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  • Candidata oficialista promete ser la "heredera" de Rodrigo Chaves en Costa Rica

    Candidata oficialista promete ser la «heredera» de Rodrigo Chaves en Costa Rica

    La candidata presidencial del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, se comprometió este viernes a dar continuidad al proyecto político del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, a quien dedicó su plan de Gobierno de cara a las elecciones del 1 de febrero de 2026.

    “Somos los herederos naturales y los guardianes del cambio que vino a introducir don Rodrigo Chaves y doña Pilar Cisneros, y la fracción oficialista”, declaró Fernández, exministra de Planificación, durante la presentación del documento, al que denominó el «Plan de la Continuidad».

    La propuesta contiene más de 520 acciones estratégicas distribuidas en cinco ejes principales, y busca consolidar iniciativas ya impulsadas por la actual administración. Entre ellas, destacan la construcción de una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo salvadoreño, la reactivación del tren eléctrico en el Gran Área Metropolitana, y la venta de activos estatales como el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica.

    Fernández, una figura cercana a Chaves, aseguró representar “al pueblo valiente de Costa Rica que decidió hacer un cambio”, en alusión al triunfo del mandatario en 2022. Aunque la Constitución prohíbe la reelección presidencial consecutiva, su candidatura busca capitalizar el respaldo del actual Gobierno.

    En materia de seguridad, la exministra propuso reformas estructurales al Poder Judicial, Sala Constitucional, Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). También planteó el fortalecimiento de la Academia Nacional de Policía e instaurar una carrera policial formal en el país.

    Frente a la crisis de homicidios —que en 2023 se acercan a los 900 casos, en su mayoría vinculados al narcotráfico— Fernández responsabilizó a administraciones anteriores por permitir el ingreso del crimen organizado. Advirtió además que, “si la cosa se pone fea”, podría solicitar al Congreso la suspensión de garantías individuales en barrios conflictivos.

    Como parte de su propuesta en justicia penal, planteó una “revisión integral de la ley penal” para endurecer las penas contra el crimen organizado y fortalecer la respuesta del Estado en los territorios más vulnerables.

    “La Costa Rica que queremos debe cerrar las heridas de la desigualdad, redistribuir las oportunidades y garantizar que el progreso social no sea privilegio de unos pocos”, afirmó la candidata.

    Fernández es una de las 20 aspirantes que buscarán la presidencia para el periodo 2026-2030, en unos comicios donde también se elegirán los 57 diputados de la Asamblea Legislativa.

  • Candidata interpone una denuncia tras hallar un "micrófono de espionaje" en Costa Rica

    Candidata interpone una denuncia tras hallar un «micrófono de espionaje» en Costa Rica

    La candidata presidencial oficialista, Laura Fernández, interpuso este martes una denuncia ante las autoridades judiciales de Costa Rica tras haber hallado un «micrófono de espionaje» en su oficina de campaña.

    «Me presenté ante la Fiscalía de Pavas (San José) para interponer la denuncia por el micrófono de espionaje que un grupo especializado de seguridad encontró en mi oficina. El delito es captación indebida de manifestaciones verbales», expresó en un comunicado la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

    Según informó Fernández, este martes un grupo de seguridad privada especialista en tecnologías y dispositivos de espionaje, realizó una revisión de su oficina y encontró un micrófono con transmisor dentro de un tomacorriente.

    Se trata de un dispositivo que captura la voz y la transmite a un receptor que puede estar ubicado a una distancia de un kilómetro a la redonda y que el dispositivo es «difícil de encontrar en el continente y su precio ronda entre 2.000 y 3.000 dólares.

    «Quien haya instalado ese dispositivo, escuchó conversaciones privadas que he tenido en mi oficina, con personas de la campaña y con mi familia. Lamentablemente eso es campaña sucia, porque le tienen mucho miedo a este movimiento que le dará continuidad a la ruta iniciada por (el actual presidente) Rodrigo Chaves», declaró Fernández.

    «Si creen que con estas estrategias me van a vencer, les digo que cada día me hacen más fuerte», manifestó.

    Fernández, exministra de Planificación de Chaves, es uno de los 20 candidatos que competirán por la presidencial en las elecciones del 1 de febrero de 2026, en las que los costarricenses escogerán al mandatario y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030.

    La candidata se ha presentado como la opción para la continuidad del actual Gobierno e incluso ha manifestado su intención de, en caso ganar, ofrecerle al presidente Chaves un puesto como ministro.

    En Costa Rica está prohibida la reelección presidencial consecutiva.

  • Presidente de Costa Rica acusa a tribunal electoral de imponer “ley mordaza”

    Presidente de Costa Rica acusa a tribunal electoral de imponer “ley mordaza”

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, denunció este miércoles al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por aplicar una “ley mordaza” que le impide comunicar las acciones del Gobierno a través de redes sociales y medios oficiales, justo al iniciar la campaña electoral rumbo a los comicios del 1 de febrero de 2026.

