El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designó el martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El nombramiento sustituye a Consuelo Porras Argueta, cuya gestión estuvo marcada por señalamientos de corrupción y sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Durante el anuncio oficial, el mandatario destacó la importancia del cambio en la conducción del ente fiscal y subrayó la necesidad de renovar el sistema judicial del país.
García Luna es un juez de carrera con casi tres décadas de experiencia en el Organismo Judicial, donde ha ocupado cargos desde oficial y secretario hasta magistrado en materia penal.
Su trayectoria incluye funciones como juez de paz, juez de primera instancia y presidente de la Junta de Disciplina Judicial, además de experiencia académica como docente universitario.
“La justicia ha sido demasiadas veces una herramienta de revanchas, es el momento de dejar atrás ese pasado”, expresó Arévalo en su mensaje a la nación.
El presidente agregó que espera que la designación marque un nuevo inicio en la institucionalidad. “este sea el inicio de una nueva etapa de justicia”, afirmó.
El nuevo fiscal general asumirá el cargo el próximo 17 de mayo, en un contexto de exigencias sociales para garantizar independencia judicial y combatir la corrupción.
Durante su proceso de selección, García Luna aseguró que su gestión se basará en la imparcialidad y la autonomía institucional.
“Un fiscal ‘no defiende intereses particulares, busca la verdad material y debe actuar con cero injerencia externa’”, sostuvo en su comparecencia.
Entre sus propuestas destaca implementar una persecución penal estratégica basada en análisis criminal, así como abandonar prácticas cuestionadas en la gestión anterior.
Su principal desafío será recuperar la confianza en el Ministerio Público y demostrar su independencia frente a presiones políticas.
El nombramiento se produce en un momento clave para el país, que busca fortalecer sus instituciones y enfrentar los problemas estructurales en el sistema de justicia.
Gianinna Maradona, hija del fallecido astro argentino Diego Armando Maradona, denunció la existencia de un supuesto plan para provocar la muerte de su padre, motivado por intereses económicos.
Las declaraciones se dieron en el marco del juicio que busca esclarecer responsabilidades por el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.
«Yo creo que había un plan de fondo, y no me entra en la cabeza por qué lo hicieron», aseguró.
La hija del ‘Diez’ aseguró que los acusados en el proceso tienen responsabilidad, pero señaló directamente al abogado Matías Morla como la persona que “manejaba los hilos”.
«Lo querían matar. El plan de Morla era que mi papá ya no esté más», agregó.
Según Gianinna, el entorno legal priorizaba los beneficios económicos derivados de la imagen y las marcas del exjugador por encima de su estado de salud.
«Había negocios. Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no pensaban en la salud de mi papá», sentenció.
La denunciante mencionó episodios en los que, a su juicio, su padre fue expuesto a situaciones perjudiciales, como una aparición pública en su cumpleaños número 60, cuando ya presentaba un estado de salud delicado.
Además, relató que en esa ocasión intentó llevárselo, pero fue impedida por intervención policial, supuestamente por instrucciones del entorno legal.
En paralelo, la justicia argentina avanza en otra causa contra Morla, quien es señalado por presunto fraude en la administración de las marcas comerciales de Maradona, valoradas en alrededor de $100 millones.
El juicio actual también incluye a profesionales de la salud acusados de negligencia en la atención del exfutbolista.
Durante su testimonio, Gianinna describió el impacto emocional tras la muerte de su padre, asegurando que enfrentó una profunda crisis personal.
«Tuve que recurrir a un psiquiatra porque no tenía ganas de vivir. Yo tenía un hijo que dependía de mí y lamento que me escuche así, pero yo me quería morir, no quería vivir más, yo me quería ir con mi papá».
El proceso judicial continúa con testimonios y evidencias que buscan determinar las responsabilidades en uno de los casos más impactantes del deporte mundial.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
La joven originaria de Barcelona, España, Noelia, de 25 años y con una condición de paraplejia, murió este jueves luego de recibir la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes, según informó Abogados Cristianos.
El procedimiento se concretó casi dos años después de que la joven solicitara la muerte asistida, en medio de un proceso judicial que incluyó la intervención de cinco instancias debido a la oposición de su padre.
El caso avanzó luego de que una jueza de Barcelona autorizara la eutanasia en marzo de 2025, lo que derivó en una serie de recursos legales presentados por el progenitor de la joven.
Abogados Cristianos argumentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que Noelia no contaba con la “capacidad necesaria para tomar la decisión”, basándose en antecedentes psíquicos.
Sin embargo, el TSJC confirmó la autorización en septiembre de 2025 al concluir que las evaluaciones judiciales no respaldaban los argumentos del padre, aunque reconoció su derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo.
Una persona protesta en la entrada del hospital Sant Camil, a 26 de marzo de 2026, en Sant Pere de Ribes, Barcelona, Cataluña (España). Lorena Sopêna / Europa Press
Los informes recogidos en la sentencia señalaron que el Comité de Ética Asistencial determinó que la joven no tenía déficit cognitivo ni alteraciones que afectaran su capacidad de decisión, además de manifestar un sufrimiento constante y una “clara falta de sentido vital”.
