Un juez federal estadounidense ordenó este miércoles la libertad bajo fianza de cientos de inmigrantes arrestados por agentes federales en las redadas migratorias que han sacudido el área metropolitana de Chicago (Illinois) durante la ‘Operación Midway Blitz’ de la Administración Trump.
El juez de distrito Jeffrey Cummings aceptó un reclamo de los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, según el cual los arrestos se produjeron en violación a un acuerdo judicial vigente en Illinois y cinco estados vecinos.
Aquellos sujetos a ser liberados deberán obtener la fianza antes del mediodía del próximo 21 de noviembre. El número exacto de personas que recuperarían su libertad dependerá de cuántas no hayan abandonado el país voluntariamente o hayan sido deportadas.
El fallo se aplica a las personas que no tienen órdenes de detención obligatoria y no representan un riesgo significativo.
En Illinois, el denominado Consentimiento Castañon-Nava de 2022, limita las circunstancias en las que los agentes pueden realizar arrestos sin orden judicial al aplicar las leyes civiles de inmigración.
En la audiencia, el magistrado resolvió otorgar una «reparación equitativa», al ordenar la libertad provisional de estas personas mediante «alternativas a la detención», como el uso de monitores electrónicos en el tobillo o citas de seguimiento periódicas con agentes de inmigración, de forma virtual a través de aplicaciones móviles.
El juez Cummings ordenó al Departamento de Justicia revisar todos los arrestos que se encuentren dentro de la misma categoría y presentar una lista antes del próximo 19 de noviembre, y a partir de ahí, tomar las medidas correspondientes.
Cummings dictaminó el mes pasado que los agentes que han actuado en Chicago y sus alrededores violaron el acuerdo, y desde entonces abogados de ambas partes han trabajado para identificar cuántos arrestos violaron el consentimiento previamente acordado.
El abogado Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, dijo -a medios locales- que casos como estos ocurren a diario.
Según afirmó el letrado, hasta el momento, la lista de personas detenidas en violación del acuerdo judicial superaría las tres mil.
Fleming indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (ICE, en inglés) ha presentado una lista de 3.800 personas, mientras que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. informó sobre 1.200 personas, aunque aclaró que podría haber entradas duplicadas en ambas listas, por lo que no se cuenta con una cifra total definitiva.
Además, el abogado dijo que ambas listas solo abarcan hasta principios de octubre y unas mil personas ya no se encuentran en los Estados Unidos porque fueron deportadas después de firmar órdenes de expulsión voluntaria.
Los abogados que representan al DHS argumentaron en la audiencia que el Congreso despojó a los tribunales federales de su autoridad para otorgar la libertad condicional a grandes grupos de inmigrantes bajo custodia del ICE.
En sus alegatos, sostuvieron que «el Congreso ha otorgado la autoridad para conceder la libertad condicional exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Nacional. Los tribunales federales no pueden ordenar al Departamento de Seguridad Nacional que libere a ningún extranjero en libertad condicional porque el Congreso le ha retirado esa autoridad».
