El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador reprogramó nuevamente la vista pública en contra de la exprimera dama de la República, Ana Ligia Mixco Sol de Saca, acusada del delito de lavado de dinero y activos por más de $17.6 millones.
El juicio estaba previsto iniciar este lunes, sin embargo, fue pospuesto para desarrollarse del 29 de septiembre al 3 de octubre, debido a la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), según manifestó la oficina del tribunal que conocerá el caso.
El juicio se ha venido posponiendo desde marzo del año 2023, en este caso y este año, la vista pública estaba agendada para el 11 del presente mes y posteriormente se notificó para este 18 de agosto.
La Fiscalía acusó a Ana Ligia de Saca de haber utilizado $17 millones de Casa Presidencial para pago de beneficios directos y hasta sus tarjetas de crédito, durante la gestión del expresidente Antonio Saca.
En el caso también se procesa al hermano de la exprimera Óscar Edgardo Mixco Sol, Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Gerardo Antonio Funes Durán y César Daniel Funes Cruz. Además de Milton Romeo Avilés Cruz y José Antonio Armando Lemus Zaldívar.
Por este caso, Mixco Sol de Saca fue condenada a 10 años de cárcel en junio de 2021, en un fallo dado por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador.
Sin embargo, la sentencia fue anulada en octubre del año 2022 por la Cámara Primera de lo Penal y ordenó repetir el juicio.
En octubre de 2023, la defensa de la exprimera dama solicitó un procedimiento abreviado, donde la exprimera dama aceptaría los cargos imputados a cambio de una reducción de pena, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.
El fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, el venezolano-estadounidense Roger Piñate, fue acusado este martes por fiscales de Estados Unidos de sobornar a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, en 2019, a cambio de obtener beneficios contractuales con el gobierno de Nicolás Maduro.
De acuerdo con documentos judiciales presentados en la Corte del Distrito Sur de Florida, Piñate transfirió a Lucena una residencia ubicada en Caracas entre abril y julio de 2019, como parte de un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero. La vivienda —descrita como una casa de clase media alta con piscina— habría sido entregada mediante una corporación extranjera controlada por el empresario.
Según la acusación, “Piñate sobornó a Lucena Ramírez con las escrituras y el uso de la residencia para que ayudara a resolver un conflicto con el Gobierno venezolano tras las elecciones de 2017”, cuando Smartmatic denunció una diferencia de un millón de votos entre los resultados reales y los anunciados por el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente.
A raíz de esa denuncia, la administración de Maduro suspendió los contratos y pagos a Smartmatic, que había operado en el país desde 2004 hasta marzo de 2018, brindando servicios de tecnología electoral. La ayuda de Lucena, quien presidió el CNE de 2006 a 2020, habría sido clave para intentar revertir esa situación.
El documento judicial afirma que Lucena finalmente tomó control de la propiedad, y el Gobierno de EE.UU. planea demostrar que esto constituyó un pago ilegal para asegurar la continuidad de Smartmatic como proveedor de servicios electorales en Venezuela.
Este caso forma parte de una investigación más amplia contra Piñate, quien también enfrenta cargos junto a otros tres individuos: Jorge Miguel Vásquez (EE.UU.), Elie Moreno (EE.UU.-Israel) y Juan Andrés Donato (Filipinas), por presuntos sobornos relacionados con las elecciones en Filipinas en 2016.
Smartmatic, empresa con sede en Londres, ha prestado servicios electorales en países como México, Estados Unidos y Venezuela. En EE.UU., la firma también es conocida por su demanda por $2,700 millones contra Fox News, tras alegar difamación por acusaciones infundadas que la vincularon con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, impulsado por el presidente Donald Trump.
Tres salvadoreños residentes en Orlando, Florida, fueron condenados por conspirar para cometer fraude fiscal y fraude electrónico en un esquema de más de $146 millones en la industria de la construcción, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. La sentencia fue dictada por el juez federal Timothy J. Corrigan este martes 29 de julio.