Diversos especialistas en psicología clínica, neuropsicología y psiquiatría coincidieron en que comprendía la “gravedad” de la decisión y mantenía firme su voluntad de acceder a la eutanasia.
Las evaluaciones también concluyeron que tenía un coeficiente intelectual dentro de parámetros normales, sin trastornos del pensamiento, aunque presentaba síntomas depresivos crónicos que le generaban un sufrimiento “insoportable” derivado de su lesión medular.
Los peritos indicaron que la solicitud fue realizada de forma “libre, sin injerencia ni influencia de su propia enfermedad mental”, respaldada además por otros seis médicos que confirmaron su capacidad para decidir.
Noelia sostuvo su decisión desde abril de 2024, cuando pidió la eutanasia, que fue avalada en julio por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, sin que se acreditara un cambio de postura.
En enero de este año, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del padre y confirmó la legalidad del procedimiento, decisión que posteriormente también fue ratificada por el Tribunal Constitucional, agotando las vías judiciales en España.
Finalmente, el caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las medidas cautelares solicitadas para frenar la eutanasia.
El pasado miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló a organizaciones no gubernamentales de “matar a las víctimas en lugar de protegerse”, retomando la historia de Noelia y aseveró que «este es el fin (objetivo) último de las organizaciones de derechos humanos”.
Argentina conmemorará este martes los 50 años del golpe de Estado de 1976 con movilizaciones en todo el país, encabezadas por organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.
La principal concentración se realizará en Buenos Aires, donde se espera una amplia participación ciudadana en la histórica Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.
En ese lugar, las Madres de Plaza de Mayo mantienen desde 1977 su reclamo por el paradero de unas 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura militar.
Las marchas se desarrollarán bajo la consigna “memoria, verdad y justicia”, en una jornada que busca mantener vivo el rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.
Por segundo año consecutivo, los distintos sectores convocantes marcharán de forma unificada, tras casi dos décadas en las que realizaron actos por separado en esta fecha.
Entre las actividades, se ha invitado a los asistentes a portar fotografías de personas desaparecidas junto al mensaje «que digan dónde están», como símbolo de memoria y exigencia de justicia.
Las Abuelas de Plaza de Mayo también convocaron a llevar pañuelos blancos intervenidos con mensajes o nombres, en alusión a su lucha por encontrar a niños apropiados durante el régimen.
Previo a la movilización, se realizará una vigilia en la Plaza de Mayo con actividades culturales, mientras que otras agrupaciones iniciarán marchas desde sitios emblemáticos vinculados a la represión.
Al cierre de la jornada, las organizaciones leerán un documento con reclamos de justicia y críticas a las políticas actuales del Gobierno, en un contexto de debate sobre la memoria histórica en el país.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a Samuel Iván Rivas Rivas a 62 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado y robo.
La pena fue desglosada en 50 años de cárcel por el feminicidio agravado y 12 años adicionales por el delito de robo, tras comprobarse su responsabilidad en los hechos.
Según lo establecido en el juicio, el crimen ocurrió la noche del 4 de junio de 2024 en el cantón Natividad, en el distrito de Santa Ana Centro, donde la víctima, una mujer de 69 años, se encontraba en su vivienda.
En el inmueble también funcionaba un pequeño negocio de venta de bebidas alcohólicas, lugar al que el imputado ingresó debido a que era conocido de la víctima.
De acuerdo con las pruebas presentadas, durante la madrugada el acusado atacó a la mujer con un cuchillo, provocándole la muerte dentro de la vivienda. Posteriormente, sustrajo dos teléfonos celulares y otros objetos de valor, tras lo cual huyó del lugar.
El 5 de junio, familiares de la víctima, al no lograr comunicarse con ella, acudieron a la vivienda y alertaron a las autoridades tras observar rastros de sangre en el portón.
Agentes policiales ingresaron al inmueble y confirmaron el fallecimiento de la mujer, iniciando las investigaciones correspondientes.
El imputado fue capturado el 6 de junio de 2024 y, durante el procedimiento, se le encontró uno de los teléfonos robados, además de otros objetos sustraídos localizados en su vivienda.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia, con sede en Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito contra el exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, José Roberto d’Aubuisson Munguía y su grupo familiar, tras concluir que no se pudo justificar legalmente el origen de varios fondos patrimoniales.
La resolución judicial establece que el incremento patrimonial no justificado ocurrió durante el período en que el demandado ejerció cargos públicos, primero como diputado propietario por el departamento de La Libertad entre 2012 y 2015.
Posteriormente, el tribunal también evaluó su gestión como alcalde del municipio de Santa Tecla, cargo que ocupó durante dos períodos consecutivos entre 2015 y 2018 y 2018 y 2021, bajo la bandera del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Según el fallo, el monto total que deberá ser restituido al Estado asciende a $990,396.99, cantidad que corresponde al incremento patrimonial que no pudo ser justificado ante las autoridades judiciales.
