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  • Régimen venezolano ha recibido 1,557 solicitudes de libertad tras Ley de Amnistía

    Régimen venezolano ha recibido 1,557 solicitudes de libertad tras Ley de Amnistía

    El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el sábado que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada el pasado 19 de febrero y publicada en la Gaceta Oficial N° 6.990.

    “Hasta ayer teníamos 405 solicitudes de personas privadas de libertad. Hoy se han recibido 1.152 solicitudes, en total 1.557 que se están atendiendo de inmediato”, explicó Rodríguez durante un acto en Caracas, según medios oficiales. El dirigente añadió que ya se están concretando liberaciones de personas que se acogen a la nueva normativa.

    Asimismo, detalló que la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía evalúa la situación de otras 11,000 personas que se encontraban bajo régimen sustitutivo de privación de libertad.

    “Tenemos y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela medidas sustitutivas de la privación de libertad, es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se debaten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad”, indicó.

    Rodríguez reiteró que la ley busca fomentar el diálogo y la paz en el país. “Es el aporte para una paz que ojalá sea duradera. Una paz donde todos nos respetemos entre todos. Una paz donde podamos discutir diferencias en todos los ámbitos sin recurrir al odio, a la polarización, al maltrato verbal alguno”, sostuvo.

    El dirigente también acusó a sectores de la oposición de intentar desvirtuar el alcance de la normativa. “Eso no nos va a pesar. Ya lo conocemos. Ya sabemos cuáles son sus prácticas y esta ley es justamente para dejar atrás esas prácticas, dejar atrás esas intenciones aviesas de quienes llevaron al país a una de las más grandes tragedias que ha sufrido”, afirmó, al tiempo que llamó a no caer en provocaciones y defendió la amnistía como “un gran primer paso” hacia la paz.

    Por su parte, el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, informó que el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público han tramitado ya 379 solicitudes competentes para otorgar amnistías.

     

  • Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Incertidumbre en Venezuela por ley de amnistía estancada

    Miles de familiares de presos políticos en Venezuela viven con incertidumbre mientras la Asamblea Nacional debate la denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, una iniciativa que, según el oficialismo, permitiría excarcelar a personas acusadas por delitos cometidos desde 1999, pero que organizaciones no gubernamentales consideran limitada y contradictoria.

    El Parlamento aprobó la semana pasada por unanimidad y en segunda lectura seis artículos del proyecto, pero la discusión se estancó en el séptimo, debido a desacuerdos sobre la exigencia de que los beneficiarios se pongan “a derecho”, es decir, se presenten ante las autoridades judiciales. Para activistas y ONG, esta condición obliga a reconocer hechos que muchos detenidos niegan haber cometido y desvirtúa el principio de amnistía.

    El Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que el texto, tal como está redactado, traslada a las víctimas y sus familias “la carga de explicar detenciones arbitrarias” ejecutadas por un sistema de justicia que, según denuncian, conoce el carácter político de los encarcelamientos. Las organizaciones también cuestionan las “exclusiones, riesgos e insuficiencias” del proyecto, difundido inicialmente de manera informal.

    La ley excluye de sus beneficios a personas vinculadas con “violaciones graves a los Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de estupefacientes y delitos contra el patrimonio público”. Esto podría dejar fuera a militares detenidos o exiliados relacionados con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018 o con la denominada ‘Operación Gedeón’.

    Aunque el responsable de la comisión parlamentaria, el diputado Jorge Arreaza, se reunió con sectores de la sociedad civil para recoger observaciones, persisten las críticas sobre el alcance real de la normativa.

    Expertos subrayan que cualquier proceso de reconciliación debe contemplar rendición de cuentas y reformas estructurales que impidan nuevas detenciones arbitrarias. Mientras tanto, el debate continuará el martes 17 de febrero, en un clima de tensión política y con miles de familias pendientes del desenlace legislativo.