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  • Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    La Corte Suprema de Justicia notificó a la Asamblea Legislativa sobre una propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial, aprobada en Corte Plena el pasado 4 de noviembre, con el objetivo de reestructurar y redistribuir la carga de trabajo en los juzgados del departamento de San Miguel.

    El plan contempla la conversión de los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y Chinameca en nuevos juzgados especializados, así como la ampliación de competencias territoriales para diversas sedes judiciales civiles, mercantiles, laborales y penales.

    Según uno de los considerandos, los controles estadísticos de la Corte revelaron una sobrecarga de trabajo en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Por ello, se propone una reorganización interna con los recursos existentes para garantizar un mejor acceso a la justicia.

    La Asamblea Legislativa debe dar por recibida la reforma y mandarla a publicar al Diario Oficial para que entre en vigencia.

    Principales reformas aprobadas en Corte Plena:

    Conversión de juzgados: El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios se convierte en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, mientras que el de Chinameca será el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Ambos mantendrán su sede original, pero asumirán competencia en todo el departamento.

    Ampliación de competencia: Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel extenderán su jurisdicción a todos los distritos del departamento. Lo mismo aplicará para los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, que asumirán procesos penales provenientes de los distritos de Ciudad Barrios y Chinameca.

    Juzgado de lo Laboral: El Juzgado de lo Laboral de San Miguel absorberá todos los procesos laborales activos e inactivos que estaban bajo la competencia de los juzgados convertidos.

    Redistribución penal: Los casos penales en trámite serán asignados de forma equitativa entre los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, mediante la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de San Miguel.

    Segunda instancia: La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente será competente para conocer en apelación los casos tramitados en los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Garantía de derechos laborales: El acuerdo garantiza el respeto pleno de los derechos laborales del personal de los juzgados convertidos. Su incorporación a los nuevos juzgados será evaluada por la Corte Suprema según criterios técnicos y el Manual de Clasificación de Cargos vigente.

    Además, se establece que durante los primeros cuatro meses a partir de la entrada en vigencia del decreto —la cual se dará 60 días después de su publicación en el Diario Oficial—, la recepción de nuevas demandas corresponderá exclusivamente a los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Casos fenecidos y archivo judicial: Los expedientes cerrados de los juzgados convertidos serán enviados al Archivo Especializado Judicial. Las partes interesadas podrán solicitar certificaciones o constancias ante los nuevos juzgados, según corresponda.

    Los juzgados transformados deberán remitir todos los procesos activos o en trámite al Juzgado de lo Laboral y a los juzgados de Instrucción mencionados, en un plazo máximo de 90 días, a través de la Secretaría Receptora.

    Gestión tecnológica: La distribución de demandas y asignaciones podrá realizarse utilizando herramientas tecnológicas. La Secretaría Receptora comunicará digitalmente las asignaciones tanto a los juzgados como a los usuarios del sistema judicial.

    Finalmente, dicha Secretaría también será responsable de designar a los juzgados de instrucción encargados de conocer los casos provenientes de Juzgados de Paz de los distritos ubicados en los municipios de San Miguel Norte y San Miguel Oeste.

     

  • Condenan a 10 años de cárcel a seis extranjeros capturados en altamar con cargamento de cocaína

    Condenan a 10 años de cárcel a seis extranjeros capturados en altamar con cargamento de cocaína

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a seis ciudadanos extranjeros —tres ecuatorianos y tres mexicanos— tras ser hallados culpables del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública, informó este viernes Centros Judiciales.

    Los sentenciados son los ecuatorianos Carlos Alfredo Catato Malave, Junior Alexander Lucas Mero y Manuel Enrique de la Rosa González; así como los mexicanos Fermín Cortez Leiva, Félix José Rosales García y Abel Ramos Meza.

