La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, fue evacuada este viernes durante una visita de trabajo en la localidad de Las Crucitas, al norte del país, luego de que se escuchara una fuerte explosión mientras realizaba un recorrido para verificar los daños ambientales ocasionados por la minería ilegal de oro.
La mandataria se encontraba recorriendo un sector de aproximadamente tres kilómetros cuando se produjo la detonación a cierta distancia del lugar donde se desarrollaba la actividad. Como medida preventiva, su equipo de seguridad activó los protocolos correspondientes y la trasladó de inmediato a un vehículo oficial para retirarla del área.
Minutos después, Fernández confirmó que se encontraba en buen estado de salud y descartó cualquier afectación física. “Estoy bien, ya me chequearon porque es el protocolo. No se preocupe nadie más allá de lo necesario. Estamos todos bien”, declaró durante una conferencia de prensa ofrecida en la zona.
La presidenta explicó que el sonido percibido pudo asemejarse a una “bombeta de turno”, utilizada habitualmente en celebraciones populares, aunque señaló que el eco provocado por el bosque habría amplificado considerablemente el ruido.
El ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que las autoridades iniciaron una investigación para determinar el origen de la explosión. Además, indicó que equipos policiales realizan inspecciones en el área y confirmó que no se reportaron personas lesionadas por el incidente.
En la gira también participaron diputados de diferentes partidos políticos. Según las autoridades, uno de los asistentes requirió atención médica tras sufrir una crisis nerviosa provocada por el momento de tensión generado por la detonación.
Fernández aprovechó la visita para reiterar su preocupación por la situación que enfrenta Las Crucitas debido a la actividad minera ilegal. “Si se animaron a hacer una detonación hoy, imagínense como será un día ordinario para los policías y la comunidad”, manifestó la gobernante.
La mandataria defendió nuevamente el proyecto impulsado por su Gobierno para reactivar la explotación legal de oro en la zona. Según explicó, actualmente el Estado destina cerca de $1.3 millones mensuales para mantener operativos de seguridad en el área, donde trabajan unos 150 policías para controlar la actividad de mineros ilegales que utilizan sustancias contaminantes como mercurio y cianuro.