El tribunal determinó que el exfuncionario deberá reintegrar $450,729.39, mientras que su cónyuge, Jacqueline López de d’Aubuisson, deberá devolver $511,247.73.
Asimismo, la sentencia establece que Johana d’Aubuisson López deberá reintegrar $12,939.87, mientras que José Roberto d’Aubuisson López deberá devolver $15,480.
La Cámara Ambiental indicó que la decisión se tomó tras valorar diversas pruebas dentro del proceso judicial, entre ellas pericias financieras y documentación patrimonial.
Tras el análisis del material probatorio, la instancia judicial ratificó la responsabilidad civil del grupo familiar por el incremento patrimonial no justificado.
Además del reintegro del dinero, el tribunal ordenó la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos durante 10 años, como parte de las sanciones establecidas en la resolución.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, afirmó el lunes que el sistema judicial de Guatemala atraviesa una “crisis profunda”, tras evaluar la situación institucional del país.
Durante una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala, la funcionaria explicó que distintos factores han debilitado la independencia judicial y han colocado al sistema de justicia en una situación “crítica”.
Entre los principales problemas identificados mencionó la “instrumentalización de la justicia”, la concentración de poder y la persecución contra operadores judiciales, elementos que, según indicó, afectan el funcionamiento del Estado de derecho en el país.
Satterthwaite presentó estas conclusiones al divulgar su informe final sobre la visita que realizó en mayo de 2025 a Guatemala, donde permaneció 12 días para evaluar el funcionamiento del sistema judicial.
Durante su estancia, sostuvo reuniones con jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de pueblos indígenas, además de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo en Ciudad de Guatemala y en los departamentos de Quetzaltenango y Alta Verapaz.
La relatora reiteró también su preocupación por el papel del Ministerio Público, al señalar que la información recopilada apunta a la existencia de una política de criminalización contra operadores de justicia.
Pese a este panorama, Satterthwaite expresó confianza en que Guatemala pueda revertir la situación, al destacar que su Constitución ha demostrado en el pasado la posibilidad de garantizar el respeto a la ley.
Además, subrayó que las designaciones previstas para los próximos meses serán determinantes para el futuro del sistema judicial, entre ellas la elección de una nueva Corte de Constitucionalidad, un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo fiscal general que sustituya a la actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta.
“Las designaciones previstas para 2026 a la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público serán decisivas para determinar si los actuales patrones de captura institucional e impunidad se consolidan o se revierten”, concluyó la relatora.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 42 años y ocho meses de prisión a F. E. G. B., tras declararlo culpable de los delitos de violación en menor o incapaz agravada, en modalidad continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada, cometidos en perjuicio de su hija biológica, quien tenía 12 años al momento de los hechos. Además, el tribunal estableció una condena civil a favor de la víctima.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el testimonio de la menor, el cual fue coherente con la prueba documental, pericial y testimonial incorporada al proceso. Estos elementos permitieron al tribunal establecer la responsabilidad penal del procesado y fundamentar la severidad de la pena impuesta.
De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos ocurrieron en al menos cuatro ocasiones al interior de la vivienda del ahora condenado, ubicada en Santa Ana Oeste. La situación fue denunciada posteriormente ante las autoridades competentes, lo que dio paso a la investigación y al proceso judicial correspondiente.
En su resolución, el tribunal valoró la gravedad de los delitos, así como la relación de confianza y autoridad derivada del vínculo paterno-filial, que agravó la conducta del imputado. También destacó la especial protección que la legislación salvadoreña otorga a niñas, niños y adolescentes frente a este tipo de delitos sexuales.
El Juzgado Segundo de Paz del distrito de Berlín, en el departamento de Usulután, condenó a 15 años de prisión a Isabel del Carmen Montes Pérez y José Iván Ayala Cañas, luego de ser encontrados culpables del delito de hurto agravado, informó la Fiscalía General de la República.
Los hechos ocurrieron en la lotificación Quinta Solórzano, donde la pareja ingresó sin autorización a la vivienda de la víctima y sustrajo una suma de $922, cuatro anillos valorados en $750 y dos cadenas de oro valoradas en $200, según detalló la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el reporte fiscal, la víctima presenció el momento en que los acusados salían del inmueble con una bolsa plástica, lo que generó sospechas. Al ingresar a su hogar, notó la ausencia de dos botes de plástico con monedas y varias joyas, por lo que alertó de inmediato a la Policía Nacional Civil (PNC).
Los agentes lograron capturar a los implicados en flagrancia, incautándoles el dinero y las joyas sustraídas, los cuales fueron presentados como pruebas ante el tribunal.
Según la fiscal del caso, Montes Pérez había trabajado como empleada doméstica en esa vivienda, lo que facilitó el acceso al inmueble. Ambos condenados estuvieron presentes durante la vista pública, en la que se determinó su culpabilidad por los hechos ocurridos.
