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  • Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    Aplazan juicio contra Ana Ligia de Saca hasta enero 2026 por trámites de procedimiento abreviado

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó otra vez el juicio en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.

    La vista pública estaba prevista dar inicio el lunes 29 de septiembre, sin embargo, fue pospuesta hasta enero de 2026, debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el documento al cual Diario El Mundo tuvo acceso, la nueva suspensión se debe a que aún están pendientes trámites de un procedimiento abreviado “ligado al tema de la responsabilidad civil”, con respecto a los imputados Ana Ligia Mixco Sol de Saca, Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y Milton Romeo Avilés Cruz.

    “Los hechos, objeto del juicio, son complejísimos, tomando en cuenta los elevados montos de dinero que refiere la parte fiscal en su acusación tanto respecto al delito base como los relativo al supuesto lavado de dinero que es el delito acusado, que lo relativo al resarcimiento civil, como la disponibilidad de bienes tienen sus complicaciones, resulta comprensible que hasta este momento no se hayan concluido, por lo que es razonable acceder a lo solicitado y programar el juicio”.
    Tribunal Sexto de Sentencia.

    La vista pública estaba agendada primeramente para el 11 de agosto de 2025 y posteriormente se notificó el cambio para el día 18 del mismo mes. Sin embargo, dicha fecha se modificó nuevamente y se pospuso para el 29 de septiembre y ahora, el tribunal resolvió que el caso se conozca hasta el próximo año.

    En ese sentido, la nueva fecha para que se desarrolle el juicio quedó del 12 al 16 de enero de 2026, según lo estipula el tribunal en la resolución escrita.

    A los dos imputados de apellido Mixco Sol junto a Lemus Zelaya y Funes Durán se les imputa el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico, y en el caso de Avilés Cruz se le atribuye el delito de casos especiales del delito de encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia.

    Al proceso también se suma los imputados José Antonio Lemus Zelaya y José Antonio Lemus Zaldívar, a quienes también se les atribuye el delito de lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.

    La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.

    Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.

    En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

  • El conflicto de Brasil y EE.UU. crece con sanciones a jueces y Bolsonaro preso en su casa

    El conflicto de Brasil y EE.UU. crece con sanciones a jueces y Bolsonaro preso en su casa

    El conflicto entre Brasil y EE.UU. se agravó este sábado tras las sanciones del Gobierno de Donald Trump a magistrados del Supremo brasileño, mientras que el expresidente Jair Bolsonaro pasa el fin de semana recluido en su domicilio por orden judicial.

    El líder de la ultraderecha, procesado por golpismo por la Corte Suprema y eje de la discordia, cumple desde este sábado las medidas cautelares dictadas por el tribunal este viernes por «instigar y auxiliar» al Gobierno de Trump en «la práctica de actos hostiles contra Brasil».

    Ello implica el uso de una tobillera electrónica, permanecer en casa durante la noche y fines de semana y no usar redes sociales, entre otras respuestas judiciales a las gestiones que, con su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro, ha hecho ante EE.UU. para presionar a los magistrados que lo juzgan y al propio Brasil.

    En el caso de los jueces, la sanción llegó la noche de este viernes, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de los visados del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo, así como de su familia y sus «aliados» en una supuesta «caza de brujas» contra Bolsonaro.

    Esa decisión se sumó a la amenaza de Trump, quien dice estar dispuesto a aplicar aranceles del 50 % a Brasil a partir del 1 de agosto, si no se pone fin al proceso penal contra el líder de la extrema derecha.

     

    Lula: una «medida arbitraria» e «inaceptable»

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió a las sanciones a los miembros del Supremo con una dura nota oficial, en la que protestó por «otra medida arbitraria» del Gobierno de Trump.

    «Ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea,  comprometerá la más importante misión de los poderes e instituciones nacionales, que es actuar permanentemente en la defensa y la preservación del Estado Democrático de Derecho», afirmó el líder progresista.

    «La interferencia de un país en el sistema de Justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos del respeto y la soberanía entre las naciones», agregó Lula, quien desde la semana pasada, cuando Trump amenazó con los aranceles, mantiene un firme pulso con el líder republicano.

     

    Eduardo Bolsonaro felicita a Marco Rubio y sigue en la «batalla»

    Con Bolsonaro ausente en las redes sociales, su hijo Eduardo mantiene su febril actividad en las plataformas, que define como una «batalla» por «la libertad y la democracia».

    Lo hace desde EE.UU., donde desde marzo pasado dice «luchar por justicia» para su padre y se ufana de haber influido en la escalada de sanciones a Brasil.

    Este sábado, subrayó el carácter político de la amenaza arancelaria y aseguró que «Trump ha percibido que existe una élite financiera que da soporte al régimen brasileño» y que «de ahí vino el arancel del 50 %».

    También celebró la suspensión de los visados de los magistrados  y agradeció efusivamente a Marco Rubio, así como avisó de que «viene mucho más» y sugirió que el próximo paso sería la ley Magnitsky.

    Esa legislación estadounidense establece sanciones a aquellas personas u organismos responsables de violar los derechos humanos en cualquier parte del mundo.

     

    El bolsonarismo busca «solidaridad» internacional

    El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Filipe Barros, anunció que ha denunciado la «persecución» contra Bolsonaro ante organismos internacionales y ha pedido la «solidaridad» de la derecha mundial.

    El diputado bolsonarista aseguró que ha «accionado» a la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y a diversos partidos, entre los que citó al español Vox y al portugués Chega, que ya se han solidarizado con el líder de la ultraderecha brasileña.

    El presidente de Vox, Santiago Abascal, dijo en X que «De Moraes y Lula tienen motivos para estar preocupados» y «lo demuestran con sus prácticas arbitrarias y criminales».

    Según Abascal, «Bolsonaro representa la dignidad y la integridad de una nación. A él lo quiere el pueblo; a ellos los repudian por corruptos y por encarcelar a brasileños inocentes».

    André Ventura, líder de Chega, se expresó en los mismos términos, también en redes sociales: «No puedo dejar de condenar lo que está pasando en Brasil. Bolsonaro fue llevado a la policía para ponerle una tobillera electrónica y el verdadero ladrón está en la Presidencia», afirmó el político luso.