El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresará este domingo a su país para someterse voluntariamente a la justicia y responder por un proceso penal relacionado con presuntos delitos de fraude y lavado de dinero. Su retorno ocurre después de haber sido indultado en Estados Unidos de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico ilegal de armas.
Hernández, de 57 años, gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y se convirtió en abril de 2022 en el primer expresidente hondureño extraditado a Estados Unidos. Dos años después, una corte federal de Nueva York lo condenó por conspiración para introducir grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense y por delitos relacionados con el tráfico de armas.
La situación del exmandatario cambió en 2025 cuando recibió un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump. El entonces mandatario argumentó que la Administración de Joe Biden había «tendido una trampa» a Hernández. Tras el perdón presidencial, un juez federal anuló la sentencia y cerró definitivamente el proceso en su contra en Estados Unidos.
El regreso a Honduras será posible luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol que pesaban sobre el exgobernante. La resolución respondió a una solicitud presentada por su defensa para que pudiera comparecer de forma voluntaria ante los tribunales hondureños.
En Honduras, Hernández enfrenta un proceso por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013. En el expediente también figuran el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados y empresarios.
La audiencia inicial fue programada para el próximo 3 de agosto, fecha en la que el exmandatario conocerá formalmente los cargos en su contra. Su defensa buscará que el proceso continúe bajo medidas sustitutivas y no con prisión preventiva. En una entrevista concedida a EFE en Miami, Hernández afirmó: «Todos los demás involucrados en ese proceso se presentaron voluntariamente. La mayoría de ellos ya fueron liberados de sus cargos y están en libertad, y los demás siguen un proceso común y corriente».
El regreso del exgobernante también reabrió el debate sobre la independencia del sistema judicial hondureño. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, sostuvo que el verdadero desafío será demostrar que la justicia actúa sin privilegios y declaró: «El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo».
Diversos sectores políticos consideran que el proceso será una prueba para las instituciones del país. Mientras los seguidores de Hernández sostienen que podrá demostrar su inocencia ante los tribunales, organizaciones anticorrupción y dirigentes de oposición han pedido que el caso sea resuelto con objetividad y sin concesiones.
