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Las exempleadas de Julio Iglesias que denunciaron al cantante ante la Fiscalía por presunto acoso y agresión sexual en 2021 presentaron una nueva querella después de que el Ministerio Fiscal español archivase su denuncia inicial al entender que los tribunales españoles no eran competentes para investigar.

La ONG que las asiste, Women’s Link, anunció este viernes en un comunicado la querella presentada por Rebeca y Laura (nombres ficticios) y sostienen que estas describen que el cantante «las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes».

Esta organización considera que los hechos denunciados pueden constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.

Cuando en enero acudieron a la Fiscalía, las trabajadoras (una antigua empleada del hogar y una fisioterapeuta) relataron agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando él tenía 77 años, en las casas que posee en República Dominicana y Bahamas.

Una de ellas sostuvo que estaban obligadas a realizarse revisiones ginecológicas, tests de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

La primera denuncia que interpusieron ante la Fiscalía terminó archivada al entender que en este caso no existía un vínculo relevante con España y que no había jurisdicción para actuar.

Ahora esperan un desenlace diferente, según señalaron a EFE Jovana Ríos, directora ejecutiva de Women’s Link, y Estefanny Molina, directora adjunta y de estrategias globales de la ONG.

«Esperamos que la querella de Rebeca y Laura se admita, se investigue y envíe un mensaje claro de que todas las personas tienen derecho a acceder a garantías de acceso a justicia», sostuvieron.

También subrayaron que el archivo adoptado por la Fiscalía no supone «que los hechos hayan sido juzgados ni que exista una decisión judicial definitiva sobre el fondo del asunto»: «Hechos tan graves» merecen a su juicio una investigación por parte de las autoridades.

Además, afirmaron que «miles de trabajadoras remuneradas del hogar» puedan estar enfrentando situaciones similares en América Latina, el Caribe y Europa, puesto que se trata de «un sector profundamente feminizado, racializado y precarizado, donde las relaciones de poder pueden facilitar distintas formas de violencia y explotación».

«Lo que Rebeca y Laura denuncian importa tanto por ellas como por todas las trabajadoras que podrían enfrentar violencias», recalcaron.

Desde que se conoció la denuncia, Julio Iglesias negó la veracidad de las acusaciones en su contra y sus abogados sostuvieron que el cantante había sido sometido a un «linchamiento público».

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter «injurioso y calumnioso» que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que EFE tuvo acceso este martes, el cantante, a través de su abogado, solicita un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen «los daños causados en función de la difusión alcanzada» por su comportamiento.

El letrado del cantante, José Antonio Choclán, recuerda que el acto de conciliación es un requisito previo a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias.

En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa «La Hora de la 1», en el canal público RTVE.

En sendos medios, indica el escrito, «la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (…) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos».

«Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo», decía Díaz en Bluesky.

Una publicación en una plataforma en la que la vicepresidenta segunda cuenta con 38.027 seguidores, que fue «ampliamente comentada y compartida en redes sociales» y de la que se generaron noticias en otros medios, según la demanda.

En TVE, en esa entrevista que el escrito recoge transcrita, Díaz abundó: «Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias».

El abogado del cantante refleja que esa intervención tuvo «una inequívoca repercusión mediática», teniendo en cuenta que ese día dicho programa lideró la franja matinal con un 17.3 % de audiencia.

Por todo ello, considera que la ministra incumplió «abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia».

Para el abogado, sus palabras lesionan «de modo irremediable» no solo el derecho a dicha presunción de inocencia en un caso en el que además no llegó a abrirse un procedimiento judicial, sino también su derecho a la intimidad personal y al honor.

Choclán recoge jurisprudencia en este sentido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y señala que las palabras de Díaz conculcan también la directiva europea que entre otros puntos recoge la prohibición de que las autoridades realicen referencias públicas a la culpabilidad de alguien sometido al proceso penal.

El cantante había sido denunciado por dos de sus exempleadas por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó en enero la investigación abierta al considerar que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar la denuncia, por falta de competencias.

El cantante Julio Iglesias ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional (Madrid, España), que le remita la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico asegurando que es «insólito» que no disponga de una copia de la misma.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la representación de Iglesias asegura que es una «paradoja que el único interesado que no la conoce» sea el artista, algo «insólito» de acuerdo con el «ordenamiento jurídico constitucional» español.

Su letrado afirma que existe un «indudable interés legítimo» en disponer de la denuncia, en la que una empleada de hogar y una fisioterapeuta que trabajaron para Iglesias aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo.

Este nuevo escrito llega después de que la Fiscalía haya señalado que no procede estimar la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, como así solicitó el abogado del cantante.

El letrado del cantante, sin embargo, cree que debería permitirse la personación «para dilucidar la ausencia de jurisdicción de la Audiencia Nacional». «Es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado sobre la citada cuestión procesal, ante la difusión pública de la denuncia y de la incoación de las presentes diligencias», añade.

Fue este lunes cuando el abogado de Iglesias pidió al Ministerio Fiscal que le tuviera por personado en las diligencias de investigación al tiempo que solicitó que se diera carpetazo a las mismas por «la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos».

El cantante, por su parte, publicó el pasado viernes un mensaje en su cuenta en Instagram en el que afirmaba que esas acusaciones son «absolutamente falsas» y que le causan «una gran tristeza». «Nunca había sentido tanta maldad», exclamó, advirtiendo de que aún le quedan «fuerzas» para que la gente conozca «toda la verdad» y también para defender su «dignidad ante un agravio tan grave».

La denuncia

Según la investigación realizada por ‘elDiario.es’ en colaboración con Univisión Noticias, una de las exempleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones sostiene que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la llamaba a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. «Me usaba casi todas las noches», dice en una entrevista con los medios investigadores.

«Me sentía como un objeto, como una esclava», añade. Estos encuentros sexuales se producían casi siempre con la presencia y la participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica respecto a esta trabajadora del servicio doméstico.

De acuerdo con la investigación, en las entrevistas las personas afectadas hablan de «condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias».

Las dos mujeres que refieren agresiones sexuales «fueron entrevistadas en repetidas ocasiones a lo largo de más de un año, y ofrecen testimonios consistentes y estables», recoge la publicación que asegura que «sus declaraciones han sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos».

Los hechos descritos por dos de las trabajadoras habrían tenido lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman esas dos extrabajadoras.