Etiqueta: justicia

  • Joven española, Noelia, muere tras recibir la eutanasia después de dos años de proceso judicial

    Joven española, Noelia, muere tras recibir la eutanasia después de dos años de proceso judicial

    La joven originaria de Barcelona, España, Noelia, de 25 años y con una condición de paraplejia, murió este jueves luego de recibir la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes, según informó Abogados Cristianos.

    El procedimiento se concretó casi dos años después de que la joven solicitara la muerte asistida, en medio de un proceso judicial que incluyó la intervención de cinco instancias debido a la oposición de su padre.

    El caso avanzó luego de que una jueza de Barcelona autorizara la eutanasia en marzo de 2025, lo que derivó en una serie de recursos legales presentados por el progenitor de la joven.

    Abogados Cristianos argumentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que Noelia no contaba con la “capacidad necesaria para tomar la decisión”, basándose en antecedentes psíquicos.

    Sin embargo, el TSJC confirmó la autorización en septiembre de 2025 al concluir que las evaluaciones judiciales no respaldaban los argumentos del padre, aunque reconoció su derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo.

    Una persona protesta en la entrada del hospital Sant Camil, a 26 de marzo de 2026, en Sant Pere de Ribes, Barcelona, Cataluña (España). Lorena Sopêna / Europa Press

    Los informes recogidos en la sentencia señalaron que el Comité de Ética Asistencial determinó que la joven no tenía déficit cognitivo ni alteraciones que afectaran su capacidad de decisión, además de manifestar un sufrimiento constante y una “clara falta de sentido vital”.

    Diversos especialistas en psicología clínica, neuropsicología y psiquiatría coincidieron en que comprendía la “gravedad” de la decisión y mantenía firme su voluntad de acceder a la eutanasia.

    Las evaluaciones también concluyeron que tenía un coeficiente intelectual dentro de parámetros normales, sin trastornos del pensamiento, aunque presentaba síntomas depresivos crónicos que le generaban un sufrimiento “insoportable” derivado de su lesión medular.

    Los peritos indicaron que la solicitud fue realizada de forma “libre, sin injerencia ni influencia de su propia enfermedad mental”, respaldada además por otros seis médicos que confirmaron su capacidad para decidir.

    Noelia sostuvo su decisión desde abril de 2024, cuando pidió la eutanasia, que fue avalada en julio por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, sin que se acreditara un cambio de postura.

    En enero de este año, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del padre y confirmó la legalidad del procedimiento, decisión que posteriormente también fue ratificada por el Tribunal Constitucional, agotando las vías judiciales en España.

    Finalmente, el caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las medidas cautelares solicitadas para frenar la eutanasia.

    El pasado miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló a organizaciones no gubernamentales de “matar a las víctimas en lugar de protegerse”, retomando la historia de Noelia y aseveró que «este es el fin (objetivo) último de las organizaciones de derechos humanos”.

     

  • Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con marchas masivas

    Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con marchas masivas

    Argentina conmemorará este martes los 50 años del golpe de Estado de 1976 con movilizaciones en todo el país, encabezadas por organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.

    La principal concentración se realizará en Buenos Aires, donde se espera una amplia participación ciudadana en la histórica Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.

    En ese lugar, las Madres de Plaza de Mayo mantienen desde 1977 su reclamo por el paradero de unas 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura militar.

    Las marchas se desarrollarán bajo la consigna “memoria, verdad y justicia”, en una jornada que busca mantener vivo el rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

    Por segundo año consecutivo, los distintos sectores convocantes marcharán de forma unificada, tras casi dos décadas en las que realizaron actos por separado en esta fecha.

    Entre las actividades, se ha invitado a los asistentes a portar fotografías de personas desaparecidas junto al mensaje «que digan dónde están», como símbolo de memoria y exigencia de justicia.

    Las Abuelas de Plaza de Mayo también convocaron a llevar pañuelos blancos intervenidos con mensajes o nombres, en alusión a su lucha por encontrar a niños apropiados durante el régimen.

    Previo a la movilización, se realizará una vigilia en la Plaza de Mayo con actividades culturales, mientras que otras agrupaciones iniciarán marchas desde sitios emblemáticos vinculados a la represión.

    Al cierre de la jornada, las organizaciones leerán un documento con reclamos de justicia y críticas a las políticas actuales del Gobierno, en un contexto de debate sobre la memoria histórica en el país.

     

  • Condenan a 62 años por feminicidio y robo en Santa Ana

    Condenan a 62 años por feminicidio y robo en Santa Ana

    El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a Samuel Iván Rivas Rivas a 62 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado y robo.

    La pena fue desglosada en 50 años de cárcel por el feminicidio agravado y 12 años adicionales por el delito de robo, tras comprobarse su responsabilidad en los hechos.

    Según lo establecido en el juicio, el crimen ocurrió la noche del 4 de junio de 2024 en el cantón Natividad, en el distrito de Santa Ana Centro, donde la víctima, una mujer de 69 años, se encontraba en su vivienda.

    En el inmueble también funcionaba un pequeño negocio de venta de bebidas alcohólicas, lugar al que el imputado ingresó debido a que era conocido de la víctima.

    De acuerdo con las pruebas presentadas, durante la madrugada el acusado atacó a la mujer con un cuchillo, provocándole la muerte dentro de la vivienda. Posteriormente, sustrajo dos teléfonos celulares y otros objetos de valor, tras lo cual huyó del lugar.

    El 5 de junio, familiares de la víctima, al no lograr comunicarse con ella, acudieron a la vivienda y alertaron a las autoridades tras observar rastros de sangre en el portón.

    Agentes policiales ingresaron al inmueble y confirmaron el fallecimiento de la mujer, iniciando las investigaciones correspondientes.

    El imputado fue capturado el 6 de junio de 2024 y, durante el procedimiento, se le encontró uno de los teléfonos robados, además de otros objetos sustraídos localizados en su vivienda.

     

  • Cámara declara culpable de enriquecimiento ilícito a exalcalde Roberto d’Aubuisson

    Cámara declara culpable de enriquecimiento ilícito a exalcalde Roberto d’Aubuisson

    La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito contra el exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d’Aubuisson Munguía y su grupo familiar, tras concluir que no se pudo justificar legalmente el origen de varios fondos patrimoniales.

    La resolución judicial establece que el incremento patrimonial no justificado ocurrió durante el período en que el demandado ejerció cargos públicos, primero como diputado propietario por el departamento de La Libertad entre 2012 y 2015.

    Posteriormente, el tribunal también evaluó su gestión como alcalde del municipio de Santa Tecla, cargo que ocupó durante dos períodos consecutivos entre 2015 y 2018 y 2018 y 2021, bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

    Según el fallo, el monto total que deberá ser restituido al Estado asciende a $990,396.99, cantidad que corresponde al incremento patrimonial que no pudo ser justificado ante las autoridades judiciales.

    El tribunal determinó que el exfuncionario deberá reintegrar $450,729.39, mientras que su cónyuge, Jacqueline López de d’Aubuisson, deberá devolver $511,247.73.

    Asimismo, la sentencia establece que Johana d’Aubuisson López deberá reintegrar $12,939.87, mientras que José Roberto d’Aubuisson López deberá devolver $15,480.

    La Cámara Ambiental indicó que la decisión se tomó tras valorar diversas pruebas dentro del proceso judicial, entre ellas pericias financieras y documentación patrimonial.

    Tras el análisis del material probatorio, la instancia judicial ratificó la responsabilidad civil del grupo familiar por el incremento patrimonial no justificado.

    Además del reintegro del dinero, el tribunal ordenó la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos durante 10 años, como parte de las sanciones establecidas en la resolución.

     

  • La ONU advierte crisis profunda en el sistema judicial guatemalteco

    La ONU advierte crisis profunda en el sistema judicial guatemalteco

    La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó el lunes que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”, tras evaluar la situación institucional del país.

    Durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, la funcionaria explicó que distintos factores han debilitado la independencia judicial y han colocado al sistema de justicia en una situación “crítica”.

    Entre los principales problemas identificados mencionó la “instrumentalización de la justicia”, la concentración de poder y la persecución contra operadores judiciales, elementos que, según indicó, afectan el funcionamiento del Estado de derecho en el país.

    Satterthwaite presentó estas conclusiones al divulgar su informe final sobre la visita que realizó en mayo de 2025 a Guatemala, donde permaneció 12 días para evaluar el funcionamiento del sistema judicial.

