Representantes del Gobierno de Venezuela y un sector de la oposición comienzan este jueves el segundo ciclo de negociaciones respaldadas por Estados Unidos para avanzar en la transición política del país, con una agenda que incluye garantías civiles y políticas, libertad de expresión y reformas judiciales.
Esta nueva ronda da continuidad a las conversaciones celebradas entre el 6 y el 12 de agosto, que finalizaron con dos acuerdos. Uno contempla la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces han sido señalados de favorecer al Gobierno. El Parlamento, controlado por el chavismo, modificó el 1 de septiembre un artículo de la Ley Orgánica del TSJ para ampliar el comité encargado de seleccionar candidatos a magistrados y aumentar la participación de la sociedad civil.
El segundo acuerdo alcanzado en agosto busca recuperar activos de las reservas internacionales venezolanas depositados en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio. El Gobierno británico manifestó su “satisfacción” por las conversaciones y los avances alcanzados hasta ahora.
Las negociaciones están encabezadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, mientras que la delegación opositora es liderada por Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Los dirigentes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no forman parte de estas conversaciones, aunque manifestaron en julio que esperan que el proceso conduzca a elecciones.
Otros sectores opositores han pedido incorporar a la agenda la renovación del organismo electoral, actualmente encabezado por funcionarios afines al chavismo, como paso previo a una convocatoria de elecciones presidenciales. El Gobierno, por su parte, busca que en las conversaciones se discuta el levantamiento de las sanciones, mientras sectores chavistas han protestado contra la creciente presencia de Estados Unidos en Venezuela.
Las organizaciones no gubernamentales también reclaman la liberación de las más de 300 personas que, según sus registros, permanecen detenidas por razones políticas. Figuera aseguró el martes en X que el diálogo debe estar “a la altura de las demandas” de los venezolanos.
El opositor Sergio Vergara adelantó que durante este segundo ciclo se revisarán leyes creadas “con la sola intención” de restringir libertades, entre ellas la Ley contra el odio. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan esa normativa porque denuncian que fue utilizada contra la disidencia y para limitar la libertad de expresión.
Las conversaciones comienzan un día después de que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtiera que, pese a mejoras “limitadas”, el aparato represivo del Estado venezolano permanece “intacto”. La misión reconoció algunas excarcelaciones y una reducción de determinadas formas de represión, pero señaló que persisten estructuras estatales y leyes vinculadas a violaciones de derechos humanos.
