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  • Tribunal Supremo español condena a ex ministro de Sánchez a 24 años de prisión por corrupción

    Tribunal Supremo español condena a ex ministro de Sánchez a 24 años de prisión por corrupción

    El Tribunal Supremo de España condenó este lunes al exministro de Transportes de Pedro Sánchez,José Luis Ábalos a 24 años de prisión por su participación en las irregularidades detectadas en la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, uno de los casos de corrupción más relevantes surgidos tras la emergencia sanitaria.

    La sentencia, adoptada por unanimidad por los magistrados de la Sala de lo Penal, también impuso una condena de 19 años de cárcel al exasesor ministerial Koldo García y de cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, quien admitió parte de los hechos durante el proceso judicial.

    El fallo fue emitido tras un juicio que se desarrolló entre abril y mayo y que se extendió durante 14 jornadas, en las cuales se analizaron las contrataciones realizadas para la adquisición de material sanitario en los momentos más críticos de la pandemia.

    La Fiscalía Anticorrupción había solicitado una pena de 24 años de prisión para Ábalos y de 19 años y medio para Koldo García, mientras que para Aldama pidió siete años de cárcel. Por su parte, las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular reclamaban condenas de 30 años para Ábalos y García, así como cinco años para el empresario.

    Durante el juicio, tanto el exministro como su antiguo asesor defendieron su inocencia y solicitaron su absolución. Ambos negaron haber cometido irregularidades en los contratos investigados y rechazaron las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

    En contraste, Víctor de Aldama reconoció haber participado en varios de los delitos investigados, entre ellos cohecho pasivo, organización criminal y aprovechamiento de información privilegiada, una circunstancia que fue tomada en consideración por el tribunal al momento de dictar sentencia.

    El denominado “caso mascarillas” se convirtió en uno de los mayores escándalos políticos surgidos tras la pandemia, al poner bajo investigación la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en medio de la emergencia provocada por el covid-19.

    La resolución del Supremo supone un duro golpe para el exministro socialista y su entorno político, al tiempo que cierra una de las principales causas judiciales relacionadas con la gestión de recursos públicos durante la crisis sanitaria.

  • Tribunal español envía a prisión a exministro y a su exasesor por corrupción

    Tribunal español envía a prisión a exministro y a su exasesor por corrupción

    El Tribunal Supremo de España ordenó este miércoles el ingreso inmediato a prisión provisional, sin fianza, del exministro y actual diputado José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, por considerar que existe un riesgo “extremo” de fuga ante la cercanía del juicio en su contra por presunta corrupción en la compra de material sanitario durante la pandemia.

    El magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, consideró que los dos señalados podrían intentar evadir la justicia al enfrentar solicitudes de penas que alcanzan hasta los 30 años de cárcel. Según resoluciones judiciales de 13 y 14 páginas, hay indicios sólidos de delitos como malversación, cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y uso de información privilegiada.

    El fallo señala tres factores clave para justificar la medida: la solidez de los indicios en su contra, la gravedad de las penas solicitadas y la proximidad del juicio oral, el cual será conducido por el mismo Tribunal Supremo y cuya sentencia será definitiva, sin posibilidad de apelación.

    El juez Puente también recordó que Ábalos y García están implicados en una investigación paralela sobre presuntos amaños en obras públicas, lo que podría agravar sus responsabilidades penales.

    Esta es la primera vez que un diputado nacional en funciones es enviado a prisión preventiva en la historia democrática de España.

    Vínculos internacionales y fondos en efectivo

    Para el Tribunal, ambos imputados cuentan con recursos económicos y contactos internacionales suficientes para sostener una eventual fuga. El juez citó que manejaron altas sumas de dinero en efectivo, reduciendo sus movimientos bancarios en los últimos años, y que Koldo García llegó incluso a asumir gastos personales de Ábalos de forma “incomprensible”.

    Sobre el exministro, Puente señaló su vínculo con fundaciones en Perú, propiedades en América Latina y transferencias periódicas desde el extranjero por parte de uno de sus hijos. Respecto a García, mencionó su trabajo con empresas interesadas en inversiones en Hispanoamérica tras abandonar su cargo ministerial.