Eduardo Aníbal Escobar (45 años) fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión, Carlos Alberto Rodríguez (36 años)a 3 años y 4 meses, y Adelmy Tejada (57 años) a 18 meses en prisión, seguidos de 6 meses en arresto domiciliario. Todos se declararon culpables el 3 de abril de 2025.
Además de las penas de cárcel, la corte ordenó el pago de $36,957,616 en restitución al IRS por impuestos sobre nómina no pagados, y $397,895 a dos aseguradoras por reclamaciones de compensación laboral derivadas del esquema.
Escobar y Rodríguez son residentes legales permanentes originarios de El Salvador, mientras que Tejada es ciudadana estadounidense naturalizada, también salvadoreña de origen.
Según los documentos judiciales, entre enero de 2015 y agosto de 2024, los acusados dirigieron una operación ilegal que permitía pagar a trabajadores de construcción fuera de nómina, con el fin de evadir impuestos federales y evitar el pago de primas de seguro de compensación laboral. Además, facilitaron la contratación de migrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
Mediante sus empresas, T. Escobar Construction y C. Escobar Construction, los imputados firmaron acuerdos con cientos de subcontratistas de construcción. A cambio de una comisión del 6 al 8 % de la nómina, emitían certificados de seguro a nombre de sus empresas para que los subcontratistas pudieran obtener contratos aparentando cumplir con los requisitos legales.
Sin embargo, las pólizas de seguro contratadas por los acusados solo cubrían a un puñado de empleados y una nómina mínima. Esta falsedad llevó a que las aseguradoras cubrieran sin saberlo a cientos de trabajadores no registrados.
Las investigaciones revelaron que más de $146 millones en cheques de nómina fueron depositados en cuentas bancarias de las empresas, desde donde retiraban el dinero en efectivo para pagar a los trabajadores, sin reportar ni retener impuestos al IRS. Esto resultó en una pérdida de más de $36 millones para el Tesoro de EE.UU.
“El caso demuestra cómo las agencias estatales y federales pueden trabajar juntas para desmantelar esquemas financieros ilegales que afectan a trabajadores y al fisco,” dijo Ron Loecker, agente especial a cargo de la oficina de Investigación Criminal del IRS en Tampa.
Por su parte, Tim Hemker, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), advirtió que “estas prácticas ilegales distorsionan la competencia en la industria de la construcción y terminan afectando al consumidor.”
La investigación continúa y forma parte de una operación federal para detectar empresas fantasma y empleados “fantasma” en el sector construcción. El caso fue llevado por el fiscal Arnold B. Corsmeier y la fiscal Jennifer M. Harrington está a cargo de la confiscación de activos.
El Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) revisará «los esfuerzos y cambios» que El Salvador ha implementado en los últimos meses en materia de lavado de dinero, aseguró el secretario ejecutivo de esta entidad, Esteban Fullin, este lunes.
Fullin explicó que revisarán los resultados que tuvieron en la cuarta ronda y concretamente lo realizado en el país, que este año es la sede de la reunión que desarrolla la quinta ronda.
«Nos encontramos preparando a todo el organismo para llevar adelante una quinta ronda de evaluaciones mutuas, pero también analizando los resultados que hemos tenido en esta cuarta ronda, en el caso concreto vamos a estar evaluando los esfuerzos y cambios que ha hecho El Salvador desde la evaluación que se realizó, y vamos a estar tomando nota de los esfuerzos y todos los adelantos que ha hecho el país». Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat.
Por su parte, Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo #GAFILAT, manifestó su agradecimiento a las autoridades salvadoreñas por la acogida a todos los miembros del pleno, también explicó:
«Nos encontramos preparando a todo el organismo para llevar a cabo una quinta ronda de… pic.twitter.com/a5egA64nqq
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 28, 2025
Ante ello, el fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que el encuentro representa no solo una agenda técnica sino «una causa común que trasciende fronteras: la defensa de la igualdad, transparencia, y la justicia en nuestra región». Delgado reiteró la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En la cuarta ronda del Gafilat, realizada en Paraguay durante el año 2024, El Salvador fue reconocido por realizar «importantes esfuerzos» antilavado, pero a pesar de estos avances advirtieron al país de enfrentar riesgos respecto a los activos digitales.
