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  • Trump desata críticas por decir que Irán puede atacar Los Ángeles y San Diego

    Trump desata críticas por decir que Irán puede atacar Los Ángeles y San Diego

    Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de que Irán ataque Los Ángeles y San Diego a cambio de poner fin al conflicto desataron una ola de críticas entre autoridades y dirigentes políticos de California, quienes exigieron al mandatario retractarse y defender a las ciudades estadounidenses.

    Trump hizo los comentarios durante un mitin celebrado el lunes en Grand Island, Nebraska, en apoyo a la campaña del senador Pete Ricketts para las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

    «Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego», declaró: «Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto», dijo el presidente estadounidense durante un mitin electoral.

    El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, calificó la declaración como «repugnante y motivo de descalificación» y también describió las palabras del mandatario como un acto «peligroso y perturbado». Newsom recordó que en la región residen más de 130,000 efectivos militares y cuestionó a dirigentes republicanos por no condenar los comentarios.

    Las críticas también llegaron desde el Partido Republicano. El candidato de San Diego a la Cámara de Representantes y veterano de la Marina, Jim Desmond, rechazó las declaraciones y sostuvo que la principal responsabilidad del comandante en jefe es proteger a los estadounidenses.

    «Discrepo rotundamente de los comentarios del presidente Trump. Estados Unidos debe plantar cara a Irán y defender nuestros intereses, pero la responsabilidad primordial de nuestro Comandante en Jefe es proteger al pueblo estadounidense y a nuestra nación», escribió el candidato en su cuenta de X esta madrugada.

    Desmond agregó que sirvió para «proteger a los estadounidenses, no para considerar a las ciudades de Estados Unidos como un precio aceptable de la guerra» y que «ninguna ciudad estadounidense es prescindible, y ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral».

    La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también exigió una disculpa al presidente y calificó sus declaraciones de «completamente irresponsables».

    Bass sostuvo que la principal función de un presidente es «proteger y defender al pueblo estadounidense, no invitar a una potencia extranjera a atacar una ciudad». Además, rechazó la explicación posterior de la Casa Blanca al afirmar que «esa declaración no tiene ninguna conexión con las palabras que salieron de la boca del presidente».

    La alcaldesa destacó que San Diego alberga a más de 120,000 militares en activo y una comunidad vinculada a las Fuerzas Armadas cercana al medio millón de personas.

    El alcalde de San Diego, el demócrata Todd Gloria, se sumó a las críticas y pidió al mandatario retractarse. «El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego», afirmó Gloria en un comunicado.

    «Los habitantes de San Diego merecen un presidente que valore sus vidas, honre el servicio y el sacrificio de nuestras familias militares y se tome en serio su responsabilidad como comandante en jefe», añadió el alcalde.

    Ante la polémica, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, aseguró que Trump «estaba diciendo claramente que las ciudades estadounidenses se habrían visto amenazadas si no se hubiera detenido a Irán» en su objetivo de disponer de armas nucleares. Las declaraciones y las posteriores críticas también evidenciaron discrepancias dentro del Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.

     

     

  • Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

    Demócratas anuncian investigación sobre arrestos de ciudadanos en redadas migratorias

    Congresistas demócratas y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunciaron este lunes una investigación en el Congreso para esclarecer los arrestos de ciudadanos estadounidenses en las masivas redadas migratorias realizadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    “Hombres enmascarados están sacando a rastras de las calles a ciudadanos estadounidenses y metiéndolos en celdas de detención, sin acceso a un abogado y ni siquiera a una llamada telefónica”, denunció el congresista californiano Robert García, quien lidera el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

    García y el senador Richard Blumenthal, del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, exigieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la entrega de registros que expliquen las detenciones presuntamente arbitrarias. La solicitud se formalizó en una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, tras conocerse denuncias periodísticas sobre estas prácticas.

    Según una investigación del medio ProPublica, al menos 170 ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante operativos migratorios, aunque el número podría ser mayor por la ausencia de datos oficiales. El informe advierte que muchas detenciones se realizaron sin acceso a defensa legal ni a comunicación externa.

    Los congresistas demócratas alertaron que las detenciones muestran un patrón que coincide con un repunte de la discriminación racial, especialmente hacia comunidades latinas, lo cual ha sido ampliamente documentado en Los Ángeles.

    La alcaldesa Karen Bass condenó la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump y sostuvo que representa un ataque directo a los derechos civiles. “Siempre defenderé a Los Ángeles. Los informes sobre angelinos –ciudadanos estadounidenses– que son sometidos a descargas eléctricas, arrastrados y detenidos ilegalmente deberían preocuparnos a todos”, afirmó.

    Bass destacó que tanto su administración como el Concejo Municipal han aprobado medidas para reforzar los protocolos y capacitar al personal en el cumplimiento de la ordenanza local que prohíbe el uso de recursos municipales para colaborar con operativos migratorios ordenados por la Administración Trump.

  • Los Ángeles ofrecerá asistencia económica a familias afectadas por redadas migratorias

    Los Ángeles ofrecerá asistencia económica a familias afectadas por redadas migratorias

    Los Ángeles brindará asistencia financiera directa a las personas afectadas por las redadas migratorias ordenadas por la Administración del presidente Donald Trump, que afectan a la ciudad hace más de un mes, anunció este viernes la alcadesa Karen Bass.

    En una conferencia la jefe del Ayuntamiento angelino dijo que la ayuda se distribuirá mediante tarjetas de efectivo con cerca de 200 dólares a partir de la próxima semana.

    “Hay personas que no quieren salir de sus hogares, que no van a trabajar y necesitan efectivo”, dijo Bass en información citada por Los Angeles Times.

    La alcaldesa demócrata explicó que los fondos no provienen de las arcas municipales, pues el dinero que se repartirá se obtuvo gracias a donadores privados y organizaciones filantrópicas.

    Las tarjetas las distribuirán organizaciones sin ánimo de lucro, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, de acuerdo al rotativo.

    No se han dado a conocer los requisitos que los inmigrantes deben cumplir para obtener la ayuda económica.

    Las redadas en Los Ángeles, que ya completan cinco semanas consecutivas, han obligado a padres de familia a quedarse en sus casas ante el temor de ser arrestados y deportados.

    Bass también resaltó la difícil situación que enfrentan las familias en las que alguno de sus miembros ha sido detenido por las autoridades migratorias, y entre los afectados hay ciudadanos estadounidenses.

    Este viernes, la alcaldesa también firmó una orden ejecutiva que refuerza los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria, amplía el acceso a recursos para las familias afectadas, establece un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y solicita registros de agencias federales sobre redadas ilegales.