La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó este jueves que EE.UU. ha «arrestado, detenido y deportado a sus países de origen» a más de 650,000 inmigrantes irregulares «gracias» a la Administración de Donald Trump.
«Gracias al presidente Trump, tenemos a 2.6 millones de personas que han abandonado nuestro país y que, para empezar, no deberían haber estado aquí. Estaban aquí ilegalmente, y más de 650,000 de ellas fueron arrestadas, detenidas y deportadas a sus países de origen», anotó Noem en una conferencia de prensa en Nueva York.
La titular de Seguridad Nacional agregó que «los dos millones que se marcharon voluntariamente» tienen la «posibilidad para regresar a casa y volver (a Estados Unidos) algún día por la vía legal, para así tener la oportunidad de disfrutar del sueño americano».
Noem recordó, además, que mañana en Estados Unidos se celebra el Día de las Fuerzas del Orden y animó a los ciudadanos a «darles las gracias.
“Cuando vean a un agente de Aduanas y Protección Fronteriza… Denles las gracias. Hagan algo amable por ellos. Invítenlos a almorzar», señaló.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado su preocupación por las deportaciones masivas y las limitaciones prácticas al derecho de asilo en la frontera, señalando que estas políticas pueden poner en riesgo los derechos humanos de las personas afectadas.
En 2003, EE.UU. creó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), agencia encargada de la identificar, detener y deportar inmigrantes irregulares, así como de investigar delitos como trata de personas o contrabando trasnacional.
Desde su creación, ha acumulado numerosas críticas y denuncias por discriminación y racismo que se han disparado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, que lo ha convertido en la herramienta fundamental de su política de deportaciones masivas.
Además del aumento de efectivos para las redadas en comercios, asociaciones y centros de trabajo, el ICE se beneficia de una interpretación más restrictiva de los derechos de los inmigrantes que permite a los agentes detenciones y deportaciones sin control judicial.
