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Colombia llegará a las elecciones presidenciales del domingo en medio de un intenso debate sobre el rumbo económico del país, marcado por el incremento de la deuda pública, el deterioro fiscal y la desaceleración de la inversión extranjera durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La campaña electoral ha estado centrada en cómo mantener los programas sociales promovidos por el oficialismo sin profundizar el déficit fiscal ni afectar la confianza de los inversionistas. Según las encuestas, la definición presidencial probablemente se trasladará a una segunda vuelta prevista para el 21 de junio.

Aunque Colombia evitó entrar en recesión desde el inicio del Gobierno de Petro en 2022, el crecimiento económico ha sido moderado. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 2.6 % en 2025, después de registrar apenas un 1.5 % en 2024, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Durante el primer trimestre de este año, la economía colombiana avanzó un 2.2 %, impulsada principalmente por sectores vinculados al gasto estatal, como administración pública, salud y educación. Sin embargo, actividades como la construcción y la minería continúan mostrando señales de debilidad.

El oficialismo sostiene que la recuperación económica responde a las políticas sociales implementadas por Petro, entre ellas los incrementos consecutivos al salario mínimo. Para 2026, el salario llegó a dos millones de pesos mensuales, equivalentes a 463 euros -> $539, incluyendo el subsidio de transporte, tras un incremento acumulado de 23.7 %.

Además, el Gobierno amplió subsidios dirigidos a adultos mayores y hogares vulnerables, medidas que el petrismo considera fundamentales para fortalecer el consumo interno y reducir la desigualdad social en el país.

Uno de los defensores de ese modelo es el exsenador Roy Barreras, aliado político del presidente colombiano. “Reconozca que el salario mínimo vital fue un éxito (…) hoy, tres millones de ancianos reciben un subsidio. El salario mínimo vital logró aumentarse y la gente tiene más recursos en la calle para poder comprar”, afirmó durante un debate presidencial.

El senador Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico y uno de los favoritos en las encuestas, también respalda la continuidad de la política económica de Petro, con énfasis en programas sociales, economía popular y transición energética.

Sin embargo, el crecimiento del gasto público y las dificultades fiscales han despertado preocupación entre economistas y organismos internacionales. Según el Ministerio de Hacienda colombiano, la deuda neta del Gobierno central alcanzó el 61.5 % del PIB en el primer trimestre de 2025, frente al 54.1 % registrado un año antes.

La inversión extranjera directa también mostró signos de debilitamiento, especialmente en sectores estratégicos como petróleo y minería, actividades históricamente claves para las exportaciones y las finanzas públicas de Colombia.

Esa situación alimentó las críticas de varios aspirantes presidenciales, quienes consideran prioritario recuperar la confianza de los inversionistas y fortalecer la disciplina fiscal. El candidato centrista Sergio Fajardo ha insistido en garantizar “responsabilidad fiscal” y generar estabilidad para estimular la inversión privada.

Por su parte, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella propone reducir la burocracia estatal y fortalecer la producción nacional para enfrentar el deterioro fiscal. “Reduciendo la burocracia y activando la producción nacional podemos cerrar el hueco fiscal sin meterle la mano al bolsillo de la gente”, sostiene en su propuesta de campaña.

Mientras tanto, la senadora Paloma Valencia, del partido derechista Centro Democrático, plantea reactivar sectores extractivos y ofrecer mayor seguridad jurídica para atraer capital extranjero. “Vamos a hacer ‘fracking’ porque no vale la pena empobrecer un país que necesita recursos cuando la tecnología ya ha demostrado sus resultados ambientales en el mundo”, declaró en una entrevista previa con EFE.

El debate también gira alrededor de la transición energética impulsada por Petro, quien decidió no firmar nuevos contratos de exploración petrolera, una medida que profundizó las diferencias entre oficialismo y oposición sobre cómo financiar el desarrollo económico del país.

Con ese panorama, los colombianos acudirán a las urnas en unas elecciones donde no solo se definirá el sucesor de Gustavo Petro, sino también la continuidad o el cambio del modelo económico y social implementado por su administración.