Etiqueta: justicia

  • La esposa de Maduro pide arresto domiciliario por problemas cardíacos

    La esposa de Maduro pide arresto domiciliario por problemas cardíacos

    La defensa de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a la Justicia de Nueva York que le permita permanecer bajo arresto domiciliario mientras espera el juicio que enfrentará junto a su marido, al argumentar que padece graves problemas de salud cardíacos.

    «Cilia Adela Flores de Maduro es la primera dama de la República Bolivariana de Venezuela y merece la oportunidad de esperar a su juicio bajo arresto domiciliario, mientras se recupera de una cirugía cardiaca invasiva», señala el documento judicial consultado por Europa Press.

    Flores pidió «respetuosamente» obtener la libertad provisional bajo una serie de condiciones, entre ellas arresto domiciliario, localización mediante GPS, vigilancia armada durante las 24 horas, entrega de todos sus documentos de viaje y el nombramiento de un tutor externo aprobado por los Servicios de Libertad Provisional y el Tribunal. La defensa propuso además que ella asuma los gastos de su traslado.

    Sus abogados sostienen que existe «un conjunto de condiciones estrictamente suficientes para garantizar razonablemente su comparecencia» y la «seguridad de la comunidad». También argumentaron que su «afección cardiaca grave y documentada» «por sí sola justifica la libertad».

    El escrito señala que Flores presentó episodios de opresión en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, aceleración de la frecuencia cardíaca, dolor torácico y mareos ocasionales. También menciona antecedentes de «valvulopatía reumática con estenosis leve y regurgitación moderada», además de su condición de asmática.

    «Su estado de salud es grave y su alojamiento actual, a pesar de todos los esfuerzos realizados, resulta inadecuado para permitirle una recuperación adecuada tras una cirugía cardiaca», argumentó la defensa, que además sostiene que su salud «se deteriora continuamente».

    Sus abogados agregaron que Flores está «decidida a seguir hasta el final tanto su caso, como el de su marido» y pretende «apoyar a su esposo con su presencia constante».

    Maduro y Flores fueron detenidos en su residencia de Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos a comienzos de 2026 y desde entonces permanecen recluidos en una prisión federal de Brooklyn, Nueva York. Ambos rechazaron durante su primera audiencia, celebrada en enero, las acusaciones en su contra, que consideran de carácter político.

    El juez federal Alvin K. Hellerstein, del distrito sur de Nueva York, fijó para el 1 de junio de 2027 el comienzo del juicio contra Maduro, proceso en el que también será juzgada Flores. El mandatario enfrenta acusaciones de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas, mientras su defensa busca la desestimación de la causa alegando inmunidad soberana.

     

  • Juez hondureño absuelve a expresidente Juan Orlando Hernández en sonado caso de corrupción

    Juez hondureño absuelve a expresidente Juan Orlando Hernández en sonado caso de corrupción

    Un juez de Tegucigalpa ordenó este martes el sobreseimiento definitivo a favor del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, con lo que cerró el proceso que enfrentaba por presunto fraude y lavado de activos tras su regreso al país en julio.

    “En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado”, informó el Poder Judicial hondureño.

    La institución explicó que la decisión fue adoptada porque la prueba presentada durante la audiencia “no determinó participación del imputado en los hechos investigados”. La Fiscalía había solicitado admitir las pruebas y dictar un auto de formal procesamiento contra Hernández, pero la petición fue rechazada.

    El proceso estaba relacionado con Pandora I, una investigación sobre una presunta red de exfuncionarios vinculada con la ampliación y aprobación, entre 2010 y 2013, de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras, equivalentes a $10.8 millones, destinados a diferentes fundaciones.

    Hernández se puso a disposición de la justicia hondureña el pasado 3 de agosto. Durante una audiencia de imputación recibió medidas diferentes a la prisión, aunque se le prohibió abandonar Honduras. La audiencia inicial comenzó el 12 de agosto, pero fue suspendida en tres ocasiones antes de retomarse este martes.

