La Fiscalía General de la República aseguró este lunes que la Mara Salvatrucha (MS-13) obtuvo al menos $9 millones mediante extorsiones cobradas a cuatro víctimas entre los años 2012 y 2022, según los alegatos finales presentados en el juicio masivo contra 485 cabecillas de esa estructura criminal.
De acuerdo con la representación fiscal, las víctimas realizaron los pagos bajo amenazas contra sus vidas y las de sus familiares, en un esquema de intimidación que se mantuvo durante varios años en distintas zonas del país.
“De estos hechos, hay actas de las denuncias interpuestas por cada una de las víctimas afectadas con la extorsión, declaraciones anticipadas de testigos en donde manifiestan cómo la estructura utilizaba el dinero de extorsión”, sostuvo la Fiscalía durante la audiencia.
Según la acusación, los fondos obtenidos de manera ilícita fueron utilizados por la organización criminal para la compra de armas de fuego de distintos calibres, así como para financiar otras operaciones delictivas desarrolladas por la pandilla.
Durante la jornada, el Ministerio Público también expuso los cargos relacionados con los delitos de agrupaciones ilícitas y rebelión.
El Fiscal Adjunto, Max Muñoz, afirmó que la evidencia presentada busca demostrar que la MS-13 intentó establecer un poder paralelo al Estado salvadoreño mediante el uso de armas de guerra y estructuras criminales organizadas.
La Fiscalía sostiene que los 485 procesados deben ser declarados responsables como creadores, dirigentes y cabecillas de la organización criminal, al considerar que dirigieron y coordinaron actividades destinadas a fortalecer el funcionamiento de la pandilla a nivel nacional.
Asimismo, el ente acusador argumentó que los imputados incurrieron en el delito de rebelión al asumir funciones que corresponden al Estado, decidir sobre la vida de personas en comunidades bajo su control, imponer cobros extorsivos y obstaculizar el ejercicio de las autoridades legítimas.
Tráfico de drogas y armas
Las investigaciones también vinculan a la MS-13 con operaciones de tráfico de drogas, principalmente marihuana y cocaína. Según la Fiscalía, los estupefacientes ingresaban desde México y eran trasladados por territorio guatemalteco antes de llegar a El Salvador.
Además, se abordó el tráfico ilegal de armas que, de acuerdo con las autoridades, fueron utilizadas para enfrentar a cuerpos de seguridad y fortalecer el control territorial de la estructura criminal.
Como parte de los elementos expuestos en el proceso, la Fiscalía afirmó haber demostrado que entre 2012 y 2022 la pandilla utilizó a 1,212 menores de edad para trasladar armas y drogas en diferentes puntos del país, una práctica que formaría parte de la estrategia operativa de la organización.
El juicio contra los 485 presuntos líderes de la MS-13 continúa en la etapa de alegatos finales, mientras el tribunal evalúa las pruebas presentadas por las partes antes de emitir una resolución sobre uno de los procesos judiciales más grandes impulsados contra estructuras criminales en El Salvador.