    Chaves afirmó que el TSE “cambió las reglas” con una interpretación que calificó de “arbitraria y vergonzosa”, al incluir las plataformas digitales dentro de la restricción legal que impide difundir propaganda gubernamental durante el proceso electoral. El mandatario aseguró que esa decisión le impide dirigirse libremente al pueblo.

    “Lo digo con pesar, no por ego ni vanidad, mañana va a ser un día triste para nuestra democracia. Lo digo como costarricense, no como presidente, y me causa un profundo dolor en el corazón”, expresó Chaves en su conferencia de prensa semanal. Añadió que el TSE, antes considerado una institución inmaculada, “ya tiene mácula” por esta medida.

    Según la normativa electoral, desde el jueves 2 de octubre, el Poder Ejecutivo y las instituciones públicas no pueden divulgar obras realizadas mediante ningún canal oficial. El presidente podrá continuar ofreciendo conferencias e inaugurando proyectos, pero sin difundirlos públicamente a través de medios institucionales ni redes sociales.

    Chaves insistió en que el tribunal electoral asumió potestades legislativas que no le corresponden y aseguró que la intención de fondo es limitar su influencia en la contienda electoral. “Cambiar las reglas en este momento revela el deseo de reducir la influencia que este servidor y mis colegas podríamos tener sobre los intereses de otros grupos políticos”, sostuvo.

    La ley en Costa Rica prohíbe al presidente y altos funcionarios del Gobierno participar en campañas políticas. Sin embargo, el TSE ya recibió varias denuncias por supuesta beligerancia política contra Chaves, quien ha utilizado actos oficiales para criticar a partidos opositores y pedir una mayoría de “diputados patriotas” en el próximo Congreso.

    Para las elecciones del 2026 se han inscrito 20 aspirantes presidenciales, entre ellos varias figuras cercanas a Chaves, como Laura Fernández, exministra de Planificación y candidata del partido oficialista Pueblo Soberano. También compiten la ex primera dama Claudia Dobles (Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Natalia Díaz (Unidos Podemos), y Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), entre otros.

  • El clima electoral costarricense se tensa tras decisión legislativa de mantener el fuero a Chaves

    El clima electoral costarricense se tensa tras decisión legislativa de mantener el fuero a Chaves

    El Congreso de Costa Rica decidió el lunes mantener la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, pese a una acusación de la Fiscalía por un supuesto manejo irregular de fondos, lo que intensificó la polarización política a pocos meses de las elecciones generales del 1 de febrero.

    Con 34 votos a favor del desafuero y 21 en contra, la iniciativa no alcanzó los 38 sufragios necesarios para retirarle el fuero constitucional, lo que detiene temporalmente el proceso penal en su contra. La medida generó reacciones inmediatas de los principales actores políticos del país.

    La Fiscalía acusa a Chaves de un delito de concusión en la contratación presuntamente irregular de la empresa RMC La Productora S.A., con fondos de $405,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales habrían sido utilizados para servicios de comunicación a la medida del mandatario. El caso también involucra al comunicador Cristian Bulgarelli, quien supuestamente redactó los requisitos de contratación, y al asesor presidencial Federico Cruz, quien habría recibido parte del dinero.

    El presidente Rodrigo Chaves, a pesar de no poder optar por la reelección consecutiva ni referirse a temas electorales por ley, se ha convertido en una figura central de la campaña con duras críticas al Congreso, al Poder Judicial y a partidos de oposición. Esa actitud le ha valido denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

    Su exministra de Planificación, Laura Fernández, ahora candidata del Partido Pueblo Soberano, se ha presentado como la heredera del «Rodriguismo» y confirmó que, de ganar, invitará a Chaves a ser su ministro de la Presidencia.

    “Varios dirigentes intentaron quitarle la inmunidad al presidente bajo la errónea y cínica creencia de que así lo debilitaban”, afirmó Fernández.

    Entre quienes votaron a favor del desafuero se encuentra el candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien advirtió: “Paradójicamente, el propio Rodrigo Chaves ha repetido que ‘todos somos ticos sin corona’. Hoy la realidad lo contradice. El único tico con corona es él”.

    Por su parte, el aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, lamentó que no se alcanzaran los votos: “Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios”, apuntó.

    Mientras tanto, el candidato del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, defendió la decisión de su bancada de votar en contra del desafuero al considerar que habría convertido al presidente en “una especie de mártir” político.

    Con la decisión legislativa, el proceso penal queda suspendido hasta que Chaves termine su mandato el 8 de mayo de 2026. El delito de concusión que se le imputa contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.