Un juez federal dictaminó el miércoles que es ilegal la política del Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza a las autoridades migratorias deportar a extranjeros a terceros países sin informarles previamente ni brindarles la oportunidad de objetar la decisión. El fallo representa un nuevo revés judicial para la Administración en materia migratoria.
El juez Brian Murphy, del Distrito federal en Massachusetts, resolvió en contra de la normativa emitida el año pasado, la cual establecía que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaba obligado a notificar a los migrantes si serían enviados a países distintos al señalado en su orden de deportación, siempre que las naciones receptoras ofrecieran garantías de que no serían perseguidos ni torturados.
Murphy ordenó anular la medida, aunque concedió un plazo de 15 días antes de que el fallo entre en vigor, para dar oportunidad a que la Administración Trump presente una apelación.
En su resolución, el juez concluyó que la política vulnera la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso de los migrantes. Además, cuestionó la falta de transparencia sobre las supuestas garantías ofrecidas por los países receptores y afirmó: “nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas ‘garantías’”. También enfatizó: “No está bien, ni es legal”.
El fallo se produce luego de varios litigios relacionados con deportaciones hacia terceros países. El año pasado, el Ejecutivo deportó a más de 200 salvadoreños a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, invocando una antigua ley de guerra. Asimismo, la Casa Blanca sostuvo conversaciones con Costa Rica, Panamá y Ruanda para recibir migrantes que no son ciudadanos de esas naciones.
En mayo pasado, el mismo juez determinó que el Gobierno violó una orden judicial al intentar expulsar a un grupo de inmigrantes con antecedentes penales hacia Sudán del Sur sin previo aviso ni posibilidad de presentar reclamos por temor a persecución.
Aunque el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el caso ante el Tribunal Supremo, que permitió reanudar temporalmente las expulsiones mientras se emitía un fallo definitivo, se prevé que la Casa Blanca recurra nuevamente a las instancias superiores para revertir esta nueva decisión judicial.
