El empresario Víctor de Aldama aseguró este miércoles ante el Tribunal Supremo que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, estaría en el nivel más alto de una presunta “organización criminal” vinculada a contratos públicos durante la pandemia.
Durante su declaración, en el marco del llamado caso de corrupción relacionado con el Ministerio de Transportes, Aldama aseguró que Sánchez se encontraba en el “escalafón 1” de la estructura, seguido por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
“El señor presidente Pedro Sánchez está en el escalafón 1; el señor Ábalos en el escalafón 2 porque es el que daba y otorgaba”, declaró el empresario, quien también reconoció haber formado parte de dicha red.
Aldama, considerado una pieza clave en la investigación por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante el covid-19, sostuvo que entregó entre 3.5 y 4 millones de euros a Ábalos.
Además, afirmó que el mandatario conocía estas supuestas “mordidas”. “Todo lo sabía el presidente”, reiteró en su comparecencia judicial.
El empresario, que colabora con la Fiscalía tras haber estado en prisión provisional por otro caso de fraude, también indicó que realizaba pagos periódicos en efectivo y entregas de dinero que llegaban hasta 250,000 euros en dependencias oficiales.
Mientras se desarrollaba la audiencia, el Gobierno español reaccionó mostrando “total tranquilidad” y cuestionó la credibilidad del testigo, señalando que se trata de “un gran mentiroso”.
Desde el Ejecutivo recordaron que los acusados pueden mentir como parte de su derecho a la defensa y reiteraron que Sánchez ha negado cualquier vínculo con Aldama o participación en los hechos investigados.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) anunció que solicitará amparo al Tribunal Supremo ante lo que considera “injurias” y acusaciones sin pruebas, insistiendo en que no existe financiación ilegal dentro de la formación.
En su declaración, Aldama también mencionó supuestas gestiones políticas relacionadas con Venezuela entre 2019 y 2022, incluyendo contactos con dirigentes opositores y del gobierno de Nicolás Maduro, lo que amplía el alcance de las acusaciones.
El caso continúa en desarrollo y forma parte de un proceso judicial que investiga presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia, en el que las declaraciones de los implicados podrían ser determinantes para el rumbo del juicio.