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  • Trump considera «seriamente» convertir a Venezuela en el estado 51 de EE.UU., según Fox

    Trump considera «seriamente» convertir a Venezuela en el estado 51 de EE.UU., según Fox

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que evalúa “seriamente” la posibilidad de convertir a Venezuela en el estado número 51 del país norteamericano, según reveló el periodista de Fox News John Roberts tras una conversación telefónica con el mandatario.

    De acuerdo con la publicación realizada por Roberts en la red social X, Trump sostuvo que los venezolanos “lo aman” y defendió la idea argumentando además el enorme potencial petrolero del país sudamericano.

    En la conversación, el mandatario insistió en que Venezuela posee “40 billones de dólares en petróleo”, una afirmación que volvió a colocar sobre la mesa el interés estratégico de Washington en los recursos energéticos venezolanos.

    Las declaraciones provocaron una rápida reacción desde Caracas. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó categóricamente cualquier posibilidad de anexión a Estados Unidos y defendió la soberanía venezolana durante declaraciones brindadas en La Haya.

    “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, afirmó Rodríguez.

    La funcionaria también destacó la historia independentista de Venezuela y aseguró que el país fue construido gracias “a la gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” para convertir a la nación sudamericana “no en una colonia sino en un país libre”.

    Rodríguez reiteró además la disposición de cooperación con Washington tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro ocurrida en enero pasado, en medio de la creciente tensión política entre ambos países.

    Trump ya había realizado comentarios similares anteriormente. En marzo pasado insinuó en tono de broma que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos luego de destacar la cercanía política entre ambos países.

    El mandatario también afirmó recientemente que los venezolanos “están bailando en las calles” debido al impacto económico de las inversiones petroleras impulsadas tras los cambios políticos ocurridos en el país suramericano.

    Según una proyección económica de Naciones Unidas publicada a finales de abril, Venezuela podría superar en 2026 los $22,000 millones en ingresos por exportaciones petroleras, una cifra superior en más de 50 % respecto a los $14,713 millones registrados el año anterior.

    Aunque las declaraciones de Trump generaron controversia internacional, expertos recuerdan que la incorporación de un nuevo estado a Estados Unidos requeriría aprobación del Congreso estadounidense y el consentimiento del propio país involucrado, un escenario actualmente improbable.

  • La Corte Suprema de EE.UU. pone en duda poder arancelario del presidente Trump

    La Corte Suprema de EE.UU. pone en duda poder arancelario del presidente Trump

    La Corte Suprema de Estados Unidos expresó este miércoles escepticismo sobre el alcance del poder del presidente, Donald Trump, para imponer aranceles a nivel global, tras evaluar si el uso de una ley de emergencia económica para justificar sus tarifas fue legalmente válido.

    Durante la audiencia, los magistrados examinaron si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) —que permite al presidente actuar ante una “emergencia nacional”— puede aplicarse en el contexto del aumento de aranceles implementado desde abril por el presidente. La sesión reveló dudas, incluso entre los jueces conservadores, tradicionalmente afines a su línea ideológica, sobre si esta facultad no corresponde al Congreso, como establece la Constitución.

    El presidente del Supremo, el juez conservador John Roberts, fue particularmente incisivo al cuestionar al abogado del Gobierno. Afirmó que la imposición de aranceles “ha sido siempre competencia del Congreso” y advirtió que permitir que el presidente también ejerza esa potestad “neutraliza” el principio de separación de poderes.

    La posible anulación, aunque parcial, de la política arancelaria impulsada por el presidente Trump podría debilitar uno de los pilares centrales de su agenda económica y diplomática, que se ha sustentado en medidas proteccionistas bajo el argumento de defensa del comercio estadounidense.

    En defensa de la política, el fiscal John Sauer sostuvo que los aranceles respondieron a una emergencia económica, aunque negó que se buscaran beneficios económicos. No obstante, el presidente Trump ha defendido públicamente en diversas ocasiones que dichas tarifas permitirían generar ingresos para el país.

    A través de la red social X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la estrategia del presidente.

    “El presidente Trump ha tratado de reequilibrar décadas de comercio desleal contra EE.UU. que nos han llevado a un punto de inflexión. El objetivo de su agenda es recuperar la industria manufacturera y equilibrar los déficits y las barreras comerciales, que han alcanzado niveles críticos, con nuestros socios comerciales globales”, escribió Bessent.

    Durante la audiencia, la jueza progresista Sonia Sotomayor sostuvo que los aranceles son parte de la política tributaria, competencia exclusiva del Congreso. Además, uno de los momentos más destacados ocurrió cuando el abogado Neal Katyal —representante de un grupo de empresas demandantes— respaldó los cuestionamientos del juez conservador Neil Gorsuch, nominado por el propio Trump en 2017, al indicar que “había dado en el clavo” al poner en duda la legalidad del proceso.

    Aunque algunos magistrados consideraron razonable aplicar aranceles para responder a emergencias, también hubo preocupación por el hecho de que estos gravámenes alcanzaran a numerosos países, en el marco de una política que el presidente calificó como de “aranceles recíprocos”.

    El caso llegó al máximo tribunal luego de que cortes inferiores y una corte federal de apelaciones concluyeran que el mandatario excedió sus atribuciones al ordenar una serie de tarifas amparadas en la IEEPA.

    La impugnación fue presentada por un grupo de 12 fiscales generales demócratas, liderados por el fiscal de Oregón, además de varias empresas representadas por Katyal, exfiscal general durante el mandato de Barack Obama.

    Los jueces también debatieron sobre las consecuencias de un posible fallo contra el presidente Trump, como la devolución de aranceles ya pagados por las empresas, y la afectación a las facultades presidenciales ante futuras emergencias reales.

    Se prevé que el Tribunal Supremo emita su fallo a finales de junio, al concluir el actual curso político, aunque por la trascendencia del caso no se descarta que la sentencia llegue antes.