El fiscal general del Estado de España, Álvaro García Ortiz, presentó este lunes su renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras ser condenado la semana pasada por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación para el cargo por revelación de datos reservados, informaron a EFE fuentes de la Fiscalía.
El Tribunal Supremo impuso dicha pena a García Ortiz en relación con la filtración de datos de una causa en la que está implicado el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que está acusado de un presunto delito fiscal.
En su carta, García Ortiz solicita su cese «sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia» del que por ahora solo se conoce el fallo.
«Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española», señala, y expresa su «profundo respeto a las resoluciones judiciales» a la vez que subraya la voluntad «siempre presente» en su mandato de «proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales».
Además de la inhabilitación, el alto tribunal impone también al hasta ahora Fiscal General el pago de una indemnización de 10,000 euros ($11,539) por daños morales a González Amador, y el abono de las costas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció este empresario.
El fallo incluye el voto particular discrepante de dos de los siete magistrados que componen el tribunal que juzgó a García Ortiz.
Durante el juicio, García Ortiz negó haber filtrado a la prensa un correo del abogado de González Amador en el que reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda con el objetivo de llegar a un acuerdo con el fiscal que le investigaba. Y los periodistas que declararon en el juicio también negaron que su fuente hubiera sido el Fiscal General.
Tanto desde el Gobierno como desde los partidos que apoyan a Ejecutivo en el Parlamento, criticaron esta sentencia, mientras que desde el conservador partido Popular (PP) y el ultraderechista Voz, se mostraron a favor.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su primera declaración desde que se conoció la sentencia, manifestó ayer domingo que sigue creyendo en la inocencia de García Ortiz, y discrepó de la decisión sentencia del Supremo.
En su carta, García Ortiz agradece al Ejecutivo «la confianza depositada» que, considera, es la misma que ahora devuelve, al entender que, «una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad».
