Un juez federal en Estados Unidos ordenó este jueves al Gobierno del expresidente Donald Trump abstenerse de emitir declaraciones públicas que puedan afectar el juicio del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado de transportar personas indocumentadas en territorio estadounidense.
La medida, adoptada por el magistrado Waverly Crenshaw, busca preservar la imparcialidad del proceso judicial que enfrenta Abrego en Nashville, Tennessee, donde fue trasladado tras haber permanecido por error en una prisión de máxima seguridad en El Salvador durante casi tres meses.
“Para garantizar un juicio justo, todas las partes y sus representantes están obligados a evitar declaraciones extrajudiciales que interfieran con el derecho constitucional del acusado”, señaló Crenshaw en su resolución.
El juez recordó que Ábrego debe ser considerado inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
La defensa legal del migrante salvadoreño denunció ante el tribunal las declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien en una conferencia de prensa lo calificó de “monstruo” y “ser humano horrible”.
Noem también lo acusó sin juicio previo de haber cometido delitos como tráfico de personas, violencia doméstica y abuso sexual, pese a que Ábrego no ha sido condenado por esos cargos. “Nunca debería ser liberado”, afirmó la funcionaria públicamente, generando preocupación en los abogados sobre una posible contaminación del jurado.
Críticas por trato a migrantes
El caso ha generado repercusión internacional, especialmente entre defensores de los derechos humanos y críticos de las políticas migratorias de la administración Trump. Ábrego fue uno de los más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, que fueron deportados sin juicio y enviados a la prisión de alta seguridad del CECOT en El Salvador, lo que organizaciones civiles han denunciado como una forma de “desaparición forzada”.
Los abogados del migrante salvadoreño aseguraron que la campaña del Gobierno para vincularlo con la pandilla MS-13 carece de fundamento judicial y que ningún tribunal en EE.UU. lo ha acusado formalmente por esos delitos.
“La intervención del Tribunal es necesaria para proteger el derecho del Sr. Ábrego a un juicio justo, su seguridad personal y la integridad de los procedimientos legales”, indicaron los abogados en un escrito dirigido al juez.
Ábrego, quien lleva más de una década viviendo en Maryland junto a su familia, se ha convertido en símbolo de las críticas contra las deportaciones masivas y detenciones arbitrarias impulsadas por el Gobierno republicano.
