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  • Pedro Alliana asume presidencia paraguaya tras destitución de Peña

    Pedro Alliana asume presidencia paraguaya tras destitución de Peña

    Pedro Alliana asumió este viernes la presidencia de Paraguay, después de que el Congreso destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político relacionado con el escándalo de Ueno Bank, una entidad financiera cuya intervención mantiene congelados los recursos de aproximadamente 2.94 millones de clientes.

    El hasta entonces vicepresidente prestó juramento ante el Congreso paraguayo, convirtiéndose en el sucesor de Peña en medio de una crisis bancaria que afecta a millones de ciudadanos y a instituciones que mantenían fondos depositados en la entidad financiera.

    Alliana llega a la Presidencia después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara el martes la intervención de Ueno Bank, una institución privada vinculada al ahora expresidente Santiago Peña. La medida provocó el congelamiento de los recursos de sus clientes, entre los que figuran principalmente particulares y cajas de pensiones.

    Entre las instituciones afectadas se encuentra el Instituto de Previsión Social (IPS), organismo estatal que mantenía recursos en Ueno Bank. La situación financiera de la entidad desencadenó una crisis que terminó por provocar la salida anticipada de Peña del poder y el ascenso de su vicepresidente.

    La destitución del expresidente ocurrió después de que fuera declarado culpable, en ausencia, durante un juicio político impulsado por sus vínculos con Ueno Bank. Según la información del proceso, la institución financiera recibió millonarios fondos de entidades estatales durante la administración del ahora exmandatario.

    El jueves, la Cámara de Diputados rechazó una propuesta para iniciar un juicio político contra Pedro Alliana, una decisión que permitió despejar su camino hacia la Presidencia. El nuevo gobernante había acompañado a Santiago Peña como candidato a vicepresidente en las elecciones generales de 2023, cuando ambos llegaron al poder bajo la bandera del Partido Colorado.

    Con su juramentación, Alliana deberá completar el período constitucional iniciado en agosto de 2023, cuya finalización está prevista para agosto de 2028. Su llegada al Ejecutivo ocurre antes de lo previsto, como consecuencia de la destitución de Peña y de la crisis generada por la intervención de la entidad bancaria.

    Antes de que estallara el escándalo de Ueno Bank, Alliana había anunciado su decisión de retirar su precandidatura presidencial para las elecciones internas del Partido Colorado de 2027 y los comicios generales de 2028. Sin embargo, la salida de Peña modificó el escenario político paraguayo y llevó al exvicepresidente a asumir la jefatura del Estado para completar el actual mandato.

     

  • El presidente de Paraguay anuncia que enfrentará juicio político por crisis bancaria

    El presidente de Paraguay anuncia que enfrentará juicio político por crisis bancaria

    El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves que enfrentará el juicio político promovido en su contra por la crisis financiera provocada por la intervención del banco Ueno, después de que una sesión del Congreso convocada para discutir su renuncia fuera suspendida por falta de cuórum.

    Peña aseguró que ejercerá su derecho a la defensa ante el Senado y ofreció colaborar con las investigaciones para determinar las responsabilidades por la situación bancaria.

    «Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia», prometió el mandatario mediante su cuenta de X.

    El gobernante continúa formalmente en la Presidencia debido a que legisladores oficialistas impidieron, al retirarse y dejar sin cuórum la sesión conjunta del Congreso, que se sometiera a votación su renuncia. La aprobación de esta habría permitido declarar vacante el cargo y activar el mecanismo constitucional de sucesión presidencial.

    La crisis surgió después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenara la intervención de Ueno bank, una institución financiera con la que se ha vinculado al mandatario. La medida provocó el congelamiento de fondos pertenecientes a casi la mitad de la población paraguaya, incluidas entidades estatales, lo que desencadenó una crisis política y financiera en el país.

    Según el Banco Central, Ueno bank cuenta con 2.9 millones de clientes en una nación de 6.1 millones de habitantes. La institución reguladora detectó que el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización». Esta situación llevó a las autoridades a ordenar el proceso de resolución bancaria.

    Peña, quien no compareció públicamente desde que se anunció la medida contra Ueno, manifestó su disposición a entregar la información que soliciten las autoridades. También sostuvo que la devolución de los fondos a los depositantes debe avanzar independientemente de su situación política.

    «La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas», agregó el presidente, quien anteriormente advirtió que el pago a los ahorristas «no puede quedar pendiente de lo que ocurra» con él.

    Senado prepara juicio político contra Peña

    El presidente del Senado paraguayo, Basilio Núñez, anunció que convocarían una nueva sesión durante la misma jornada del jueves para continuar con el proceso contra el mandatario. La decisión se produjo después de que fracasara la reunión legislativa en la que estaba previsto discutir la renuncia presidencial.

    Por su parte, el senador oficialista Derlis Maidana explicó que el procedimiento se desarrollará en dos etapas. La primera contempla reconocer durante la noche del jueves a los diputados como fiscales acusadores, mientras que la segunda, programada para el viernes, consistirá en tomar juramento a los senadores que integrarán el tribunal encargado de juzgar al presidente.

    La Cámara de Diputados aprobó previamente por unanimidad la acusación contra Peña, quien se convertirá en el segundo mandatario sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después de Fernando Lugo, presidente entre 2008 y 2012, quien fue destituido mediante ese procedimiento.

     

  • El partido de Gobierno en Paraguay respalda juicio político contra el presidente Santiago Peña

    El partido de Gobierno en Paraguay respalda juicio político contra el presidente Santiago Peña

    El gobernante Partido Colorado de Paraguay anunció este jueves su respaldo a un juicio político contra el presidente Santiago Peña, en medio de la crisis provocada por la intervención del banco privado Ueno, mientras que el presidente del Congreso, Basilio Núñez, exigió la renuncia del mandatario.

    El anuncio fue realizado por el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018), actual titular del Partido Colorado y considerado mentor político de Peña, mediante un comunicado publicado en la red social X, poco antes de que la Cámara de Diputados instalara una sesión extraordinaria para discutir la acusación contra el gobernante.

    «Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República», publicó Cartes, quien aseguró que su formación política no estará «del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados».

    «Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. La bandera colorada representa una historia de servicio al país: honrarla también significa actuar con valentía cuando la patria lo exige», puntualizó el exmandatario en su pronunciamiento.

    Oficialismo pide su renuncia

    Por su parte, el presidente del Congreso, el oficialista Basilio Núñez, solicitó públicamente la renuncia de Peña y advirtió que, de no concretarse, respaldarán el proceso de destitución para «reordenar la institucionalidad de la República y proteger a los ahorristas».

    También aseguró que no estarán del lado del «despojo de los fondos públicos, privados, de los ahorristas y de los jubilados».

    La crisis política surgió después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes la intervención y disolución de Ueno bank, institución que contaba con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes. La decisión se produjo luego de que las autoridades detectaron que el índice de solvencia de la entidad había descendido por debajo del 50 % del mínimo exigido. La medida provocó el cierre de sucursales y la suspensión de operaciones, mientras miles de ahorradores intentaban movilizar sus fondos.

    El banco también administraba millonarios recursos de instituciones públicas y patrocinaba equipos de fútbol y eventos deportivos, entre ellos la etapa paraguaya del Mundial de Rally.

    Peña quedó vinculado a la controversia debido a que poseía acciones en Ueno Holding, conglomerado empresarial al que pertenecía la entidad bancaria intervenida. Sin embargo, el presidente del banco, Juan Manuel Gustale, quien actualmente se encuentra detenido, sostuvo que el mandatario no tenía ninguna relación con la institución.

    La crisis llevó a diputados opositores y disidentes del oficialismo a presentar el miércoles dos acusaciones para solicitar juicios políticos contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. Ambas iniciativas serán discutidas este jueves en sesiones extraordinarias separadas de la Cámara de Diputados.

    De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución de Paraguay, la acusación contra el presidente necesita el respaldo de una mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados para ser trasladada al Senado, que actúa como tribunal en el proceso. En esa instancia también se requiere una mayoría de dos tercios para declarar culpable al mandatario y proceder a su separación del cargo.

    El respaldo del Partido Colorado y la petición de renuncia del presidente del Congreso se producen mientras el Legislativo se prepara para discutir las acusaciones contra las máximas autoridades del Ejecutivo.

     

  • Oposición paraguaya busca destituir a Santiago Peña por crisis bancaria

    Oposición paraguaya busca destituir a Santiago Peña por crisis bancaria

    El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta una solicitud de juicio político presentada este miércoles por diputados opositores y disidentes del oficialismo, tras la crisis financiera que provocó la disolución por insolvencia de Ueno bank, una institución bancaria que dejó a más de 2.94 millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

    El Banco Central del Paraguay (BCP) inició el martes un procedimiento de resolución o cierre de la entidad financiera, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La medida provocó una ola de reclamos de los depositantes y manifestaciones en el centro de Asunción, donde cientos de personas protestaron por segunda noche consecutiva y se registraron algunos enfrentamientos con la Policía.

    Los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo presentaron ante la Cámara de Diputados los documentos acusatorios para iniciar el procedimiento establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya. La iniciativa reunió 35 firmas, incluidas las de legisladores de una facción disidente del Partido Colorado, y sus promotores solicitaron una sesión extraordinaria para este jueves con el objetivo de discutir la acusación contra Peña, quien en agosto cumplió tres de los cinco años de su mandato presidencial.