    Según la acusación fiscal, el 12 de octubre de 2024, unidades de la Fuerza Naval de El Salvador detectaron a los ecuatorianos a 920 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz. Los imputados se desplazaban en una lancha que transportaba 1,551 paquetes de cocaína, valorados en $38,992,140.

    Horas después, fue interceptada una segunda embarcación, esta vez tripulada por los tres mexicanos, quienes tenían la misión de suministrar combustible y víveres a la lancha que llevaba la droga, de acuerdo con el expediente judicial.

    Durante la vista pública, los seis imputados aceptaron haber cometido el ilícito y aseguraron ser pescadores. Asimismo, ofrecieron disculpas al Estado salvadoreño.

    La droga decomisada fue puesta bajo resguardo de las autoridades correspondientes, como parte del esfuerzo regional contra el narcotráfico transnacional que afecta las costas del Pacífico centroamericano.

     

  • Tribunal Supremo condena a fiscal general de España por revelación de secretos

    Tribunal Supremo condena a fiscal general de España por revelación de secretos

    El Tribunal Supremo de España condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de $7,200 por un delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

    Además, la máxima instancia judicial ordenó una indemnización de $10,000 a favor de González Amador por daños morales, derivado de la filtración de un correo electrónico interno vinculado a una causa judicial. El caso, que ha generado una fuerte controversia política y mediática, marca un precedente al ser la primera vez que un fiscal general es juzgado penalmente en el país.

    El fallo fue adelantado por el alto tribunal apenas una semana después del histórico juicio, en el que el jefe del Ministerio Público español enfrentó cargos ante siete magistrados, en su mayoría de tendencia conservadora. La sentencia definitiva aún no ha sido redactada, pero ya fue comunicada a las partes involucradas.

    El juicio se centró en la publicación de un correo interno de la Fiscalía que fue difundido a medios de comunicación y en el que se hacían precisiones sobre una causa que implicaba a González Amador. Según el tribunal, esto constituyó una violación del deber de confidencialidad que García Ortiz debía respetar en su cargo.

    El proceso no estuvo exento de divisiones internas. Dos magistradas de orientación progresista, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron un voto particular en desacuerdo con la mayoría. Polo, que en un principio fue designada como ponente de la sentencia, fue sustituida por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien finalmente asumió la redacción del fallo.

    La decisión judicial no surtirá efectos inmediatos hasta que se notifique formalmente la sentencia escrita, la cual se hará pública en los próximos días. Sin embargo, ya ha provocado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país, debido a su trascendencia institucional.

    Álvaro García Ortiz, quien fue nombrado fiscal general por el actual gobierno socialista, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona su imparcialidad y lo acusa de actuar con motivaciones políticas.

    Este caso se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo central y el gobierno regional de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras de la oposición al presidente Pedro Sánchez.

     

  • La masacre de los padres jesuitas cumple 36 años sin justicia

    La masacre de los padres jesuitas cumple 36 años sin justicia

    La masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de origen español y un salvadoreño,  junto a dos mujeres salvadoreñas, ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), cumple este año 36 años sin que haya justicia plena para las víctimas. El crimen, ejecutado por un comando militar, sigue sin resolverse del todo a pesar de su calificación como crimen de lesa humanidad.

    Las víctimas fueron los religiosos Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno —todos ellos españoles—, el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA, Elba Ramos, y su hija Celina, de tan solo 16 años. El asesinato fue parte de una ofensiva militar en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

    Conocidos como los “Mártires de la UCA”, los jesuitas son recordados por su compromiso con los sectores más pobres y por su defensa de los derechos humanos en medio del conflicto armado. Este aniversario está marcado por la ausencia del sacerdote José María Tojeira, principal impulsor de la causa penal, quien falleció en septiembre pasado.

    A pesar de que en noviembre de 2023 el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó que 11 acusados fueran llevados a juicio, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el proceso judicial ha permanecido estancado durante un año, sin movimientos públicos y con varios imputados aún prófugos.