    Durante la audiencia judicial, ambos intentaron evitar su ingreso a prisión argumentando arraigo familiar y profesional. Ábalos alegó que su salario como diputado es su única fuente de ingresos y que mantiene una relación cercana con su hijo menor. García, por su parte, subrayó su rol como padre y cuidador de su madre. Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos al considerar que ninguno de los dos presenta un arraigo lo suficientemente fuerte como para descartar una fuga.

    El diputado Ábalos compareció solo ante el Supremo y expresó al juez: “No tengo dinero ni a dónde ir”. Visiblemente afectado, pasó parte del tiempo en los patios del tribunal, fumando y esperando la decisión judicial. Según fuentes judiciales, se mostró “destrozado”.

    El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón respaldó la medida de prisión al considerar que el riesgo de fuga es mayor ahora que se acerca el juicio. Aseguró que los delitos fueron cometidos gracias a su posición de poder y subrayó que “ningún poder del Estado puede esgrimir su rol para evadir la justicia”.

    Críticas y estrategia judicial

    La defensa de Ábalos denunció que la decisión busca presionarlo para obtener una confesión, como la que ofreció el presunto operador de la trama, Víctor de Aldama, luego de pasar semanas encarcelado. También cuestionó que se le prive de libertad sin condena firme, afectando su derecho a ejercer su representación política como legislador en activo.

    Mientras tanto, la defensa de Koldo García intentó trasladar el caso nuevamente a la Audiencia Nacional, alegando que el Supremo carece de competencia para juzgarlo. No obstante, el tribunal rechazó esa postura y confirmó su jurisdicción sobre ambos imputados.

    El caso, conocido como “Caso Koldo”, es uno de los escándalos de corrupción más mediáticos surgidos tras la pandemia y podría tener repercusiones políticas de largo alcance dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que Ábalos pertenecía hasta que renunció a la militancia tras estallar el escándalo.

     

  • La Fiscalía española pide 24 años de cárcel para un exministro socialista por corrupción

    La Fiscalía española pide 24 años de cárcel para un exministro socialista por corrupción

    La Fiscalía Anticorrupción española pide una condena de 24 años de cárcel para el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021), sospechoso de varios delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia de covid.

    En unas conclusiones provisionales presentadas este miércoles en el Tribunal Supremo, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, reclama 19 años y medio de prisión para Koldo García, un antiguo asistente del exministro Ábalos, y 7 años para el considerado comisionista de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

    Aparte de esta investigación, los tres están imputados por supuestas mordidas en adjudicaciones de obra pública, al igual que el exsecretario de Organización del Partido Socialista Santos Cerdán, que cumplía prisión preventiva hasta hoy, cuando el juez del caso ha decidido que salga en libertad provisional.

    La Fiscalía Anticorrupción acusa a Ábalos y a Koldo García de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos delitos de tráfico de influencias y malversación por la supuesta trama de comisiones por la adquisición de mascarillas.

    Y Aldama es sospechoso de organización criminal, cohecho y uso de información privilegiada. Este empresario, que fue encarcelado provisionalmente por otra causa, salió en libertad provisional tras prometer colaborar con la Fiscalía en el caso de las mascarillas.

    Además de las penas de prisión, se piden multas de más de 3,9 millones de euros para Ábalos y Koldo García y de más de 3,8 millones para Aldama.

    La Fiscalía sitúa a Koldo García como «testaferro» de Ábalos, y señala que desempeñaba para él «un buen número de tareas», tanto lícitas como ilícitas, y manejaba «las fuentes ilegales de dinero en efectivo» de su jefe.

    El fiscal comparte con el juez la tesis del «preciso reparto de funciones» de los tres investigados en la presunta organización de comisiones ilegales en la compra de mascarillas por administraciones públicas, tras ver «la oportunidad de obtener un común beneficio económico», aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el Partido Socialista como secretario de Organización, que también ejercía en aquellos momentos.

    Ábalos podría así favorecer, a cambio de un beneficio económico para los tres, la contratación pública «en cuantas ocasiones hubiera oportunidad» de empresas captadas y promovidas por Aldama.

    Al presentar estas conclusiones, la Fiscalía ha pedido también que se revisen las medidas cautelares para Ábalos y Koldo García, que siguen en libertas provisional. Actualmente deben comparecer quincenalmente ante el juzgado, tienen prohibido salir de España y se les ha retirado el pasaporte.