    Seguidores del exmandatario se concentraron en las afueras de la Corte Suprema de Justicia durante la audiencia. “Hoy (martes) se cierra este capítulo de persecución política, cerramos el de Estados Unidos, se está cerrando este”, expresó el expresidente después de conocer la resolución judicial.

    Hernández regresó a Honduras el 26 de julio, cuatro años después de ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. En junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión, pero posteriormente recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump y recuperó su libertad.

    El exmandatario, de 57 años, gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Con el sobreseimiento definitivo, la justicia hondureña cerró el proceso por fraude y lavado de activos que permanecía abierto contra Hernández, al considerar que las pruebas presentadas no establecieron su participación en los hechos investigados.

     

  • La justicia de EEUU mantiene la condena contra la pareja y cómplice de Epstein

    La justicia de EEUU mantiene la condena contra la pareja y cómplice de Epstein

    La Justicia de Estados Unidos rechazó este martes el recurso presentado por Ghislaine Maxwell para anular su condena de 20 años de prisión por tráfico de menores dentro de la red de abusos sexuales encabezada por su expareja Jeffrey Epstein.

    Maxwell, de 64 años, es la única persona encarcelada por delitos relacionados con Epstein, quien murió en una prisión de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

    El juez estadounidense Paul Engelmayer desestimó los argumentos de Maxwell sobre supuestas vulneraciones de sus derechos constitucionales durante el proceso judicial que terminó con su condena.

    Engelmayer determinó que las alegaciones de Maxwell “carecen de fundamento y son, en su totalidad o casi en su totalidad, frívolas”. El juez también consideró que las pruebas presentadas en su contra durante el proceso eran “abrumadoras”.

    Maxwell fue condenada en 2021 por facilitar menores a Epstein. El caso ha mantenido una fuerte atención pública por las relaciones que el fallecido financiero sostuvo con empresarios, políticos, celebridades y académicos.

    La Administración del presidente estadounidense Donald Trump publicó una gran cantidad de documentos de las investigaciones relacionadas con Epstein en virtud de una ley aprobada el año pasado, lo que volvió a colocar el caso bajo el escrutinio público y provocó polémicas en diferentes países.

    En febrero, Maxwell fue citada por una comisión de la Cámara de Representantes para responder preguntas sobre su relación con Epstein, pero se negó a declarar. Su equipo legal aseguró entonces que únicamente hablaría si recibía un indulto presidencial.

    Epstein fue arrestado en julio de 2019 acusado de abuso sexual y tráfico de menores por hechos ocurridos a principios de la década de 2000. Durante años mantuvo vínculos sociales con distintas figuras públicas y fue encontrado muerto en su celda mientras esperaba enfrentar el proceso judicial.

     

     

  • Condenan a 34 años de prisión a un hombre por abusar de una menor en Nejapa

    Condenan a 34 años de prisión a un hombre por abusar de una menor en Nejapa

    El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 34 años de prisión a Samuel Guzmán Rodríguez, tras hallarlo culpable de los delitos de violación en menor o incapaz en modalidad continuada y agresión sexual en menor o incapaz. Los abusos contra la víctima comenzaron en 2015, cuando la menor tenía solo siete años, en una zona rural del distrito de Nejapa.

    De acuerdo con el informe de la Fiscalía General de la República (FGR), el agresor se valió del vínculo de confianza que mantenía con el entorno familiar de la víctima para cometer los delitos de forma reiterada a lo largo del tiempo.

    Las investigaciones fiscales revelaron la gravedad y constancia de las agresiones. El sujeto aprovechaba los momentos en que la menor quedaba bajo su cuidado para atacarla legalmente.

    Según la investigación, en una ocasión, la víctima logró escapar para pedir auxilio, pero guardó silencio debido a que Guzmán Rodríguez la había amenazado con asesinar o hacer daño a sus padres si confesaba lo ocurrido.

    El asedio se prolongó durante varios años. Incluso, el imputado interceptaba a la menor en el camino hacia su escuela para hacerle comentarios obscenos e indebidos. El calvario de la menor terminó cuando decidió romper el silencio y relató lo sucedido a un familiar, lo que permitió interponer la denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

    Durante la vista pública, la Fiscalía presentó un robusto paquete de pruebas documentales, periciales y testimonialesque demostraron de manera inequívoca la culpabilidad del imputado. Ante la solidez de las evidencias, el Tribunal Tercero de Sentencia dictó el fallo condenatorio en presencia del ahora sentenciado, quien deberá cumplir la pena en un centro penitenciario.

     

  • Presidente guatemalteco nombra nuevo fiscal general que sustituirá a funcionaria sancionada por EEUU y la Unión Europea

    Presidente guatemalteco nombra nuevo fiscal general que sustituirá a funcionaria sancionada por EEUU y la Unión Europea

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designó el martes al abogado Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.

    El nombramiento sustituye a Consuelo Porras Argueta, cuya gestión estuvo marcada por señalamientos de corrupción y sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

    Durante el anuncio oficial, el mandatario destacó la importancia del cambio en la conducción del ente fiscal y subrayó la necesidad de renovar el sistema judicial del país.

    García Luna es un juez de carrera con casi tres décadas de experiencia en el Organismo Judicial, donde ha ocupado cargos desde oficial y secretario hasta magistrado en materia penal.

    Su trayectoria incluye funciones como juez de paz, juez de primera instancia y presidente de la Junta de Disciplina Judicial, además de experiencia académica como docente universitario.

    “La justicia ha sido demasiadas veces una herramienta de revanchas, es el momento de dejar atrás ese pasado”, expresó Arévalo en su mensaje a la nación.

    El presidente agregó que espera que la designación marque un nuevo inicio en la institucionalidad. “este sea el inicio de una nueva etapa de justicia”, afirmó.

    El nuevo fiscal general asumirá el cargo el próximo 17 de mayo, en un contexto de exigencias sociales para garantizar independencia judicial y combatir la corrupción.

    Durante su proceso de selección, García Luna aseguró que su gestión se basará en la imparcialidad y la autonomía institucional.

    “Un fiscal ‘no defiende intereses particulares, busca la verdad material y debe actuar con cero injerencia externa’”, sostuvo en su comparecencia.

    Entre sus propuestas destaca implementar una persecución penal estratégica basada en análisis criminal, así como abandonar prácticas cuestionadas en la gestión anterior.

    Su principal desafío será recuperar la confianza en el Ministerio Público y demostrar su independencia frente a presiones políticas.

    El nombramiento se produce en un momento clave para el país, que busca fortalecer sus instituciones y enfrentar los problemas estructurales en el sistema de justicia.

     

  • La hija de Maradona denuncia que hubo un supuesto plan para matar a su padre

    La hija de Maradona denuncia que hubo un supuesto plan para matar a su padre

    Gianinna Maradona, hija del fallecido astro argentino Diego Armando Maradona, denunció la existencia de un supuesto plan para provocar la muerte de su padre, motivado por intereses económicos.

    Las declaraciones se dieron en el marco del juicio que busca esclarecer responsabilidades por el fallecimiento del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020.

    «Yo creo que había un plan de fondo, y no me entra en la cabeza por qué lo hicieron», aseguró.

    La hija del ‘Diez’ aseguró que los acusados en el proceso tienen responsabilidad, pero señaló directamente al abogado Matías Morla como la persona que “manejaba los hilos”.

    «Lo querían matar. El plan de Morla era que mi papá ya no esté más», agregó.

    Según Gianinna, el entorno legal priorizaba los beneficios económicos derivados de la imagen y las marcas del exjugador por encima de su estado de salud.

    «Había negocios. Pensaban todo el tiempo en la parte económica y no pensaban en la salud de mi papá», sentenció.

