Dos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13) fueron condenados a cadena perpetua en El Salvador por delitos relacionados con homicidios, extorsiones y desapariciones, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR), que atribuyó a los procesados actividades delictivas en diferentes sectores de San Salvador y sus alrededores.
Los sentenciados fueron identificados como Josué Germain González Mejía y Giovanni Andrés Hernández, quienes, según la institución fiscal, fueron capturados durante el régimen de excepción implementado en marzo de 2022 como parte de las medidas de seguridad contra las pandillas.
La Fiscalía aseguró que «los criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital (salvadoreña) y sus alrededores». Además de los delitos de homicidio, extorsión y desaparición, ambos fueron procesados por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y otras infracciones penales, aunque la institución no proporcionó detalles sobre los hechos atribuidos a cada condenado.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, según la información divulgada por la FGR a través de su cuenta en la red social X.
La institución tampoco precisó las circunstancias de los delitos investigados ni las fechas en que ocurrieron.
Las condenas se producen después de que la Asamblea Legislativa aprobara en marzo un conjunto de reformas penales que incluyen la aplicación de la cadena perpetua, incluso para menores de edad, tras una modificación constitucional que permitió imponer este castigo a «violadores, homicidas y terroristas (pandilleros)».
El pasado 11 de septiembre se conoció la primera condena a cadena perpetua emitida por la justicia salvadoreña, contra Carlos Arturo Herrera Castro, quien fue procesado por homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República.
Las reformas penales fueron aprobadas a petición del presidente Nayib Bukele, cuando El Salvador cumplió cuatro años bajo el régimen de excepción, una medida implementada para combatir a las pandillas, señaladas de cometer gran parte de los homicidios que durante años situaron al país entre los más violentos del mundo.
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, más de 93,162 personas han sido encarceladas por presunta pertenencia o vinculación con pandillas.