grupo criminal Primeiro Comando da Capital (conocido como PCC) y eso condujo al desmantelamiento de un corredor de tráfico de cocaína desde Sao Paulo a Europa.
En Ecuador, el fugutivo lituano LG al que su país buscaba por narcotráfico pudo ser capturado gracias a la cooperación entre la policía de ese país latinoamericano y la unidad de apoyo a la investigación de fugitivos de Interpol.
Los 17 países participantes (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Francia, Italia, Jamaica, Panamá, Perú, Portugal y España) habían organizado en junio y en noviembre reuniones en El Salvador y Ecuador para identificar a los fugitivos más peligrosos buscados por delitos violentos o con vínculos con el crimen organizado transnacional.
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, instó este lunes a los cuerpos de seguridad nacional y a la Interpol a ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado el pasado 28 de noviembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Zelaya informó que la petición busca hacer efectiva la detención del exmandatario por delitos de lavado de activos y fraude, vinculados al desvío de fondos públicos durante la campaña presidencial de 2013.
“He instruido a la ATIC y exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional”, publicó el fiscal en su cuenta oficial en la red social X.
El jefe del Ministerio Público aseguró que los señalamientos contra Hernández corresponden a una investigación que involucra también a exdiputados, empresarios y particulares.
“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, afirmó.
Zelaya hizo el anuncio en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre. A la vez, informó la captura de Dulce María Villanueva Sánchez, exdirectora del DINAF, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. “Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia”, reiteró el fiscal.
El expresidente hondureño fue detenido en febrero de 2022 en Tegucigalpa, pocas semanas después de concluir su mandato. En abril de ese año fue extraditado a Estados Unidos, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico ilegal de armas. Sin embargo, el 1 de diciembre fue liberado gracias a un indulto presidencial firmado por Trump dos días antes de las elecciones generales en Estados Unidos.
Tras recibir el perdón, Hernández agradeció públicamente al presidente Trump. Previo a otorgar el indulto, el mandatario estadounidense también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras, y pidió el voto para él en los comicios celebrados el 30 de noviembre.
Asfura lidera el conteo preliminar de votos con 1,274,997 sufragios (40.52 %), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,232,804 (39.18 %). En tercer lugar se ubica la candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, con 608,139 votos (19.32 %), con el 97.46 % de las actas escrutadas.
El conflicto internacional por el control de Continental Towers, empresa con presencia en El Salvador, Guatemala y otros países latinoamericanos, llegó a su fin tras más de cuatro años de arbitraje sin que ninguna de las partes resultara vencedora. La disputa, ventilada en Nueva York, deja abierta la posibilidad para que Terra Towers, socio mayoritario, interponga contrademandas por daños y perjuicios contra los accionistas minoritarios TPG Peppertree y AMLQ.
Aunque el fallo no otorgó razón definitiva a ninguna de las partes, su contenido ha provocado polémica en Centroamérica. El tribunal arbitral emitió valoraciones severas sobre los sistemas judiciales de El Salvador y Guatemala, lo que generó rechazo por parte de autoridades judiciales en ambos países y abrió un nuevo capítulo de debate sobre la soberanía jurídica regional.
En El Salvador, la disputa también derivó en un proceso penal activo. Un tribunal contra el Crimen Organizado emitió órdenes de captura contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, acusados de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. También figuran como imputados los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro, exejecutivos de la firma.
Los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán Paredes (derecha, ya extraditado a El Salvador) y Jorge Alberto Gaitán Castro (izquierda, en prisión en Guatemala), padre e hijo, acusados junto a tres estadounidenses de un sonado caso de fraude.
Por su parte, Guatemala mantiene procesos penales en curso, algunos con personas detenidas y otras en investigación. Las causas se centran en presuntos delitos financieros y estructuración fraudulenta en el manejo de la empresa de telecomunicaciones. Las investigaciones incluyen auditorías forenses, órdenes judiciales y alertas a INTERPOL.
Sin embargo, los árbitros del tribunal internacional descalificaron reiteradamente la labor de los sistemas de justicia centroamericanos. Uno de los integrantes del panel, el abogado Marc Goldstein, declaró durante una audiencia que “no tengo conocimiento de las leyes de Perú o Guatemala, pero son una broma”, lo que ha sido calificado como una muestra de prejuicio e ignorancia jurídica.
Los laudos arbitrales cuestionaron la legitimidad de las acusaciones fiscales y judiciales en ambos países, calificando como “falsos” los cargos penales, “manipulados” los fiscales y “fabricadas” las decisiones judiciales. Las expresiones generaron reacciones inmediatas de figuras del ámbito jurídico centroamericano, al considerar que se trató de una intromisión inaceptable en asuntos soberanos.
En contraste, el juez federal Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ha sostenido que la justicia estadounidense no tiene autoridad para invalidar procesos penales activos en países soberanos, postura que contrasta con el enfoque adoptado por el panel arbitral.
La reacción más contundente vino de Guatemala, donde un juez calificó el fallo como un acto de “colonialismo judicial”, denunciando que un grupo privado de árbitros estadounidenses intentó influir sobre decisiones de cortes nacionales legítimas. “Aceptar este precedente comprometería la independencia judicial en América Latina”, opinan analistas legales.