    La denunciante mencionó episodios en los que, a su juicio, su padre fue expuesto a situaciones perjudiciales, como una aparición pública en su cumpleaños número 60, cuando ya presentaba un estado de salud delicado.

    Además, relató que en esa ocasión intentó llevárselo, pero fue impedida por intervención policial, supuestamente por instrucciones del entorno legal.

    En paralelo, la justicia argentina avanza en otra causa contra Morla, quien es señalado por presunto fraude en la administración de las marcas comerciales de Maradona, valoradas en alrededor de $100 millones.

    El juicio actual también incluye a profesionales de la salud acusados de negligencia en la atención del exfutbolista.

    Durante su testimonio, Gianinna describió el impacto emocional tras la muerte de su padre, asegurando que enfrentó una profunda crisis personal.

    «Tuve que recurrir a un psiquiatra porque no tenía ganas de vivir. Yo tenía un hijo que dependía de mí y lamento que me escuche así, pero yo me quería morir, no quería vivir más, yo me quería ir con mi papá».

    El proceso judicial continúa con testimonios y evidencias que buscan determinar las responsabilidades en uno de los casos más impactantes del deporte mundial.

     

  • Guatemala, ante el reto de elegir a un nuevo fiscal general sin sospechas de corrupción

    Guatemala, ante el reto de elegir a un nuevo fiscal general sin sospechas de corrupción

    Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.

    Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.

    Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.

    Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
    De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.

    La sospecha de la corrupción

    Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.

    Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.

    También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.

    «Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.

    La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE

    Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.

    Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.

    «Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.

    «Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.

    Perfiles técnicos

    Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
    Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.

    Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.

    Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.

    En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.

  • Joven española, Noelia, muere tras recibir la eutanasia después de dos años de proceso judicial

    Joven española, Noelia, muere tras recibir la eutanasia después de dos años de proceso judicial

    La joven originaria de Barcelona, España, Noelia, de 25 años y con una condición de paraplejia, murió este jueves luego de recibir la eutanasia en un hospital de Sant Pere de Ribes, según informó Abogados Cristianos.

    El procedimiento se concretó casi dos años después de que la joven solicitara la muerte asistida, en medio de un proceso judicial que incluyó la intervención de cinco instancias debido a la oposición de su padre.

    El caso avanzó luego de que una jueza de Barcelona autorizara la eutanasia en marzo de 2025, lo que derivó en una serie de recursos legales presentados por el progenitor de la joven.

    Abogados Cristianos argumentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que Noelia no contaba con la “capacidad necesaria para tomar la decisión”, basándose en antecedentes psíquicos.

    Sin embargo, el TSJC confirmó la autorización en septiembre de 2025 al concluir que las evaluaciones judiciales no respaldaban los argumentos del padre, aunque reconoció su derecho a recurrir ante el Tribunal Supremo.

    Una persona protesta en la entrada del hospital Sant Camil, a 26 de marzo de 2026, en Sant Pere de Ribes, Barcelona, Cataluña (España). Lorena Sopêna / Europa Press

    Los informes recogidos en la sentencia señalaron que el Comité de Ética Asistencial determinó que la joven no tenía déficit cognitivo ni alteraciones que afectaran su capacidad de decisión, además de manifestar un sufrimiento constante y una “clara falta de sentido vital”.

    Diversos especialistas en psicología clínica, neuropsicología y psiquiatría coincidieron en que comprendía la “gravedad” de la decisión y mantenía firme su voluntad de acceder a la eutanasia.

    Las evaluaciones también concluyeron que tenía un coeficiente intelectual dentro de parámetros normales, sin trastornos del pensamiento, aunque presentaba síntomas depresivos crónicos que le generaban un sufrimiento “insoportable” derivado de su lesión medular.

    Los peritos indicaron que la solicitud fue realizada de forma “libre, sin injerencia ni influencia de su propia enfermedad mental”, respaldada además por otros seis médicos que confirmaron su capacidad para decidir.