    Durante su estancia, sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, además de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en Ciudad de Guatemala y en los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz.

    La relatora reiteró también su preocupación por el papel del Ministerio Público, al señalar que la información recopilada apunta a la existencia de una política de criminalización contra operadores de justicia.

    Pese a este panorama, Satterthwaite expresó confianza en que Guatemala pueda revertir la situación, al destacar que su Constitución ha demostrado en el pasado la posibilidad de garantizar el respeto a la ley.

    Además, subrayó que las designaciones previstas para los próximos meses serán determinantes para el futuro del sistema judicial, entre ellas la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad, un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo fiscal general que sustituya a la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.

    “Las designaciones previstas para 2026 a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público serán decisivas para determinar si los actuales patrones de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten”, concluyó la relatora.

     

  • Condenan a padre a 42 años por abusar de su hija

    Condenan a padre a 42 años por abusar de su hija

    El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 42 años y ocho meses de prisión a F. E. G. B., tras declararlo culpable de los delitos de violación en menor o incapaz agravada, en modalidad continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada, cometidos en perjuicio de su hija biológica, quien tenía 12 años al momento de los hechos. Además, el tribunal estableció una condena civil a favor de la víctima.

    Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el testimonio de la menor, el cual fue coherente con la prueba documental, pericial y testimonial incorporada al proceso. Estos elementos permitieron al tribunal establecer la responsabilidad penal del procesado y fundamentar la severidad de la pena impuesta.

    De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en al menos cuatro ocasiones al interior de la vivienda del ahora condenado, ubicada en Santa Ana Oeste. La situación fue denunciada posteriormente ante las autoridades competentes, lo que dio paso a la investigación y al proceso judicial correspondiente.

    En su resolución, el tribunal valoró la gravedad de los delitos, así como la relación de confianza y autoridad derivada del vínculo paterno-filial, que agravó la conducta del imputado. También destacó la especial protección que la legislación salvadoreña otorga a niñas, niños y adolescentes frente a este tipo de delitos sexuales.

  •  Condenan a 15 años de cárcel a empleada doméstica y a su cómplice por hurto agravado en Berlín, Usulután

     Condenan a 15 años de cárcel a empleada doméstica y a su cómplice por hurto agravado en Berlín, Usulután

    El Juzgado Segundo de Paz del distrito de Berlín, en el departamento de Usulután, condenó a 15 años de prisión a Isabel del Carmen Montes Pérez y José Iván Ayala Cañas, luego de ser encontrados culpables del delito de hurto agravado, informó la Fiscalía General de la República.

    Los hechos ocurrieron en la lotificación Quinta Solórzano, donde la pareja ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima y sustrajo una suma de $922, cuatro anillos valorados en $750 y dos cadenas de oro valoradas en $200, según detalló la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el reporte fiscal, la víctima presenció el momento en que los acusados salían del inmueble con una bolsa plástica, lo que generó sospechas. Al ingresar a su hogar, notó la ausencia de dos botes de plástico con monedas y varias joyas, por lo que alertó de inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC).

    Los agentes lograron capturar a los implicados en flagrancia, incautándoles el dinero y las joyas sustraídas, los cuales fueron presentados como pruebas ante el tribunal.

    Según la fiscal del caso, Montes Pérez había trabajado como empleada doméstica en esa vivienda, lo que facilitó el acceso al inmueble. Ambos condenados estuvieron presentes durante la vista pública, en la que se determinó su culpabilidad por los hechos ocurridos.

     

  •  Cardenal hondureño pide a Asfura priorizar migrantes y combatir la corrupción

     Cardenal hondureño pide a Asfura priorizar migrantes y combatir la corrupción

    El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry «Tito» Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones contribuyen a incrementar la pobreza en el país centroamericano.

    “Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el cardenal este domingo, al hacer un llamado público al mandatario, tras su reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Rodríguez recordó que cerca de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, muchos de los cuales sostienen la economía nacional a través del envío de remesas. Por ello, pidió buscar soluciones concretas para este sector vulnerable.

    Durante su visita en Miami, Asfura aseguró a periodistas que abordó con Trump temas relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), además de inversión y política arancelaria.

    “Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, dijo el mandatario, quien tomó posesión el pasado 27 de enero.

