El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que apelará la decisión judicial que desestimó los cargos de tráfico de personas contra el salvadoreño Kilmar Ábrego García, un caso que ha generado controversia por su deportación errónea y posterior regreso al país norteamericano.
La notificación fue presentada el lunes, pocas horas antes de que venciera el plazo legal para recurrir el fallo, con el objetivo de que el caso sea revisado por la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, con sede en Ohio.
La decisión apelada fue emitida por una jueza federal de Tennessee, quien concluyó que los cargos fueron presentados de manera “selectiva y vengativa”, por lo que ordenó su desestimación.
Ábrego García se convirtió en una figura central de un prolongado litigio migratorio después de haber sido deportado en marzo de 2025 a una prisión en El Salvador, pese a que posteriormente el propio Gobierno estadounidense reconoció que la expulsión ocurrió debido a un error administrativo.
Tras una orden judicial que exigió su retorno a Estados Unidos, el salvadoreño fue nuevamente detenido por las autoridades y acusado de participar en actividades de tráfico de personas.
El caso se remonta a 2022, cuando agentes de la Policía Estatal de Tennessee detuvieron una furgoneta en la que viajaba Ábrego García junto a varias personas que no pudieron presentar documentos de identidad ni pruebas de ciudadanía.
En aquel momento, los ocupantes fueron liberados con una advertencia y las investigaciones no derivaron en cargos formales. Sin embargo, el expediente fue reactivado después de que Ábrego García regresara a territorio estadounidense tras su deportación.
A pesar de admitir que la expulsión inicial fue producto de un error burocrático, la administración del presidente Donald Trump ha sostenido que Ábrego García mantiene vínculos con la pandilla MS-13, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas públicas que respalden esa acusación.
Con la apelación, el Gobierno busca reactivar el proceso penal y dejar sin efecto la decisión que anuló los cargos, mientras continúa explorando alternativas para una nueva deportación del salvadoreño.
Medios estadounidenses señalan que entre las opciones evaluadas por las autoridades migratorias figura trasladarlo a un tercer país, entre ellos Liberia (en África) u otra nación dispuesta a recibirlo.
El caso continúa generando debate en Estados Unidos sobre los procedimientos migratorios, las garantías judiciales y el uso de acusaciones penales en procesos de deportación.