Virginia Samayoa, Fiscal Adjunta de Investigación Financiera junto al fiscal general Rodolfo Delgado. Cortesía de FGR
«El Salvador debe de profundizar y ampliar las evaluaciones de riesgo de lavado de activos asociados a los activos virtuales, proveedores de servicios de activos virtuales y proveedores de servicios de activos digitales, financiamiento del terrorismo, incluyendo el análisis de las diversas modalidades», señaló el informe del Gafilat en ese momento.
El acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) comprende la presentación de una nueva Ley de prevención contra el lavado de dinero y activos que será presentada en agosto próximo ante la Asamblea Legislativa; esta nueva normativa establecerá la presentación de declaraciones de bienes de altos funcionarios para finales del año 2026.
De igual forma, serán presentadas las reformas necesarias para que el sistema antilavado para los proveedores de servicios de activos virtuales cumplan con la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Salvador es la sede
El presidente del Gafilat, Juan Carlos Monroy Véliz, explicó que trabajarán durante cuatro días, desde este lunes, para abordar cinco grupos de trabajo: el de evaluaciones mutuas, el de análisis operativo, de financiamiento de terrorismo, cooperación y desarrollo, y análisis de riesgo.
Estos grupos tienen como fin conocer cuáles son los riesgos emergentes en la región, relacionado con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Juan Carlos Monroy Véliz, presidente Gafilat Cortesía FGR.
El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
El Gafilat está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
El Salvador fue admitido en este grupo en el año 2022.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) de este año se realizarán por primera vez en El Salvador. El país es miembro desde 2022.
El Gafilat indicó en sus redes sociales que las reuniones se realizarán desde el 28 hasta el 31 de julio en la ciudad de San Salvador y que se espera que participen delegados de los 18 países miembros y observadores.
«El Salvador fue evaluado y aprobado por GAFILAT, en 2024. Recibió reconocimiento internacional por sus avances en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo». Fiscalía General de la República.
La entidad regional aseguró que El Salvador es miembro de este grupo desde 2022 y que este año será sede del LI pleno de representantes y las reuniones de los miembros del organismo.
El Gafilat fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra estos flagelos y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros.
El Gafilat está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Por primera vez, el Pleno de Representantes de @gafilat se realizará en El Salvador.
Es el grupo que evalúa si los países de Latinoamérica cumplen con normas internacionales para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del… https://t.co/XtlX3np4GT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 24, 2025
El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, cabecilla del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina, y ofreció una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a su captura o condena.
El Departamento de Estado acusó a Guerrero de haber transformado “una pandilla carcelaria dedicada a la extorsión y el soborno en una red criminal transnacional dedicada al terrorismo, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado” que amenaza la seguridad pública en todo el hemisferio occidental.
Además de Guerrero, también fue sancionado Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’, señalado como cofundador del Tren de Aragua y encargado de coordinar las operaciones de minería ilegal en Venezuela. Washington ofreció hasta $4 millones por su arresto.
Otros miembros del grupo incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro son Josué Ángel Santana Pena (‘Santanita’), quien estuvo preso junto a Guerrero en la cárcel de Tocorón, y Wilmer José Pérez Castillo, alias ‘Wilmer Guayabal’, jefe de una célula responsable de narcotráfico y cobro de sobornos en Venezuela.
También fue sancionada Wendy Marbelys Ríos Gómez, esposa de Guerrero, por su participación en actividades delictivas relacionadas con el lavado de dinero, terrorismo y su financiamiento. Según el gobierno estadounidense, Ríos se benefició económicamente de los ingresos ilícitos del Tren de Aragua.
“El Tren de Aragua no será tolerado. No permitiremos que esta red criminal continúe sembrando miedo en nuestras comunidades ni poniendo en riesgo la vida de ciudadanos estadounidenses”, advirtió Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.
Las operaciones del Tren de Aragua se han detectado en varios países de América Latina y que son consideradas una amenaza directa a la estabilidad regional.
