Un juez federal de Estados Unidos dictaminó el lunes que cerca de 200 migrantes venezolanos deportados a El Salvador fueron privados de su derecho al debido proceso, y ordenó que se les permita presentar sus casos ante un tribunal migratorio.
La resolución fue emitida por el magistrado James Boasberg, quien dio plazo hasta el 5 de enero de 2026 para que el Gobierno presente un plan que permita el regreso de los migrantes o el acceso a una audiencia justa en EE.UU. Además, certificó una demanda colectiva que abre la vía para que todos los afectados impugnen su expulsión al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, adonde fueron enviados en marzo pasado.
El presidente Donald Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —instrumento legal reservado para tiempos de guerra— para justificar las deportaciones, alegando sin pruebas que los migrantes eran miembros del grupo criminal transnacional Tren de Aragua, declarado organización terrorista.
“Los demandantes no deberían haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, prácticamente sin aviso y sin oportunidad de impugnar su designación”, escribió Boasberg en su resolución, calificando la acción como una clara violación de los derechos constitucionales.
La demanda fue interpuesta por la ACLU y Democracy Forward, quienes también alegaron que el Gobierno salvadoreño encarceló a los migrantes a cambio de un pago.
El magistrado subrayó que el Gobierno no puede utilizar expulsiones aceleradas para anular el derecho al hábeas corpus, señalando que permitirlo “abriría la puerta a que el Gobierno detenga a cualquier persona y la envíe a otro país, anulando toda posibilidad de defensa legal”.
Boasberg también investiga si funcionarios del Gobierno violaron una orden previa que prohibía vuelos de deportación hacia El Salvador. Entre los nombres mencionados están Erez Reuveni, exfuncionario del Departamento de Justicia, y Drew Ensign, abogado acusado de engañar al tribunal sobre los vuelos migratorios.
En un dictamen anterior, Boasberg advirtió que la Constitución no admite desobediencia intencional de órdenes judiciales, y criticó el “completo menosprecio” del Ejecutivo a sus instrucciones. El caso se suma al proceso legal abierto por la deportación del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue enviado erróneamente al Cecot y luego retornado a EE.UU. por orden judicial.