El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, se entregó este viernes a las autoridades judiciales, como estaba previsto, tras ser imputado un día antes por mal manejo de información clasificada, algo que el exaliado del mandatario niega.
Bolton, acusado de ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, realizó su primera aparición en una corte federal del estado de Maryland a primera hora de la mañana acompañado por su abogado, Abbe Lowell.
El exalto funcionario convertido en enemigo de Trump no ofreció declaraciones a la prensa antes de su comparecencia, la primera en lo que se espera sea un largo proceso judicial, complicado por la naturaleza de la información involucrada.
De ser declarado culpable, podría enfrentar penas máximas de 10 años de prisión por cada cargo.
Según la acusación del Departamento de Justicia (DOJ), Bolton supuestamente redactó resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración del republicano, entre 2017 y 2019.
La larga imputación del DOJ describe cómo el exfuncionario transcribió información clasificada, secretos gubernamentales y conversaciones privadas que había escuchado, las cuales compartió con dos familiares que lo ayudaron a preparar un libro de memorias publicado en 2020.
Los mensajes habrían sido enviados a los dos allegados – que no han sido nombrados- a través de una cuenta de correo electrónico personal que luego fue pirateada por alguien que las autoridades estadounidenses relacionan con el Gobierno de Irán.
Bolton se ha declarado «víctima» de un DOJ que acusa «a quienes (Trump) considera sus enemigos con cargos que ya fueron rechazados».
Su defensa ha negado que el exfuncionario hubiera guardado o compartido información clasificada.
El exasesor de seguridad nacional es el tercer crítico de Trump en ser imputado en menos de un mes, después del exdirector del FBI James Comey, acusado formalmente por obstrucción y declaraciones falsas, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que enfrenta cargos federales por presunto fraude bancario y falsedad documental.
