Etiqueta: juez federal

  • Juez bloquea salón de baile impulsado por Trump

    Juez bloquea salón de baile impulsado por Trump

    Un juez federal ordenó este martes suspender temporalmente la construcción del salón de baile promovido por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el espacio donde se ubicaba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida en octubre de 2025 por decisión del mandatario.

    El fallo fue emitido por Richard Leon, juez del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, quien dio la razón al Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, organización que demandó al Gobierno para frenar el proyecto.

    La resolución prohíbe a funcionarios de la Administración Trump y a la Oficina Ejecutiva del presidente «realizar cualquier acción» vinculada a la obra, al considerar que existen fundamentos suficientes en la demanda presentada.

    En su decisión, el magistrado señaló que es probable que el recurso del Fideicomiso Nacional tenga éxito, al advertir que no existe una ley que otorgue al presidente la autoridad que reclama para ejecutar este tipo de cambios en la Casa Blanca.

    «El presidente de los Estados Unidos es el custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de Primeras Familias. ¡Sin embargo, no es su propietario!», enfatizó el juez en su escrito.

    La orden judicial entrará en vigor en un plazo de 14 días, período durante el cual la Administración Trump podrá presentar una apelación.

    El Fideicomiso solicitó la suspensión del proyecto hasta que sea evaluado por organismos independientes y obtenga la aprobación del Congreso, en medio de críticas por la demolición del Ala Este y el carácter del nuevo salón de baile.

    El proyecto también ha sido cuestionado por considerar que contradice el concepto de la Casa Blanca como la “casa del pueblo” estadounidense, debido al carácter lujoso del recinto que se pretende construir.

    En respuesta, Trump calificó al Fideicomiso como «un grupo de lunáticos de la izquierda radical» y cuestionó que no hayan emprendido acciones legales contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por las remodelaciones en esa institución.

    El mandatario ha acusado a Powell de mal uso de fondos públicos, aunque un juez federal ha considerado que esas denuncias carecen de sustento y responden a diferencias entre ambos, especialmente por la negativa del funcionario a reducir las tasas de interés.

    Trump también sostuvo que «no tiene mucho sentido» que su proyecto y otras iniciativas, como las reformas del Centro Kennedy de Washington, enfrenten procesos judiciales, mientras otras obras continúan sin objeciones.

     

  • Juez ordena reactivar Voz de América y reincorporar empleados

    Juez ordena reactivar Voz de América y reincorporar empleados

    Un juez federal ordenó este martes a la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restablecer las operaciones de la Voz de América (VOA) y reincorporar a 1,042 de los 1,147 empleados que fueron enviados a licencia administrativa tras el cierre parcial de la emisora.

    La decisión fue emitida por el juez del Tribunal de Distrito, Royce C. Lamberth, quien instruyó a la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos presentar en el plazo de una semana un plan para reactivar completamente el servicio.

    La VOA había operado con personal reducido desde que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva orientada a disminuir de forma drástica sus funciones.

    Previamente, el magistrado ya había cuestionado la legalidad de las decisiones adoptadas por la dirección de la agencia, especialmente por la falta de confirmación en el Senado de Kari Lake, designada para liderarla.

    Según el juez, esta situación impedía que Lake tuviera autoridad legal para ejecutar las medidas que llevaron a la paralización de gran parte de la emisora.

    En su resolución de este martes, Lamberth anuló las decisiones gubernamentales que dejaron a la VOA funcionando en el «mínimo legal» exigido por el Congreso.

    El juez también calificó las acciones del Gobierno como «arbitrarias y caprichosas» y señaló que no se respetaron las leyes que determinan los idiomas y regiones que debe cubrir la emisora.

    La orden judicial permite además que los trabajadores que permanecieron fuera de sus funciones por más de un año puedan reincorporarse a sus labores habituales.

     

  • Juez estadounidense bloquea deportaciones a terceros países

    Juez estadounidense bloquea deportaciones a terceros países

    Un juez federal dictaminó el miércoles que es ilegal la política del Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que autoriza a las autoridades migratorias deportar a extranjeros a terceros países sin informarles previamente ni brindarles la oportunidad de objetar la decisión. El fallo representa un nuevo revés judicial para la Administración en materia migratoria.

    El juez Brian Murphy, del Distrito federal en Massachusetts, resolvió en contra de la normativa emitida el año pasado, la cual establecía que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaba obligado a notificar a los migrantes si serían enviados a países distintos al señalado en su orden de deportación, siempre que las naciones receptoras ofrecieran garantías de que no serían perseguidos ni torturados.

    Murphy ordenó anular la medida, aunque concedió un plazo de 15 días antes de que el fallo entre en vigor, para dar oportunidad a que la Administración Trump presente una apelación.

    En su resolución, el juez concluyó que la política vulnera la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso de los migrantes. Además, cuestionó la falta de transparencia sobre las supuestas garantías ofrecidas por los países receptores y afirmó: “nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas ‘garantías’”. También enfatizó: “No está bien, ni es legal”.

    El fallo se produce luego de varios litigios relacionados con deportaciones hacia terceros países. El año pasado, el Ejecutivo deportó a más de 200 salvadoreños a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, invocando una antigua ley de guerra. Asimismo, la Casa Blanca sostuvo conversaciones con Costa Rica, Panamá y Ruanda para recibir migrantes que no son ciudadanos de esas naciones.

    En mayo pasado, el mismo juez determinó que el Gobierno violó una orden judicial al intentar expulsar a un grupo de inmigrantes con antecedentes penales hacia Sudán del Sur sin previo aviso ni posibilidad de presentar reclamos por temor a persecución.

    Aunque el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó el caso ante el Tribunal Supremo, que permitió reanudar temporalmente las expulsiones mientras se emitía un fallo definitivo, se prevé que la Casa Blanca recurra nuevamente a las instancias superiores para revertir esta nueva decisión judicial.

     

  • Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

    Juez prohíbe a funcionarios de Trump emitir opiniones perjudiciales sobre caso de Kilmar Ábrego

     

    Un juez federal de Tennessee ordenó este lunes a funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el proceso penal contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, a quien se intenta deportar hacia un país africano.

    La resolución fue emitida por el juez de distrito Waverly Crenshaw y está dirigida a los Departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). En su fallo, el magistrado advirtió que cualquier empleado que incumpla la instrucción podría enfrentar sanciones por realizar comentarios con “una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente” el caso penal en curso.

    Crenshaw expresó preocupación por las declaraciones extrajudiciales de altos funcionarios del gobierno, entre ellos la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

    “Muchas de esas afirmaciones han sido exageradas o simplemente inexactas”, escribió el juez en su resolución, y citó en particular los señalamientos que vinculan a Ábrego García con la pandilla MS-13.

    El juez recordó que existe una norma local que prohíbe a los empleados del gobierno federal hacer comentarios públicos sobre procesos penales activos, y ordenó a la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee que notifique formalmente esa obligación a los responsables del DOJ y del DHS.

    En una resolución adicional, Crenshaw también exigió al Gobierno que entregue bajo sello judicial los documentos que justifiquen su cambio de postura en el caso. Inicialmente, las autoridades pretendían “deportar sin procesar” a Ábrego García, pero más adelante optaron por procesarlo penalmente antes de proceder con la deportación, la cual se ejecutaría hacia Liberia, un país con el que el migrante no tendría ninguna conexión.