    Rodríguez también hizo un fuerte llamado a combatir la corrupción, a la que definió como un “mal endémico” que ha mantenido al país postrado durante décadas.

    “La corrupción nos ha tenido postrados por años, no simplemente por un gobierno, dos o tres gobiernos, es un mal endémico que hay que tratar de echar fuera”, sostuvo.

    El líder religioso señaló que, para atraer inversión extranjera, el gobierno debe garantizar un sistema judicial confiable y con aplicación efectiva de la ley. Además, recalcó que el cambio de país no puede lograrse en un período de cuatro años, sino con una visión a largo plazo.

    Finalmente, Rodríguez exhortó a las nuevas autoridades a guiarse por los principios del Evangelio y los mandamientos: “no robar, no mentir y no matar”. A su juicio, estos valores siguen siendo fundamentales para transformar a Honduras con justicia y esperanza.

     

  • ¿Por qué fue condenado Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel?

    ¿Por qué fue condenado Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel?

    Norman Quijano, excandidato presidencial por el partido ARENA en las elecciones de 2014, expresidente de la Asamblea Legislativa y exalcalde de San Salvador, fue condenado en abril de 2024 a 13 años y cuatro meses de cárcel por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. La condena fue emitida luego de que el tribunal encontrara pruebas suficientes para establecer que Quijano negoció con pandilleros durante su campaña presidencial, ofreciendo favores a cambio de votos.

    La condena fue dictada bajo los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La Fiscalía General de la República de El Salvador presentó pruebas documentales, testimoniales y audios que mostraban reuniones entre Quijano y los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 antes de la segunda vuelta electoral en 2014. Según la acusación, Quijano pidió el apoyo de estas pandillas para que permitieran votar a los ciudadanos bajo su control a cambio de compromisos con programas de reinserción social y otros beneficios, como la reducción de ataques policiales.

    La defensa de Quijano, sin embargo, ha rechazado la sentencia, argumentando que las pruebas presentadas en el juicio no son suficientes para probar los delitos de agrupaciones ilícitas ni fraude electoral. El abogado Lisandro Quintanilla, entonces defensor de Quijano, aseguró que los testimonios de los testigos con régimen de protección no demostraron que Quijano estuviera involucrado en negociaciones con pandillas, y afirmó que los audios y videos presentados en el juicio no respaldan la acusación de que el exfuncionario pidió votos a cambio de dinero o beneficios.

    La condena también incluye la inhabilitación de Quijano para ejercer cargos públicos, incluyendo su puesto como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), por lo que la Cámara de lo Penal notificó al PARLACEN para que inicie los trámites para su cese.

    Condena en apelación

    A pesar de la condena, la defensa presentó una apelación  ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema el 24 de junio de 2025, solicitando la nulidad del proceso, al considerar que no se probó el delito y que se violó el debido proceso durante el juicio. La apelación se centró en la falta de evidencia suficiente para respaldar las acusaciones y en la irregularidad del desafuero de Quijano, que no se siguió como lo establece el Código Procesal Penal.

    No se ha conocido una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema al respecto.

     

  • Condenan a 10 años de prisión a sujeto que mantuvo cautiva y violó a una niña de 12 años

    Condenan a 10 años de prisión a sujeto que mantuvo cautiva y violó a una niña de 12 años

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de diez años de prisión contra Misael Alexander Meléndez Dinarte, hallado culpable del delito de violación en menor o incapaz en modalidad continuada. La resolución judicial se obtuvo luego de que el imputado admitiera los hechos mediante un procedimiento abreviado.

    De acuerdo con las investigaciones fiscales, los hechos dieron inicio el 4 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Mercado Municipal de Apopa. Meléndez Dinarte contactó a la menor, de apenas 12 años, y bajo engaños o manipulación la trasladó hacia San Salvador.

    Durante un periodo de diez días, el sujeto mantuvo a la niña bajo su control y cautiverio, tiempo en el cual cometió agresiones sexuales de forma repetida.

    La pesadilla para la menor terminó cuando fue localizada en el sector de La Libertad Costa. Tras el hallazgo, las autoridades notificaron a sus familiares, quienes procedieron de inmediato con la denuncia formal que permitió la captura del agresor.

    Además de la pena de cárcel, el juzgador determinó que Meléndez deberá pagar $1,500 a la víctima.