Un grupo de organizaciones ambientalistas hizo un llamado a la sociedad salvadoreña para conformar un frente común que impulse el restablecimiento de la ley que prohibía la minería metálica en el país, derogada en diciembre de 2024 tras la aprobación de una nueva normativa promovida por el Gobierno.
En un comunicado, las organizaciones afirmaron que la actual Ley General de Minería fue aprobada sin un proceso de discusión pública y aseguraron que contradice la postura mayoritaria de la población, que, según sostienen, rechaza la actividad minera en el territorio nacional.
«Llamamos, nuevamente, a todos los sectores del país a hacer un solo cuerpo frente a la amenaza extractivista y a exigir el restablecimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica», expresaron las organizaciones.
Los ambientalistas señalaron que, pese a los llamados realizados por la Iglesia Católica, iglesias históricas y diferentes organizaciones sociales para derogar la legislación, la Asamblea Legislativa mantiene vigente la norma mientras el Ejecutivo avanza con la implementación de proyectos mineros.
Las organizaciones también citaron una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), según la cual el 67.3 % de los salvadoreños considera que la minería beneficia poco o nada a la población.
El Salvador prohibió la minería metálica en 2017, pero esa restricción fue eliminada en diciembre de 2024 mediante una iniciativa impulsada por el presidente Nayib Bukele, quien ha sostenido que el país posee yacimientos de oro con una alta concentración por kilómetro cuadrado.
No obstante, las organizaciones afirmaron que hasta la fecha ninguna institución gubernamental ha presentado estudios técnicos que respalden esa afirmación ni ha divulgado proyecciones sobre los beneficios económicos que generaría la explotación minera para la población salvadoreña.
Los colectivos también advirtieron que el desarrollo de proyectos extractivos podría afectar a unos 4 millones de personas que habitan en la zona norte del país, incluyendo comunidades de los departamentos de Cabañas, Chalatenango, San Vicente, Morazán, San Miguel, Usulután y La Unión. Entre las organizaciones firmantes figuran Caminata Ecológica, Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), Comunidades Eclesiales de Base (CEBS) del Bajo Lempa y Comunidades Históricas de Chalatenango, entre otras.