El diputado de Arena, Francisco Lira, cuestionó este día que la Comisión Política de la Asamblea Legislativa no convocara al director de Centros Penales para discutir las reformas constitucionales y penales relacionadas con la implementación de la cadena perpetua en El Salvador.
El legislador señaló que, aunque se anunció la convocatoria de expertos para analizar las reformas, se ha omitido la participación de funcionarios clave que podrían aportar información relevante sobre el sistema penitenciario.
“En la Comisión Política se recibieron reformas para adecuar leyes a la cadena perpetua y se convocará a expertos.
Pero evitan convocar ha ciertos personajes ¿por qué no convocar al Director de Centros Penales para conocer la reincidencia real de quienes ya cumplieron condena?», cuestionó Lira en redes sociales
El legislador opositor también se preguntó: «¿Y por qué hay personas con orden judicial de libertad que siguen detenidas? ¿Por qué no dan la cara y explican?»
«La justicia no puede ser selectiva. Sin datos y sin respeto a la ley, no hay debate serio”, agregó Lira.
La Comisión Política tiene previsto analizar este jueves la ratificación de la reforma constitucional al artículo 27, así como modificaciones al Código Penal, la Ley contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley Penal Juvenil.
Para el estudio de estas reformas, están convocados el gabinete de Seguridad, el fiscal general y representantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes deberán comparecer ante la comisión legislativa.
El pasado martes, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma al artículo 27 de la Constitución que elimina la prohibición de la cadena perpetua y permite su aplicación para delitos como homicidio, violación y terrorismo, aunque aún requiere ratificación.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó propuestas de reforma a varias normativas para incorporar la pena perpetua en delitos como homicidio simple y agravado, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.
Las reformas también contemplan la aplicación de esta pena a menores de edad, con la posibilidad de que un juez otorgue “libertad controlada” tras el cumplimiento de más de 25 años de prisión en el caso de menores, o más de 30 años si se trata de adultos.