«¿Cuándo se jodió el Perú?», la célebre pregunta que Mario Vargas Llosa plantea en ‘Conversación en la catedral’ podría aplicarse para su arraigada crisis política, en la que ha visto pasar a ocho presidentes en diez años, y cuyo origen se remonta a 2016, cuando el Congreso comenzó a acumular poder y descubrió que es más fácil destituir a un presidente que a un alcalde.
Ese instante, según señala en una entrevista a EFE el sociólogo y analista político Fernando Tuesta, se dio cuando Keiko Fujimori, hija y heredera poítica del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) no aceptó su segunda derrota electoral y anunció que aplicaría su plan de Gobierno desde el Congreso, gracias a los 73 congresistas que le daban mayoría absoluta en la Cámara.
«Eso condiciona claramente un Gobierno, porque tienes que relacionarte con un Parlamento no solo hostil, sino enormemente obstruccionista, y entonces han venido esta sucesión de presidentes, que cada vez más son presidentes precarios, presidentes de un Ejecutivo al que se le va vaciando el poder», señala Tuesta.
Desde 2016, Perú ha tenido ocho presidentes (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y ahora José María Balcázar), así como una disolución del Congreso ordenada por Vizcarra y un segundo intento inconstitucional de clausurar el Legislativo dictado por Castillo que no acabó de cristalizar.
La “incapacidad moral permanente”
El politólogo agrega que, en estos diez años, el poder se ha ido concentrando en el Congreso y el presidente, al carecer de suficientes apoyos en el hemiciclo, ha ido mutando de manera informal a ser jefe de Estado pero no jefe del Gobierno «porque las cosas que puede hacer están supeditadas a la luz verde que le dé el Congreso».
«Los parlamentarios han aprendido los males de la política: tenemos poder, podemos condicionar al presidente y, cuando queremos, lo sacamos utilizando recursos que la Constitución destinaba para otro tipo de situaciones, (como) el caso de la vacancia presidencial», explica.
La figura de la vacancia (destitución) por incapacidad moral permanente, planteada en la Constitución para casos extremos en los que el jefe de Estado queda mentalmente incapacitado o inconsciente, ha sido interpretada por el Congreso como una vía que les faculta a sacar del poder por carencia de ética y probidad para ejercer el cargo.
Así, con los votos de dos tercios de la Cámara, los presidentes que han desafiado a la mayoría opositora del Parlamento han sido destituidos o forzados a dimitir, e incluso otros que han aceptado alinearse al Legislativo también han acabado cesados por su baja popularidad.
«Es más fácil bajar a un presidente de la República que un alcalde», afirma Tuesta, quien expone que en 2016 también comenzó la quiebra de algunos acuerdos implícitos de un sistema democrático, como el de reconocer la derrota y asumir el rol de oposición.
Paradoja electoral
Por eso, en estas nuevas elecciones, donde compiten 35 candidatos, para superar la inestabilidad el presidente o presidenta debe contar con un grupo parlamentario significativo. «De lo contrario, vamos a continuar con lo que tenemos hasta ahora: la precariedad y el cambio de presidente», dice Tuesta.
Pero el analista advierte que puede darse una particular ironía, pues los candidatos más conocidos pertenecen a partidos con amplia representación en el Congreso y bajísima popularidad, como Keiko Fujimori, el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga y el empresario César Acuña.
Más de la mitad de candidatos pertenecen a partidos nuevos que la mayor parte de la población no conoce, y «nadie vota a quien no conoce», por lo que «es posible que salgan elegidos un presidente y candidatos que provienen de esos partidos que la gente (mayoritariamente) rechaza»