    Entre los acusados también figura el exdiputado y abogado Rodolfo Parker, ambos señalados como autores intelectuales. La causa, que había sido archivada en 2020 por la Sala de lo Penal, fue reabierta en 2022 gracias a un fallo de la Sala de lo Constitucional, que ordenó continuar con el proceso judicial.

    Hasta la fecha, el único militar que ha cumplido parte de su condena en El Salvador es el coronel Guillermo Benavides, quien fue sentenciado a 30 años de prisión. Sin embargo, en 2022 recibió libertad condicional anticipada por edad avanzada y haber cumplido un tercio de la pena. Por otro lado, en España, la Audiencia Nacional condenó al exviceministro de Seguridad, Inocente Montano, a 133 años de cárcel, pena que cumple en ese país.

    Además de Cristiani, Parker y Montano, enfrentan cargos Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Rivas Mejía. Todos ellos son militares retirados o exfuncionarios del gobierno de la época.

    A 36 años del asesinato, los familiares de las víctimas y organismos defensores de derechos humanos continúan exigiendo justicia ante la impunidad que persiste. El caso de los jesuitas se mantiene como un símbolo de los crímenes atroces del conflicto salvadoreño y la lucha por la verdad y reparación en el país.

     

  • Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Tribunal de EEUU pospone audiencia por tráfico de personas contra Kilmar Ábrego hasta el 8 de diciembre

    Kilmar Ábrego García, el salvadoreño deportado en marzo y devuelto en junio a EEUU, comparecerá ante la justicia estadounidense el próximo 8 y 9 de diciembre, luego de que un juez federal reprogramara la audiencia de acusación por tráfico humano en Tennessee, originalmente prevista para esta semana.

    La decisión fue tomada por el juez Waverly Crenshaw, quien se reunió con los abogados defensores y fiscales el pasado viernes. Aunque no se han revelado los motivos del cambio de fecha, se espera que en la audiencia se analicen los argumentos de la defensa para desechar los cargos y excluir parte de las pruebas presentadas.

    La defensa de Ábrego García sostiene que los cargos federales por tráfico humano en su contra son “represalias judiciales” y que, ante la posibilidad de una acusación con motivaciones indebidas, corresponde al gobierno probar lo contrario.

    En documentos recientes, el equipo legal del salvadoreño denunció que el gobierno estadounidense no ha entregado información clave para su defensa ni ha permitido el testimonio de testigos relevantes en la audiencia.

    El caso se remonta a un incidente ocurrido en 2022, cuando agentes estatales detuvieron a Abrego García en una carretera de Tennessee y encontraron a ocho personas más en su vehículo. En el operativo también se le decomisaron $1,400 en efectivo, cantidad que, según los oficiales, habría sido un pago por el traslado.

    Durante la intervención, Ábrego García cambió su versión de los hechos en varias ocasiones. Inicialmente dijo que se dirigía a su casa en Maryland, luego afirmó que viajaba por motivos laborales. Además, señaló que las personas a bordo del vehículo provenían de St. Louis, Missouri.

    El salvadoreño fue deportado a El Salvador en marzo de este año junto a un grupo de venezolanos que fue recluido en el CECOT, pero posteriormente fue repatriado a Estados Unidos para enfrentar los cargos federales. Según los registros migratorios, Ábrego García ingresó al país en 2011 y fue sujeto de una orden de deportación desde 2019, que luego fue suspendida.

    Hasta ahora, el juez Crenshaw no ha emitido un fallo sobre la moción para desestimar los cargos. El resultado de la audiencia de diciembre será determinante para definir si el caso avanza o queda anulado por presunta persecución judicial.

    El gobierno estadounidense ha pretendido deportar a Ábrego García a varios países africanos, pero el juez ha ordenado que permanezca en EEUU mientras se realiza el proceso en su contra..

  • El Papa León XIV denuncia la violencia y la indiferencia mundial en homilía en el Vaticano

    El Papa León XIV denuncia la violencia y la indiferencia mundial en homilía en el Vaticano

    El papa León XIV expresó este domingo su preocupación por los conflictos y la falta de solidaridad en el mundo, al señalar que «pueblos enteros se ven hoy aplastados por la violencia y, más aún, por una indiferencia desvergonzada que los abandona a un destino de miseria». Sus palabras se pronunciaron durante la homilía celebrada en la parroquia de Santa Anta, en la Ciudad del Vaticano.

    «Os animo a perseverar con esperanza en un tiempo seriamente amenazado por la guerra», declaró el pontífice, de origen estadounidense y peruano. Añadió que, frente a los dramas de la humanidad, los cristianos no deben resignarse: «No queremos ser sumisos, sino anunciar con la palabra y con las obras que Jesús es el Salvador del mundo, Aquel que nos libera de todo mal».

    Durante su mensaje, el papa pidió por los líderes de las naciones, exhortando a que actúen libres de la tentación de usar la riqueza «contra el hombre, transformándola en armas que destruyen a los pueblos y en monopolios que humillan a los trabajadores».

    En su homilía, reflexionó sobre el uso de los bienes materiales: «Quien sirve a Dios se libera de la riqueza, pero quien sirve a la riqueza queda esclavizado por ella. Quien busca la justicia transforma la riqueza en bien común; quien busca el dominio transforma el bien común en presa de su propia codicia».

    El pontífice advirtió que el apego excesivo a lo material «confunde nuestro corazón y distorsiona nuestro futuro». Señaló que la gran tentación de la sociedad moderna es «pensar que sin Dios podríamos vivir bien de todos modos, mientras que sin riqueza estaríamos tristes y afligidos por mil necesidades».

    Finalmente, León XIV subrayó que esta lógica de acumulación alimenta la desconfianza entre los pueblos: «En lugar de pedir ayuda con confianza y compartir con fraternidad, nos sentimos impulsados a calcular, a acumular, volviéndonos sospechosos y desconfiados hacia los demás. Estos pensamientos convierten al prójimo en un competidor, en un rival o en alguien de quien sacar provecho».

     

  • Justicia argentina ordena a expresidenta Cristina Fernández pagar $537 millones por corrupción

    Justicia argentina ordena a expresidenta Cristina Fernández pagar $537 millones por corrupción

    Un tribunal federal de Argentina ordenó este martes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho exfuncionarios y empresarios pagar $537 millones como parte de la ejecución de la sentencia por corrupción en la causa conocida como “Vialidad”.

    El Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) determinó que los condenados deben cubrir 685,000 millones de pesos, equivalentes a $537 millones, por el “grave daño al erario público” ocasionado durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

    La resolución judicial señala que Fernández deberá abonar en efectivo su parte del monto total en un plazo de diez días hábiles, mediante un depósito en una cuenta judicial del Banco de la Nación Argentina. Si no lo hace, se procederá con el remate de las propiedades embargadas a su nombre.

    Además de la expresidenta, también fueron condenados a realizar el pago el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios José López, Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe. Todos ellos se encuentran actualmente en prisión.

    El monto fue establecido tras una pericia oficial de contadores públicos que desestimó los cálculos presentados por la defensa de Fernández, la cual proponía un reintegro de apenas 42,000 millones de pesos, equivalente a unos $33 millones.

    Se prevé que los condenados, incluida Fernández, presenten recursos para apelar el fallo emitido por el TOF 2.

    Desde el mes pasado, la exmandataria cumple prisión domiciliaria tras la ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena que le impuso seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

    La Justicia argentina determinó que Fernández debe permanecer en la misma residencia donde cumple su arresto domiciliario, portar una tobillera electrónica y limitar las visitas a un listado previamente aprobado. Las frecuentes manifestaciones de simpatizantes peronistas en las inmediaciones han generado molestias entre vecinos, pero los jueces rechazaron un cambio de lugar de reclusión.