El tribunal incluso describió como “pretextuales” las denuncias penales que motivaron las investigaciones en El Salvador y Guatemala, aunque estas ya han generado diligencias oficiales, cooperación internacional y solicitudes de extradición. En territorio salvadoreño, el proceso judicial continúa en desarrollo, con expectativas sobre una posible difusión roja de INTERPOL para capturar a los ejecutivos estadounidenses.
La organización Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc) aseguró el sábado que la Interpol eliminó la alerta roja emitida contra los abogados salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes enfrentan un proceso judicial en el país y solicitaron asilo en España alegando persecución política.
Según Unidehc, la notificación fue anulada a finales de noviembre tras gestiones realizadas por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y el Colegio de la Abogacía Española.
“Esto es una victoria nacional e internacional frente a la mentira y la manipulación de un Gobierno, que con fines políticos persigue a críticos y defensores de derechos humanos”, señaló la organización en un comunicado.
Ambos abogados están vinculados al caso conocido como «La Floresta», en el cual son acusados por la comercialización irregular de lotificaciones en San Juan Opico, La Libertad. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado los citó para una audiencia especial de medidas cautelares realizada este martes, aunque fueron declarados ausentes.
Ivania Cruz y Rudy Joya enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas y comercialización ilegal de terrenos, mientras que a otros dos implicados se les atribuyen los delitos de usurpación y limitación de circulación, además de agrupaciones ilícitas.
La abogada Cruz denunció en mayo pasado que la Fiscalía está criminalizando a Unidehc por su labor de defensa comunitaria y se declaró «perseguida política».
También rechazó las acusaciones del Ministerio Público, que señala que la organización no está debidamente registrada, con el objetivo, según Cruz, de obstaculizar su trabajo en defensa de los derechos humanos.
La ONU también se pronunció sobre este caso. A principios de noviembre, expertos y relatores especiales criticaron el uso de alertas rojas por parte de Interpol, sin justificación pública, lo que consideraron como una forma de “represión transnacional” contra defensores de derechos humanos que buscan refugio fuera del país.
El activista Fidel Zavala también fue vinculado al caso. De acuerdo con la acusación, Zavala habría recibido instrucciones de Joya para realizar mediciones de terrenos con fines de venta ilegal. La Fiscalía le atribuye los delitos de agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de lotificaciones y ejercicio ilegal de la profesión.
Interpol emitió la alerta roja en julio de 2025, dos meses después de que el tribunal salvadoreño iniciara los trámites correspondientes.
El gobierno de Belice entregó a un presunto pandillero salvadoreño de la Mara Salvatrucha (MS), identificado como Julio César Murillo Mena, a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) Guatemala buscado por El Salvador por los delitos de homicidio, y tenencia, portación y conducción de armas de fuego, informó la Policía Nacional Civil guatemalteca.
Las autoridades beliceñas escoltaron a Murillo Mena hacia las oficinas del Instituto Guatemalteco de Migración, policías de la Interpol en Melchor de Mencos, en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, detalló la PNC del vecino país en su cuenta de la red social X.
Según la institución policial, Murillo Mena será entregado a las autoridades salvadoreñas. Es requerido en el país por los delitos de homicidio, con una pena de 15 años, y tenencia, portación o conducción de armas de fuego, con penas de cinco y cuatro años de prisión tentativamente.
Esta no ha sido la única captura de un presunto pandillero en territorio guatemalteco, ya que a principios de este noviembre la PNC de Guatemala arrestó a Juan “N”, de 18 años, alias “Yajabrita” presunto responsable de exigir 1,000 quetzales ($130 dólares ) a un comerciante.
En su momento las autoridades detallaron que intentó darse a la fuga, sin embargo, fue detenido, donde además de decomisarle el dinero en efectivo también se le incautó dos celulares.
Marero salvatrucha salvadoreño fue localizado en Belice es entregado a INTERPOL Guatemala
En El Salvador es requerido por Homicidio y Tenencia, Portación o conducción de armas de fuego pic.twitter.com/DBNfG76IGz
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos informó, este jueves, sobre la deportación de Wilmer Alexy García Manzanarez, de 46 años, un miembro de la pandilla MS-13 y quien además era buscado por la Interpol, por asesinato.
“García Manzanarez fue arrestado originalmente por la ICE (Servicio de Control de Inmigración de Aduanas) en febrero de 2024, pero la administración Biden permitió que este miembro de la pandilla MS-13, y asesino buscado, alegara temor de regresar a El Salvador a pesar de tener una orden final de expulsión, tres deportaciones previas y una orden de arresto pendiente por asesinato en El Salvador”, publicó el Departamento de Seguridad Nacional.
El portal de noticias Boston Headl detalla en una noticia, publicada el miércoles 19 de noviembre, que García Manzanares fue detenido en las operaciones Patriota y Patriota 2.0 llevadas a cabo en Massachusetts estos últimos meses, según anunció el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
“Bajo el mandato del presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, se acabaron los días en que los criminales del mundo se aprovechaban del sistema para permanecer en nuestro país”, publicó el Departamento de Seguridad Nacional.
El 16 de octubre pasado, ICE informó que junto con sus socios federales detuvieron a más de 1400 inmigrantes indocumentados durante una operación de varias semanas centrada en el crimen organizado transnacional, las pandillas y los delincuentes migratorios indocumentados más peligrosos en todo el estado de Massachusetts.
