El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto anuló el lunes el proceso ordinario contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y determinó que el caso pase al Legislativo bajo la figura de juicio de responsabilidades por las muertes de civiles ocurridas en noviembre de 2019 en la zona de Senkata, durante la crisis política tras la salida de Evo Morales.
La decisión judicial respondió a un recurso de “excepción de incompetencia” presentado por la defensa de Áñez, que argumentó que los hechos investigados sucedieron mientras ella ejercía como presidenta interina (2019-2020). Según la legislación boliviana, los altos dignatarios de Estado, incluidos presidentes y vicepresidentes, solo pueden ser juzgados mediante un juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea Legislativa.
“El tribunal de manera conjunta declara fundado el recurso de excepción de incompetencia”, afirmó el presidente del tribunal, David Kasa. La corte también dispuso un mandamiento de libertad para Áñez mientras se activa el proceso en el Legislativo y ordenó que el caso regrese a “fojas cero”.
Tras conocer el fallo, la exmandataria expresó que la decisión “quedará en la historia como el día en que se recuperó la legalidad en el país”. Horas antes había manifestado que no se opone a una investigación “seria e imparcial”, pero insistió en que debía reconocerse su condición de expresidenta.
El juicio de responsabilidades contra Áñez será tramitado por la Fiscalía General de Bolivia, que deberá presentar una proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa. Para abrir el proceso se requiere el respaldo de dos tercios del Parlamento. Si se aprueba, el caso pasará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que será el encargado de emitir la sentencia. Durante este procedimiento, el acusado tiene derecho a defenderse en libertad.
El caso Senkata investiga la actuación militar y policial que dejó al menos diez muertos en la ciudad de El Alto tras la asunción de Áñez en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral. Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, abandonó el país asegurando que fue víctima de un “golpe de Estado”.
Áñez se encontraba en prisión desde 2021 cumpliendo una condena de diez años de cárcel por el caso denominado golpe de Estado II, relacionado con su proclamación como presidenta. Además, enfrenta al menos otros siete procesos judiciales, entre ellos el caso golpe de Estado I, en el que fueron acusados el gobernador suspendido de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari.