Etiqueta: justicia

  •  Condenan a 15 años de cárcel a empleada doméstica y a su cómplice por hurto agravado en Berlín, Usulután

     Condenan a 15 años de cárcel a empleada doméstica y a su cómplice por hurto agravado en Berlín, Usulután

    El Juzgado Segundo de Paz del distrito de Berlín, en el departamento de Usulután, condenó a 15 años de prisión a Isabel del Carmen Montes Pérez y José Iván Ayala Cañas, luego de ser encontrados culpables del delito de hurto agravado, informó la Fiscalía General de la República.

    Los hechos ocurrieron en la lotificación Quinta Solórzano, donde la pareja ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima y sustrajo una suma de $922, cuatro anillos valorados en $750 y dos cadenas de oro valoradas en $200, según detalló la Fiscalía General de la República (FGR).

    De acuerdo con el reporte fiscal, la víctima presenció el momento en que los acusados salían del inmueble con una bolsa plástica, lo que generó sospechas. Al ingresar a su hogar, notó la ausencia de dos botes de plástico con monedas y varias joyas, por lo que alertó de inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC).

    Los agentes lograron capturar a los implicados en flagrancia, incautándoles el dinero y las joyas sustraídas, los cuales fueron presentados como pruebas ante el tribunal.

    Según la fiscal del caso, Montes Pérez había trabajado como empleada doméstica en esa vivienda, lo que facilitó el acceso al inmueble. Ambos condenados estuvieron presentes durante la vista pública, en la que se determinó su culpabilidad por los hechos ocurridos.

     

  •  Cardenal hondureño pide a Asfura priorizar migrantes y combatir la corrupción

     Cardenal hondureño pide a Asfura priorizar migrantes y combatir la corrupción

    El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, instó al presidente Nasry «Tito» Asfura a colocar como prioridad la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, al advertir que las deportaciones contribuyen a incrementar la pobreza en el país centroamericano.

    “Es muy importante que se tengan en cuenta los hondureños que viven allá (en EE.UU.) y esas deportaciones, ¿qué es lo que hacen? Simplemente más pobreza”, afirmó el cardenal este domingo, al hacer un llamado público al mandatario, tras su reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Rodríguez recordó que cerca de 1.8 millones de hondureños residen en Estados Unidos, entre documentados e indocumentados, muchos de los cuales sostienen la economía nacional a través del envío de remesas. Por ello, pidió buscar soluciones concretas para este sector vulnerable.

    Durante su visita en Miami, Asfura aseguró a periodistas que abordó con Trump temas relacionados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), además de inversión y política arancelaria.

    “Estuvimos hablando del TPS; ustedes saben que todavía está pendiente”, dijo el mandatario, quien tomó posesión el pasado 27 de enero.

    Rodríguez también hizo un fuerte llamado a combatir la corrupción, a la que definió como un “mal endémico” que ha mantenido al país postrado durante décadas.

    “La corrupción nos ha tenido postrados por años, no simplemente por un gobierno, dos o tres gobiernos, es un mal endémico que hay que tratar de echar fuera”, sostuvo.

    El líder religioso señaló que, para atraer inversión extranjera, el gobierno debe garantizar un sistema judicial confiable y con aplicación efectiva de la ley. Además, recalcó que el cambio de país no puede lograrse en un período de cuatro años, sino con una visión a largo plazo.

    Finalmente, Rodríguez exhortó a las nuevas autoridades a guiarse por los principios del Evangelio y los mandamientos: “no robar, no mentir y no matar”. A su juicio, estos valores siguen siendo fundamentales para transformar a Honduras con justicia y esperanza.

     

  • ¿Por qué fue condenado Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel?

    ¿Por qué fue condenado Norman Quijano a 13 años y cuatro meses de cárcel?

    Norman Quijano, excandidato presidencial por el partido ARENA en las elecciones de 2014, expresidente de la Asamblea Legislativa y exalcalde de San Salvador, fue condenado en abril de 2024 a 13 años y cuatro meses de cárcel por la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador. La condena fue emitida luego de que el tribunal encontrara pruebas suficientes para establecer que Quijano negoció con pandilleros durante su campaña presidencial, ofreciendo favores a cambio de votos.

    La condena fue dictada bajo los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. La Fiscalía General de la República de El Salvador presentó pruebas documentales, testimoniales y audios que mostraban reuniones entre Quijano y los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 antes de la segunda vuelta electoral en 2014. Según la acusación, Quijano pidió el apoyo de estas pandillas para que permitieran votar a los ciudadanos bajo su control a cambio de compromisos con programas de reinserción social y otros beneficios, como la reducción de ataques policiales.

    La defensa de Quijano, sin embargo, ha rechazado la sentencia, argumentando que las pruebas presentadas en el juicio no son suficientes para probar los delitos de agrupaciones ilícitas ni fraude electoral. El abogado Lisandro Quintanilla, entonces defensor de Quijano, aseguró que los testimonios de los testigos con régimen de protección no demostraron que Quijano estuviera involucrado en negociaciones con pandillas, y afirmó que los audios y videos presentados en el juicio no respaldan la acusación de que el exfuncionario pidió votos a cambio de dinero o beneficios.

    La condena también incluye la inhabilitación de Quijano para ejercer cargos públicos, incluyendo su puesto como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), por lo que la Cámara de lo Penal notificó al PARLACEN para que inicie los trámites para su cese.

    Condena en apelación

    A pesar de la condena, la defensa presentó una apelación  ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema el 24 de junio de 2025, solicitando la nulidad del proceso, al considerar que no se probó el delito y que se violó el debido proceso durante el juicio. La apelación se centró en la falta de evidencia suficiente para respaldar las acusaciones y en la irregularidad del desafuero de Quijano, que no se siguió como lo establece el Código Procesal Penal.

    No se ha conocido una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema al respecto.

     

  • Condenan a 10 años de prisión a sujeto que mantuvo cautiva y violó a una niña de 12 años

    Condenan a 10 años de prisión a sujeto que mantuvo cautiva y violó a una niña de 12 años

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla dictó una condena de diez años de prisión contra Misael Alexander Meléndez Dinarte, hallado culpable del delito de violación en menor o incapaz en modalidad continuada. La resolución judicial se obtuvo luego de que el imputado admitiera los hechos mediante un procedimiento abreviado.

    De acuerdo con las investigaciones fiscales, los hechos dieron inicio el 4 de marzo de 2025 en las inmediaciones del Mercado Municipal de Apopa. Meléndez Dinarte contactó a la menor, de apenas 12 años, y bajo engaños o manipulación la trasladó hacia San Salvador.

    Durante un periodo de diez días, el sujeto mantuvo a la niña bajo su control y cautiverio, tiempo en el cual cometió agresiones sexuales de forma repetida.

    La pesadilla para la menor terminó cuando fue localizada en el sector de La Libertad Costa. Tras el hallazgo, las autoridades notificaron a sus familiares, quienes procedieron de inmediato con la denuncia formal que permitió la captura del agresor.

    Además de la pena de cárcel, el juzgador determinó que Meléndez deberá pagar $1,500 a la víctima.

     

  • Salvadoreña enfrenta juicio en California por la muerte de su hija durante un «exorcismo»

    Salvadoreña enfrenta juicio en California por la muerte de su hija durante un «exorcismo»

      Una mujer salvadoreña ha sido acusada en California por la muerte de su hija Arely, de tres años, ocurrida durante un supuesto “exorcismo” familiar, y ahora solicitó a un juez que desestime el proceso penal al alegar que es víctima de persecución por sus creencias religiosas.

    La acusada, identificada como Claudia Elisa Hernández, a finales de sus 20 años, comparecerá ante un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara el próximo 22 de enero, más de tres años después de la muerte de su hija Arely, según documentos judiciales citados por el medio estadounidense Daily Beast.

    De acuerdo con los reportes policiales, Hernández participó junto a su padre y su hermano en la agresión contra la menor, a quien creían “poseída por un espíritu maligno” luego de que la niña despertara gritando. Las autoridades señalan que el supuesto ritual se prolongó durante horas y terminó con la muerte de la menor.

    “Llegaron a las 6:30 a.m. [24 de septiembre de 2022], y durante las siguientes 12 horas, la inmovilizaron violentamente y le metieron los dedos en la garganta para hacerla vomitar, lo que creían que la ayudaría a expulsar el espíritu”, escribieron los agentes en el informe policial.

    Arely, de tres años, la presunta víctima de su madre, Claudia Elisa Hernández.

    Durante el ataque, la niña suplicó en repetidas ocasiones que se detuvieran y le decía a su madre: “Te amo”, según han detallado las autoridades.

    Antes de ser arrestada, Hernández publicó un video en YouTube en el que defendió sus acciones ante las críticas. “No puedo cambiar lo que es. Es lo que es”, expresa la madre en esta grabación.

    La defensa legal de Hernández, junto a la de su padre y hermano —ambos coacusados— presentó una moción conjunta argumentando que las autoridades los investigaron y procesaron debido a su religión y origen cultural. Los abogados invocaron la Ley de Justicia Racial de California, vigente desde 2021, que permite impugnar procesos judiciales si se considera que hubo sesgo por raza, etnia u origen nacional, incluso sin probar discriminación intencional.

    Según el documento, la familia profesa el cristianismo pentecostal y sostiene creencias sobre posesión demoníaca y sanación divina. El padre de Hernández, un pastor que emigró desde El Salvador, había participado anteriormente en rituales de oración para expulsar espíritus malignos.

    Los abogados alegan que los investigadores mostraron prejuicios al cuestionar reiteradamente a la familia sobre supuestas enfermedades mentales y al referirse a su iglesia como un lugar de culto “improvisado” o ilegítimo.

    No obstante, expertos legales descartaron que la solicitud prospere ya que la libertad religiosa no ampara actos que pongan en riesgo la vida de un menor.

    La Fiscalía solicita 25 años de prisión a cadena perpetua para los acusados por la muerte de la menor.

     

  • Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    Guatemala elegirá en mayo a nuevo fiscal tras finalizar periodo de cuestionada jefa de Ministerio Público

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, lo que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.

    La salida de Porras, quien ha estado al frente del ente investigador por ocho años, pondrá fin a un período señalado por la comunidad internacional por graves retrocesos en materia de justicia, persecuciones a operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su intento de frenar la investidura del actual presidente guatemalteco.

    El nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será conformada por una comisión de postulación. Este órgano estará compuesto por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios, y de las universidades del país con facultades de Derecho.

    Por ahora, aún no hay nombres visibles como aspirantes al cargo. Aunque el proceso arrancó oficialmente este lunes, los expertos advierten que Porras podría intentar influir en la selección de candidatos para incluir perfiles de su círculo cercano en la lista que será enviada al Ejecutivo.

    El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y permanecerá en el cargo por cuatro años, hasta 2030. Se trata de un puesto clave y sin contrapesos legales, ya que la legislación guatemalteca solo permite su remoción en casos de delitos flagrantes, lo que explica la continuidad de Porras a pesar de las múltiples acusaciones en su contra.

    Durante su gestión, la fiscal general ha sido acusada de perseguir penalmente a fiscales independientes, magistrados, líderes indígenas, periodistas y opositores. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde 2022 bajo prisión preventiva sin pruebas concluyentes.

    Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que con Porras al frente del Ministerio Público se desmantelaron los avances logrados por sus antecesoras Thelma Aldana (2014-2018) y Claudia Paz y Paz (2010-2014), provocando un grave deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala.

     

  • Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    Corte Suprema de Justicia acuerda conversión y ampliación de competencias en juzgados en San Miguel

    La Corte Suprema de Justicia notificó a la Asamblea Legislativa sobre una propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial, aprobada en Corte Plena el pasado 4 de noviembre, con el objetivo de reestructurar y redistribuir la carga de trabajo en los juzgados del departamento de San Miguel.

    El plan contempla la conversión de los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y Chinameca en nuevos juzgados especializados, así como la ampliación de competencias territoriales para diversas sedes judiciales civiles, mercantiles, laborales y penales.

    Según uno de los considerandos, los controles estadísticos de la Corte revelaron una sobrecarga de trabajo en los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Por ello, se propone una reorganización interna con los recursos existentes para garantizar un mejor acceso a la justicia.

    La Asamblea Legislativa debe dar por recibida la reforma y mandarla a publicar al Diario Oficial para que entre en vigencia.

    Principales reformas aprobadas en Corte Plena:

    Conversión de juzgados: El Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Barrios se convierte en el Juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil de San Miguel, mientras que el de Chinameca será el Juzgado Quinto de lo Civil y Mercantil de San Miguel. Ambos mantendrán su sede original, pero asumirán competencia en todo el departamento.

    Ampliación de competencia: Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel extenderán su jurisdicción a todos los distritos del departamento. Lo mismo aplicará para los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, que asumirán procesos penales provenientes de los distritos de Ciudad Barrios y Chinameca.

    Juzgado de lo Laboral: El Juzgado de lo Laboral de San Miguel absorberá todos los procesos laborales activos e inactivos que estaban bajo la competencia de los juzgados convertidos.

    Redistribución penal: Los casos penales en trámite serán asignados de forma equitativa entre los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción, mediante la Secretaría Receptora y Distribuidora de Demandas de San Miguel.

    Segunda instancia: La Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente será competente para conocer en apelación los casos tramitados en los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Garantía de derechos laborales: El acuerdo garantiza el respeto pleno de los derechos laborales del personal de los juzgados convertidos. Su incorporación a los nuevos juzgados será evaluada por la Corte Suprema según criterios técnicos y el Manual de Clasificación de Cargos vigente.

    Además, se establece que durante los primeros cuatro meses a partir de la entrada en vigencia del decreto —la cual se dará 60 días después de su publicación en el Diario Oficial—, la recepción de nuevas demandas corresponderá exclusivamente a los Juzgados Cuarto y Quinto de lo Civil y Mercantil.

    Casos fenecidos y archivo judicial: Los expedientes cerrados de los juzgados convertidos serán enviados al Archivo Especializado Judicial. Las partes interesadas podrán solicitar certificaciones o constancias ante los nuevos juzgados, según corresponda.

    Los juzgados transformados deberán remitir todos los procesos activos o en trámite al Juzgado de lo Laboral y a los juzgados de Instrucción mencionados, en un plazo máximo de 90 días, a través de la Secretaría Receptora.

    Gestión tecnológica: La distribución de demandas y asignaciones podrá realizarse utilizando herramientas tecnológicas. La Secretaría Receptora comunicará digitalmente las asignaciones tanto a los juzgados como a los usuarios del sistema judicial.

    Finalmente, dicha Secretaría también será responsable de designar a los juzgados de instrucción encargados de conocer los casos provenientes de Juzgados de Paz de los distritos ubicados en los municipios de San Miguel Norte y San Miguel Oeste.

     

  • Condenan a 10 años de cárcel a seis extranjeros capturados en altamar con cargamento de cocaína

    Condenan a 10 años de cárcel a seis extranjeros capturados en altamar con cargamento de cocaína

    El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a diez años de prisión a seis ciudadanos extranjeros —tres ecuatorianos y tres mexicanos— tras ser hallados culpables del delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública, informó este viernes Centros Judiciales.

    Los sentenciados son los ecuatorianos Carlos Alfredo Catato Malave, Junior Alexander Lucas Mero y Manuel Enrique de la Rosa González; así como los mexicanos Fermín Cortez Leiva, Félix José Rosales García y Abel Ramos Meza.

    Según la acusación fiscal, el 12 de octubre de 2024, unidades de la Fuerza Naval de El Salvador detectaron a los ecuatorianos a 920 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz. Los imputados se desplazaban en una lancha que transportaba 1,551 paquetes de cocaína, valorados en $38,992,140.

    Horas después, fue interceptada una segunda embarcación, esta vez tripulada por los tres mexicanos, quienes tenían la misión de suministrar combustible y víveres a la lancha que llevaba la droga, de acuerdo con el expediente judicial.

    Durante la vista pública, los seis imputados aceptaron haber cometido el ilícito y aseguraron ser pescadores. Asimismo, ofrecieron disculpas al Estado salvadoreño.

    La droga decomisada fue puesta bajo resguardo de las autoridades correspondientes, como parte del esfuerzo regional contra el narcotráfico transnacional que afecta las costas del Pacífico centroamericano.

     

  • Tribunal Supremo condena a fiscal general de España por revelación de secretos

    Tribunal Supremo condena a fiscal general de España por revelación de secretos

    El Tribunal Supremo de España condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de $7,200 por un delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

    Además, la máxima instancia judicial ordenó una indemnización de $10,000 a favor de González Amador por daños morales, derivado de la filtración de un correo electrónico interno vinculado a una causa judicial. El caso, que ha generado una fuerte controversia política y mediática, marca un precedente al ser la primera vez que un fiscal general es juzgado penalmente en el país.

    El fallo fue adelantado por el alto tribunal apenas una semana después del histórico juicio, en el que el jefe del Ministerio Público español enfrentó cargos ante siete magistrados, en su mayoría de tendencia conservadora. La sentencia definitiva aún no ha sido redactada, pero ya fue comunicada a las partes involucradas.

    El juicio se centró en la publicación de un correo interno de la Fiscalía que fue difundido a medios de comunicación y en el que se hacían precisiones sobre una causa que implicaba a González Amador. Según el tribunal, esto constituyó una violación del deber de confidencialidad que García Ortiz debía respetar en su cargo.

    El proceso no estuvo exento de divisiones internas. Dos magistradas de orientación progresista, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron un voto particular en desacuerdo con la mayoría. Polo, que en un principio fue designada como ponente de la sentencia, fue sustituida por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien finalmente asumió la redacción del fallo.

    La decisión judicial no surtirá efectos inmediatos hasta que se notifique formalmente la sentencia escrita, la cual se hará pública en los próximos días. Sin embargo, ya ha provocado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país, debido a su trascendencia institucional.

    Álvaro García Ortiz, quien fue nombrado fiscal general por el actual gobierno socialista, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona su imparcialidad y lo acusa de actuar con motivaciones políticas.

    Este caso se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo central y el gobierno regional de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras de la oposición al presidente Pedro Sánchez.

     

  • La masacre de los padres jesuitas cumple 36 años sin justicia

    La masacre de los padres jesuitas cumple 36 años sin justicia

    La masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos de origen español y un salvadoreño,  junto a dos mujeres salvadoreñas, ocurrida el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), cumple este año 36 años sin que haya justicia plena para las víctimas. El crimen, ejecutado por un comando militar, sigue sin resolverse del todo a pesar de su calificación como crimen de lesa humanidad.

    Las víctimas fueron los religiosos Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno —todos ellos españoles—, el salvadoreño Joaquín López, así como la trabajadora de la UCA, Elba Ramos, y su hija Celina, de tan solo 16 años. El asesinato fue parte de una ofensiva militar en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

    Conocidos como los “Mártires de la UCA”, los jesuitas son recordados por su compromiso con los sectores más pobres y por su defensa de los derechos humanos en medio del conflicto armado. Este aniversario está marcado por la ausencia del sacerdote José María Tojeira, principal impulsor de la causa penal, quien falleció en septiembre pasado.

    A pesar de que en noviembre de 2023 el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó que 11 acusados fueran llevados a juicio, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el proceso judicial ha permanecido estancado durante un año, sin movimientos públicos y con varios imputados aún prófugos.

    Entre los acusados también figura el exdiputado y abogado Rodolfo Parker, ambos señalados como autores intelectuales. La causa, que había sido archivada en 2020 por la Sala de lo Penal, fue reabierta en 2022 gracias a un fallo de la Sala de lo Constitucional, que ordenó continuar con el proceso judicial.

    Hasta la fecha, el único militar que ha cumplido parte de su condena en El Salvador es el coronel Guillermo Benavides, quien fue sentenciado a 30 años de prisión. Sin embargo, en 2022 recibió libertad condicional anticipada por edad avanzada y haber cumplido un tercio de la pena. Por otro lado, en España, la Audiencia Nacional condenó al exviceministro de Seguridad, Inocente Montano, a 133 años de cárcel, pena que cumple en ese país.

    Además de Cristiani, Parker y Montano, enfrentan cargos Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Rivas Mejía. Todos ellos son militares retirados o exfuncionarios del gobierno de la época.

    A 36 años del asesinato, los familiares de las víctimas y organismos defensores de derechos humanos continúan exigiendo justicia ante la impunidad que persiste. El caso de los jesuitas se mantiene como un símbolo de los crímenes atroces del conflicto salvadoreño y la lucha por la verdad y reparación en el país.