La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó este miércoles las primeras sentencias emitidas contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC por secuestros y crímenes de guerra, así como las condenas impuestas a 12 exmilitares colombianos por asesinatos y desapariciones forzadas de civiles en la región Caribe.
Las resoluciones fueron adoptadas por la Sección de Apelación de la JEP, que resolvió los recursos presentados por víctimas, comparecientes y el Ministerio Público. Además, estableció criterios que servirán de precedente para las futuras sentencias de los once macrocasos que investiga el tribunal.
“Este es un avance significativo para la Jurisdicción, para las víctimas y para quienes fueron condenados por el Tribunal para la Paz en primera instancia y cuyas penas ahora se confirman de manera definitiva”, afirmó el presidente de la Sección de Apelación de la JEP, Eduardo Cifuentes.
En el Caso 01, la JEP ratificó la responsabilidad penal de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar por los delitos de secuestro, homicidio, desaparición forzada y privación de libertad, considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El tribunal también confirmó que cinco de los excomandantes fueron responsables por omisión de mando al no impedir delitos como tortura, violencia sexual, desplazamiento forzado y otras violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de la entonces guerrilla.
Según la JEP, los exjefes guerrilleros son responsables de más de 21,000 secuestros utilizados para financiar el conflicto armado, presionar intercambios de prisioneros y mantener control territorial. La Sección de Apelación ordenó fortalecer las sanciones restaurativas, incorporar propuestas formuladas por las víctimas y fijar un cronograma para el cumplimiento de las penas durante ocho años, entre agosto de 2026 y febrero de 2034, en siete regiones del país.
En un segundo fallo, la JEP confirmó las condenas contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa del Ejército colombiano por asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate entre 2002 y 2005. Los hechos dejaron 135 víctimas en 77 casos documentados, entre ellas miembros de los pueblos indígenas kankuamo, wiwa y wayúu.
“Esta sentencia jamás podrá devolverles el tiempo perdido, el tiempo del cautiverio, de los vejámenes. El tiempo que ustedes han padecido por la pérdida de sus seres queridos con la desaparición forzada”, expresó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli.
La Sección de Apelación resolvió 19 recursos y revocó la condena por los delitos de persecución y tortura al concluir que fueron incorporados al proceso sin cumplir el procedimiento legal. Además, mantuvo los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR), que incluyen la construcción de un mausoleo con más de 700 osarios en el cementerio Ecce Homo de Valledupar y otros proyectos destinados a preservar la memoria histórica en la región Caribe.