Un juez español acordó abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
La decisión fue adoptada por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien además ordenó una serie de medidas cautelares contra Gómez, entre ellas la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado.
El auto judicial fue divulgado este sábado y se produce después de la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares, encabezadas por la organización Hazte Oír, solicitaron restricciones al considerar que existía riesgo de fuga.
La Fiscalía y los abogados defensores se opusieron a la imposición de medidas cautelares y reiteraron que no existen fundamentos suficientes para sostener la causa. Sin embargo, el magistrado sostuvo que las diligencias practicadas permiten apreciar “indicios racionales de criminalidad” que justifican la continuidad del proceso.
Peinado argumentó que la gravedad de las penas asociadas a los delitos investigados podría aumentar el riesgo de que la acusada intente eludir la acción de la justicia. Incluso señaló en su resolución que los agentes encargados de la seguridad de Gómez podrían eventualmente facilitar una hipotética fuga, una afirmación que generó una inmediata reacción política.
Desde el Palacio de La Moncloa, sede del Gobierno español, fuentes oficiales calificaron la decisión judicial como una muestra de “persecución”, “obsesión” y “desproporción” por parte del magistrado. Asimismo, sostuvieron que la investigación carece de sustento jurídico y responde a motivaciones políticas.
La causa se inició en abril de 2024 tras una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias, que cuestionó la participación de Gómez en actividades relacionadas con una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigía. Desde entonces, el caso ha generado un intenso debate político y jurídico en España.
Además de Gómez, el juez también envió a juicio a su asesora Cristina Álvarez, a quien atribuye los mismos delitos. Igualmente, procesó al empresario Juan Carlos Barrabés por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado.
En la resolución, el magistrado sostiene que Gómez se habría beneficiado de su condición de esposa del presidente del Gobierno para obtener ventajas personales. La defensa rechaza estas acusaciones y mantiene que no existen pruebas que acrediten la comisión de delitos. El proceso continuará ahora con la conformación de un jurado popular que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.