La amnistía promovida por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha entrado en una fase de ralentización, con menos anuncios de liberaciones a más de un mes de su promulgación.
La norma, aprobada el 19 de febrero, fue presentada como un paso hacia la reconciliación nacional tras años de crisis política en el país.
Sin embargo, organizaciones y expertos han señalado dudas sobre su aplicación y alcance real, especialmente por la falta de información verificable.
Según el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, en las últimas semanas ha disminuido significativamente el número de beneficiados.
Advirtió que si no se libera a más de 500 presos políticos que aún permanecen detenidos, se pondría en duda la voluntad política del Gobierno.
Además, cuestionó que no se haya desmantelado el aparato represivo, lo que, a su juicio, evidencia que la medida podría tener más un efecto simbólico que estructural.
Hasta el 26 de marzo, autoridades reportaron 8,146 personas beneficiadas con libertad plena, aunque ONG como Foro Penal manejan cifras menores y difícilmente verificables.
Por su parte, el coordinador de Provea, Óscar Murillo, criticó el enfoque de la ley al considerar que se presenta como un “perdón” y no como un proceso integral de reconciliación.
También denunció falta de transparencia y discrecionalidad en la aplicación de los beneficios.
La normativa excluye a militares y a personas acusadas de delitos como corrupción, homicidio o instigación a acciones armadas.
Expertos coinciden en que la amnistía representa solo un primer paso dentro de un proceso más amplio que requiere reformas institucionales.
El principal desafío, señalan, será garantizar la liberación total de los presos políticos y avanzar hacia cambios estructurales que eviten nuevas persecuciones.