    La crisis bancaria también obligó al mandatario a cancelar su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que comenzó este miércoles en Madrid. En medio de la presión política y social, Peña promulgó una ley aprobada de manera acelerada por el Congreso para facilitar la devolución de parte de los recursos retenidos a los clientes de Ueno bank.

    La normativa establece que cada depositante podrá recuperar hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121.7 millones de guaraníes, unos $19,787, en un plazo inicial de 24 horas y sin superar los cinco días hábiles posteriores a su entrada en vigor.

    Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank, en Asunción, Paraguay. EFE/ Juan Pablo Pino

    El presidente defendió la aprobación de la legislación y aseguró en su cuenta de X que «permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde». Sin embargo, la disposición no logró contener el descontento de los afectados, quienes continuaron las protestas en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes, uno de los lugares emblemáticos de la capital paraguaya.

    Las manifestaciones también reflejaron el malestar ciudadano por otros problemas que enfrenta Paraguay, entre ellos las deficiencias en los servicios de transporte público y de salud. Los participantes responsabilizaron al Gobierno de Peña por estas situaciones y denunciaron la falta de respuestas a sus demandas.

    «No hay medicamentos, la impunidad sigue en todas partes», expresó durante la protesta Hamoudy Salem, artista conocido como ‘Mr. H’ en los circuitos latinoamericanos de rap de estilo libre.

    La Constitución de Paraguay establece que una acusación de juicio político contra el presidente necesita el respaldo de dos tercios de los integrantes de la Cámara de Diputados para avanzar al Senado. Posteriormente, la Cámara Alta debe alcanzar una mayoría de dos tercios para declarar culpable al mandatario, una decisión que permitiría su destitución antes de concluir el período presidencial.

    Peña también quedó bajo cuestionamientos por sus vínculos con Ueno bank, aunque el presidente de la institución financiera, Juan Manuel Gustale, actualmente detenido, aseguró que el mandatario no mantenía relación directa con el banco. Según medios locales, Peña sí poseía acciones en Ueno Holding, participación que vendió en abril de 2025. La controversia ocurre mientras la oposición intenta reunir los apoyos legislativos necesarios para avanzar con el proceso de destitución presidencial.

     

  • Parlamento hondureño destituye fiscal general y nombra sustituto

    Parlamento hondureño destituye fiscal general y nombra sustituto

    El Parlamento de Honduras destituyó este miércoles al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras concluir un juicio político en su contra iniciado el lunes, y procedió a nombrar como su reemplazo a Pablo Reyes.

    La decisión fue respaldada por 93 diputados pertenecientes a cuatro de las cinco bancadas legislativas, según confirmó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, del oficialista Partido Nacional.

    En contraste, los 35 legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza opositora y afín a Zelaya, optaron por abstenerse durante la votación.

    La separación del cargo se concretó luego de que una comisión especial recomendara al pleno legislativo la destitución inmediata del funcionario tras evaluar su desempeño.

    Previo a la votación final, el informe de dicha comisión fue aprobado en una sesión marcada por silbidos y consignas emitidas por los diputados de Libre, quienes manifestaron su rechazo al proceso.

    Pablo Reyes asumirá el cargo para completar el período que le correspondía a Zelaya, quien había iniciado su gestión en diciembre de 2023 con un mandato de cinco años.

    En paralelo, también trascendió que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, renunció a su cargo para evitar enfrentar un juicio político, según se informó en el mismo Parlamento.

    El proceso contra Zelaya se originó a partir de una denuncia que lo acusó de “actuaciones contrarias a la Constitución de la República” y de incurrir en “negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo, derivadas de actuaciones y omisiones que, de manera reiterada y sistemática, han contravenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público (Fiscalía), la Ley Electoral de Honduras y la Ley Orgánica y Procesal Electoral”.

    La acusación también señala que estas acciones “han afectado los intereses generales de la sociedad, la independencia y autonomía de los órganos electorales y la democracia como forma de gobierno”, además de cuestionar actuaciones del Ministerio Público durante el proceso electoral previo a las elecciones generales de 2025.

     

  • Presidenta Corte Suprema Honduras renuncia para evitar juicio político

    Presidenta Corte Suprema Honduras renuncia para evitar juicio político

    La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, presentó este miércoles su “renuncia irrevocable” al cargo con el objetivo de evitar un juicio político que sería impulsado por el Parlamento.

    La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al Legislativo, en la que la magistrada expuso las razones que la llevaron a apartarse de la presidencia del máximo órgano judicial del país.

    En el documento, Obando explicó que su salida responde principalmente a cambios aprobados por el Congreso Nacional que modifican la estructura de poder dentro de la Corte Suprema de Justicia.

    Según detalló, el Parlamento avaló un decreto que trasladó al pleno de magistrados atribuciones que anteriormente correspondían de forma exclusiva a la presidencia del órgano judicial.

    “La razón fundamental” de su decisión radica en la aprobación de un decreto emitido por el poder Legislativo, “el cual transfirió al pleno de la Corte Suprema de Justicia las facultades que anteriormente correspondían a la presidencia”.

    La magistrada sostuvo que estos cambios reducen de manera significativa el alcance de sus funciones al frente de la institución.

    “Dicha reforma legislativa ha limitado de manera sustancial las atribuciones que me fueron conferidas al asumir la presidencia de este poder del Estado”.

    Ante este escenario, Obando consideró que su permanencia ya no era compatible con el nuevo esquema institucional definido por la reforma.

    “En aras de la institucionalidad, del respeto al nuevo marco legal y del fortalecimiento del carácter colegiado del poder Judicial, considero necesario dejar el cargo ejecutivo para que el pleno pueda ejercer plenamente las competencias que ahora le corresponden”.

     

  • El congreso de Honduras suspende al fiscal general y le abre juicio político

    El congreso de Honduras suspende al fiscal general y le abre juicio político

    El Congreso Nacional de Honduras aprobó la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, lo que da paso a la apertura de un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

    La decisión contó con 93 votos a favor, con lo que se activa formalmente el proceso legislativo que busca determinar responsabilidades políticas del funcionario, en un contexto de creciente tensión dentro del Parlamento.

    La medida surge tras denuncias de diputados que señalan actuaciones irregulares durante su gestión, especialmente en el marco del proceso electoral y en los días previos a las elecciones generales de 2025.

    Según los señalamientos, la Fiscalía habría ejecutado acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral.

    «No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño», aseveró el propio Zelaya en un mensaje difundido a través de redes sociales.

    En esa misma línea, el fiscal general aseguró que enfrenta el proceso “con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”.

    El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó la medida tras una sesión marcada por la polarización, destacando que es la primera vez en la historia del país que se admite un juicio político contra un alto funcionario con su respectiva suspensión.

    Para llevar adelante el proceso, el Parlamento conformó una Comisión Especial integrada por nueve diputados, quienes serán los encargados de analizar el caso y emitir conclusiones.

    Mientras avanza el procedimiento, el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas, asumirá la titularidad de la Fiscalía de forma interina.

    Además, el Congreso prevé analizar en los próximos días otras denuncias contra altos funcionarios, incluyendo al consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa.

     

  • Organizaciones piden juicio político contra Secretaria de Seguridad de EEUU por abusos migratorios

    Organizaciones piden juicio político contra Secretaria de Seguridad de EEUU por abusos migratorios

    Más de 50 organizaciones civiles, incluyendo colectivos latinos y defensores de migrantes, exigieron este día a la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciar un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por lo que calificaron como una gestión migratoria «violenta, imprudente y violatoria de la Constitución».

    La petición fue formalizada mediante una carta enviada al presidente de la Cámara, Mike Johnson, y otros líderes legislativos, en la que acusan a Noem de incentivar prácticas represivas que han dejado múltiples víctimas y de “socavar intencionalmente la misión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”.

    Entre los grupos firmantes figuran Voto Latino, Freedom for Immigrants (FFI), Hispanic Federation, UnidosUS y Latino Victory Project, quienes destacaron que al menos 187 congresistas ya respaldan la iniciativa de juicio político presentada en enero por la legisladora Robin Kelly por “altos crímenes y faltas menores”.

    Las denuncias contra Noem incluyen la obstrucción del acceso del Congreso a centros de detención migratoria, el uso excesivo de la fuerza —con al menos 14 personas baleadas desde julio de 2025—, y tres muertes documentadas, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

    También criticaron la detención de menores migrantes, como Liam Conejo Ramos, de cinco años, arrestado en Minnesota el mes pasado, lo que desató una fuerte controversia a nivel nacional.

    Las agrupaciones señalaron además que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han resultado en violaciones al debido proceso, detenciones ilegales de ciudadanos indígenas y desacato a órdenes judiciales. Aseguran que Noem ha “desmantelado” las garantías de derechos civiles dentro del DHS y que ha mostrado desconocimiento de principios constitucionales, como el “habeas corpus”.

    “Demandamos que hagan que la secretaria Noem rinda cuentas por sus violaciones sistemáticas a las protecciones constitucionales y su ataque directo a la autoridad del Congreso. El Congreso debe actuar ahora para removerla de su puesto antes de que más vidas se pierdan”, expresaron las organizaciones en el cierre de la carta.