Etiqueta: IRS

  • El cierre del Gobierno Federal en EEUU amenaza con retrasar trámites o el transporte aéreo

    El cierre del Gobierno Federal en EEUU amenaza con retrasar trámites o el transporte aéreo

    El Gobierno Federal de Estados Unidos se encamina a un cierre parcial tras el fracaso de las negociaciones entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un presupuesto. Si no se alcanza un acuerdo antes de la medianoche, millones de servicios considerados no esenciales quedarán suspendidos, con efectos que podrían escalar hasta provocar un caos en aeropuertos y retrasos en trámites administrativos.

    Durante el cierre, los 21 museos del Instituto Smithsonian en Washington y Nueva York cerrarían sus puertas, salvo que cuenten con fondos sobrantes para operar de forma provisional. También se verían afectados los 63 parques nacionales, que permanecerían accesibles, pero sin guardabosques ni centros de visitantes. Algunos estados como Arizona, Utah o Colorado anunciaron que usarán recursos propios para mantener abiertos sus destinos turísticos más importantes.

    Agencias como el Departamento de Educación o la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) suspenderían la mayor parte de sus funciones. En el caso del Servicio de Impuestos Internos (IRS), las gestiones en línea seguirían disponibles, pero no se procesarán documentos en papel ni habrá atención telefónica.

    Riesgo de caos en aeropuertos

    Aunque los controladores aéreos y el personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) son considerados esenciales y seguirán trabajando, no recibirán su salario mientras dure el cierre. Como ocurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019, durante la presidencia de Trump, una suspensión prolongada podría derivar en ausencias masivas por “enfermedad”, lo que desencadenaría retrasos y cancelaciones de vuelos en todo el país.

    Las embajadas y consulados de EE.UU. continuarían operando, aunque los tiempos de espera para pasaportes y visados podrían aumentar debido a la reducción de personal disponible. Programas sociales como el WIC, que provee alimentos y atención médica a mujeres embarazadas, lactantes y niños menores de cinco años en situación vulnerable, también estarían en riesgo de interrupción si el cierre se prolonga.

    Qué servicios seguirán funcionando

    Las fuerzas de seguridad, incluidos FBI, CIA y el Ejército, mantendrán sus operaciones, aunque tampoco recibirán pago hasta que el Congreso apruebe un presupuesto. El Servicio Postal, la Seguridad Social y programas de salud como Medicare no se verán interrumpidos.

    La magnitud del impacto dependerá de la duración del cierre, que está directamente ligada a la capacidad de republicanos y demócratas de alcanzar un acuerdo presupuestario.

  • Tres salvadoreños condenados en EEUU por fraude fiscal de $146 millones en la industria de la construcción

    Tres salvadoreños condenados en EEUU por fraude fiscal de $146 millones en la industria de la construcción

    Tres salvadoreños residentes en Orlando, Florida, fueron condenados por conspirar para cometer fraude fiscal y fraude electrónico en un esquema de más de $146 millones en la industria de la construcción, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. La sentencia fue dictada por el juez federal Timothy J. Corrigan este martes 29 de julio.

    Eduardo Aníbal Escobar (45 años) fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión, Carlos Alberto Rodríguez (36 años)a 3 años y 4 meses, y Adelmy Tejada (57 años) a 18 meses en prisión, seguidos de 6 meses en arresto domiciliario. Todos se declararon culpables el 3 de abril de 2025.

    Además de las penas de cárcel, la corte ordenó el pago de $36,957,616 en restitución al IRS por impuestos sobre nómina no pagados, y $397,895 a dos aseguradoras por reclamaciones de compensación laboral derivadas del esquema.

    Escobar y Rodríguez son residentes legales permanentes originarios de El Salvador, mientras que Tejada es ciudadana estadounidense naturalizada, también salvadoreña de origen.

    Según los documentos judiciales, entre enero de 2015 y agosto de 2024, los acusados dirigieron una operación ilegal que permitía pagar a trabajadores de construcción fuera de nómina, con el fin de evadir impuestos federales y evitar el pago de primas de seguro de compensación laboral. Además, facilitaron la contratación de migrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

    Mediante sus empresas, T. Escobar Construction y C. Escobar Construction, los imputados firmaron acuerdos con cientos de subcontratistas de construcción. A cambio de una comisión del 6 al 8 % de la nómina, emitían certificados de seguro a nombre de sus empresas para que los subcontratistas pudieran obtener contratos aparentando cumplir con los requisitos legales.

    Sin embargo, las pólizas de seguro contratadas por los acusados solo cubrían a un puñado de empleados y una nómina mínima. Esta falsedad llevó a que las aseguradoras cubrieran sin saberlo a cientos de trabajadores no registrados.

    Las investigaciones revelaron que más de $146 millones en cheques de nómina fueron depositados en cuentas bancarias de las empresas, desde donde retiraban el dinero en efectivo para pagar a los trabajadores, sin reportar ni retener impuestos al IRS. Esto resultó en una pérdida de más de $36 millones para el Tesoro de EE.UU.

    “El caso demuestra cómo las agencias estatales y federales pueden trabajar juntas para desmantelar esquemas financieros ilegales que afectan a trabajadores y al fisco,” dijo Ron Loecker, agente especial a cargo de la oficina de Investigación Criminal del IRS en Tampa.

    Por su parte, Tim Hemker, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), advirtió que “estas prácticas ilegales distorsionan la competencia en la industria de la construcción y terminan afectando al consumidor.”

    La investigación continúa y forma parte de una operación federal para detectar empresas fantasma y empleados “fantasma” en el sector construcción. El caso fue llevado por el fiscal Arnold B. Corsmeier y la fiscal Jennifer M. Harrington está a cargo de la confiscación de activos.