    Noelia sostuvo su decisión desde abril de 2024, cuando pidió la eutanasia, que fue avalada en julio por la Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya, sin que se acreditara un cambio de postura.

    En enero de este año, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del padre y confirmó la legalidad del procedimiento, decisión que posteriormente también fue ratificada por el Tribunal Constitucional, agotando las vías judiciales en España.

    Finalmente, el caso fue llevado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó las medidas cautelares solicitadas para frenar la eutanasia.

    El pasado miércoles, el presidente salvadoreño Nayib Bukele señaló a organizaciones no gubernamentales de “matar a las víctimas en lugar de protegerse”, retomando la historia de Noelia y aseveró que «este es el fin (objetivo) último de las organizaciones de derechos humanos”.

     

  • Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con marchas masivas

    Argentina conmemora 50 años del golpe de Estado con marchas masivas

    Argentina conmemorará este martes los 50 años del golpe de Estado de 1976 con movilizaciones en todo el país, encabezadas por organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.

    La principal concentración se realizará en Buenos Aires, donde se espera una amplia participación ciudadana en la histórica Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo.

    En ese lugar, las Madres de Plaza de Mayo mantienen desde 1977 su reclamo por el paradero de unas 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura militar.

    Las marchas se desarrollarán bajo la consigna “memoria, verdad y justicia”, en una jornada que busca mantener vivo el rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

    Por segundo año consecutivo, los distintos sectores convocantes marcharán de forma unificada, tras casi dos décadas en las que realizaron actos por separado en esta fecha.

    Entre las actividades, se ha invitado a los asistentes a portar fotografías de personas desaparecidas junto al mensaje «que digan dónde están», como símbolo de memoria y exigencia de justicia.

    Las Abuelas de Plaza de Mayo también convocaron a llevar pañuelos blancos intervenidos con mensajes o nombres, en alusión a su lucha por encontrar a niños apropiados durante el régimen.

    Previo a la movilización, se realizará una vigilia en la Plaza de Mayo con actividades culturales, mientras que otras agrupaciones iniciarán marchas desde sitios emblemáticos vinculados a la represión.

    Al cierre de la jornada, las organizaciones leerán un documento con reclamos de justicia y críticas a las políticas actuales del Gobierno, en un contexto de debate sobre la memoria histórica en el país.

     

  • Condenan a 62 años por feminicidio y robo en Santa Ana

    Condenan a 62 años por feminicidio y robo en Santa Ana

    El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana condenó a Samuel Iván Rivas Rivas a 62 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado y robo.

    La pena fue desglosada en 50 años de cárcel por el feminicidio agravado y 12 años adicionales por el delito de robo, tras comprobarse su responsabilidad en los hechos.

    Según lo establecido en el juicio, el crimen ocurrió la noche del 4 de junio de 2024 en el cantón Natividad, en el distrito de Santa Ana Centro, donde la víctima, una mujer de 69 años, se encontraba en su vivienda.

    En el inmueble también funcionaba un pequeño negocio de venta de bebidas alcohólicas, lugar al que el imputado ingresó debido a que era conocido de la víctima.

    De acuerdo con las pruebas presentadas, durante la madrugada el acusado atacó a la mujer con un cuchillo, provocándole la muerte dentro de la vivienda. Posteriormente, sustrajo dos teléfonos celulares y otros objetos de valor, tras lo cual huyó del lugar.

    El 5 de junio, familiares de la víctima, al no lograr comunicarse con ella, acudieron a la vivienda y alertaron a las autoridades tras observar rastros de sangre en el portón.

    Agentes policiales ingresaron al inmueble y confirmaron el fallecimiento de la mujer, iniciando las investigaciones correspondientes.

    El imputado fue capturado el 6 de junio de 2024 y, durante el procedimiento, se le encontró uno de los teléfonos robados, además de otros objetos sustraídos localizados en su vivienda.