La violencia y el accionar de grupos criminales son la causa principal del desplazamiento interno en América Latina, de acuerdo con la iniciativa ProLAC, liderada por el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) y el Consejo Danés para los Refugiados (DRC).
Según su último informe, el 70 % de los desplazamientos en Ecuador, Guatemala, Honduras y México son consecuencia directa de la inseguridad generalizada.
El estudio advierte que este fenómeno, impulsado por amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado de menores y disputas territoriales, se ha convertido en una “consecuencia generalizada y sistémica” de la violencia.
A pesar de su magnitud, el sistema jurídico de estos países carece de herramientas efectivas para proteger a las víctimas.
“La situación se agrava aún más por la falta de reconocimiento legal de las personas desplazadas internamente en todos los países analizados”, advierte ProLAC. En ese sentido, destaca que un tercio de las personas encuestadas no denuncian por desconfianza hacia las autoridades.
Stine Paus, directora regional del NRC para América Latina, advirtió que “las familias que huyen se vuelven cada vez más invisibles” y subrayó que “no se puede ignorar los peligros extremos a los que se enfrentan estas personas”.
Ante ese panorama, ProLAC solicitó a los gobiernos reconocer esta crisis como una emergencia humanitaria y adoptar medidas para garantizar la protección, asistencia y derechos de quienes se ven forzados a abandonar sus hogares.
Yann Cornic, director regional de operaciones del DRC, resaltó la gravedad del vacío legal: “Este vacío legal tiene consecuencias reales. Limita el acceso a la asistencia humanitaria, la justicia, las reparaciones y soluciones duraderas”.
La situación varía según el país. En Honduras, aunque existe una ley desde 2022, apenas cuenta con regulación ni presupuesto. En México, solo algunos estados han avanzado en marcos legales; Guatemala aún no presenta avances significativos, y Ecuador carece completamente de legislación en la materia.
Cornic llamó a los Estados a legislar con urgencia para brindar protección a los desplazados y advirtió que, aunque la sociedad civil realiza esfuerzos significativos, “sin voluntad política, serán insuficientes”.
ProLAC, respaldada por la Unión Europea, insistió en que el reconocimiento legal del desplazamiento forzado es esencial para que estas personas accedan a derechos básicos y no queden en el abandono institucional.