Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos durante operaciones federales de control migratorio desarrolladas en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026.
La organización llegó a estas conclusiones después de investigar las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras instituciones federales. Para su investigación realizó 154 entrevistas y analizó más de 30 pruebas audiovisuales.
Los hallazgos aparecen en un informe de 130 páginas titulado «Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE». AI señala discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, incluida fuerza letal.
La organización también denunció «represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».
Posibles ejecuciones extrajudiciales
Según AI, el sistema de detención y deportación masiva del Gobierno de Donald Trump está impulsado por «discursos falsos, xenófobos y racistas» y «teorías de supremacía blanca». La organización sostiene que las operaciones analizadas estuvieron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales.
El informe menciona como ejemplos de uso ilegítimo de fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington DC. «Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», señala el documento.
Amnistía pide desmantelar el ICE
En relación con las detenciones, AI asegura haber identificado un «patrón generalizado» de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para mantener a personas detenidas durante períodos prolongados, algunas en «condiciones inhumanas» y bajo «coacción», situaciones que, según la organización, pueden constituir «tortura».
AI también documentó casos en los que detenidos no tuvieron acceso a asistencia jurídica ni contacto con sus familiares, mientras que abogados enfrentaron obstáculos para comunicarse con ellos. En algunas ocasiones, según el informe, el ICE se negó a confirmar si determinadas personas estaban bajo su custodia o a informar sobre su paradero, lo que la organización describe como «detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».
Amnistía considera que las vulneraciones documentadas no responden únicamente a actuaciones individuales de los agentes, problemas de formación o falta de supervisión, sino a un entorno institucional «apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump». Por ello, sostiene que la «magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse de manera adecuada mediante reajustes específicos» y considera «necesario» el «fundamental desmantelamiento» del ICE. La organización agregó que los operativos generaron temor entre comunidades migrantes y afectaron la normalidad en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios.