El Poder Judicial de la República Dominicana otorgará el Premio Internacional Justicia y Prensa al empresario salvadoreño José Roberto Dutriz, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de la libertad de prensa y del libre acceso a la información pública.
La distinción será entregada durante la Segunda Conferencia Internacional de Comunicación Judicial, que se celebrará el 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, informó la institución este viernes.
Dutriz, propietario del periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, será reconocido por su liderazgo y contribución a una prensa “libre, responsable y veraz”, considerada por el jurado como un pilar fundamental de la democracia.
El jurado que lo seleccionó está presidido por el periodista español Juan Luis Cebrián, miembro de la Real Academia Española (RAE), e integrado además por personalidades del ámbito jurídico y periodístico del continente.
Entre ellos destacan el juez Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia dominicana; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Prensa; el reconocido periodista mexicano Jorge Ramos; Luis Pérez, titular del Colegio Dominicano de Periodistas; y Javier Cabrera, director de comunicaciones del Poder Judicial.
Dutriz culminó su cargo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) el 19 de octubre pasado cuando fue sustituido por el presidente del grupo de medios norteamericanos Evening Post Publishing, Pierre Manigault.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la libertad de prensa en El Salvador está siendo “silenciada paulatinamente” por el Gobierno mediante amenazas, intimidación y presión directa contra periodistas y medios independientes. Así lo establece el informe presentado este domingo durante la clausura de la 81ª Asamblea General de la organización, realizada en Punta Cana, República Dominicana.
El documento sitúa a El Salvador en la categoría de países con alta restricción a la libertad de prensa, según el Índice Chapultepec. A ello se suma un retroceso de 61 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras durante los últimos cinco años.
«Estas acciones han provocado que muchos comunicadores y redacciones importantes se marchen del país», indica la SIP, que también subraya las contradicciones del discurso oficial.
El Gobierno insiste en que respeta la libertad de expresión porque “no hay periodistas capturados ni medios cerrados”, aunque los registros de organismos nacionales e internacionales lo desmienten.
Solo entre el 1 de mayo y el 14 de julio de este año, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 180 agresiones contra periodistas. Las más frecuentes incluyen acoso físico y digital, intimidaciones, insultos, discursos estigmatizantes y restricciones al ejercicio del periodismo.
El informe también señala que, desde el 13 de junio, al menos 43 periodistas se han visto obligados a desplazarse forzosamente por hostigamiento, intimidación o amenazas de captura. Según la SIP, existen «fuertes indicios de que el Gobierno cuenta con listas completas de vigilancia, amedrentamiento y posibles detenciones de periodistas y defensores de derechos humanos».
En junio, la SIP y 17 organizaciones internacionales pidieron al Gobierno salvadoreño cesar todo tipo de persecución, garantizar la integridad de los periodistas y detener la vigilancia contra la prensa.
El informe alerta también sobre los efectos de la Ley de Agentes Extranjeros, cuya entrada en vigor forzó a la APES a cerrar temporalmente sus oficinas y suspender proyectos financiados desde el exterior. La normativa busca gravar a organizaciones independientes consideradas críticas por el oficialismo.
La SIP concluye que la represión no solo afecta a los medios, sino también a la ciudadanía. Una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la UCA revela que 6 de cada 10 salvadoreños tienen “más cuidado” al opinar sobre política, por temor a represalias.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió este sábado sobre el declive democrático en el continente americano, acentuado por la polarización política y el avance del autoritarismo, según declaraciones de su presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, en la 81ª Asamblea General celebrada en Punta Cana, República Dominicana.
Durante la presentación del informe del Comité en la Junta de Directores de la SIP, Vivanco aseguró que el hemisferio occidental vive “bajo la sombra de un declive democrático”, y alertó sobre el crecimiento de la desinformación y los ataques sistemáticos contra medios y periodistas.
“La SIP se ha mostrado a la altura del desafío, documentando amenazas de manera prolija y oportuna, con alertas tempranas y con misiones a países en crisis”, afirmó Vivanco.
Este año, la SIP llevó a cabo misiones de observación sobre libertad de prensa en Guatemala, Panamá, Costa Rica y Perú, como parte de sus esfuerzos para acompañar y visibilizar los riesgos que enfrentan los medios en contextos críticos.
“Las misiones de libertad de prensa son una poderosa muestra del compromiso de la organización. Cada visita provee acompañamiento directo y una voz clara frente a las autoridades para exigir el respeto a las garantías mínimas que permiten operar a periodistas y medios con libertad e independencia”, añadió Vivanco.
Seguimiento a crímenes contra periodistas
En la misma jornada, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, informó que el organismo mantiene el seguimiento de seis casos emblemáticos de crímenes contra periodistas en América Latina, aún no resueltos.
Entre ellos figuran los asesinatos de los colombianos Guillermo Cano (Bogotá, 1986), Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres (Segovia, Antioquía, 1991), así como los casos del mexicano Francisco Ortiz Franco (Tijuana, 2004) y la desaparición de su compatriota Alfredo Jiménez Mota (2005).
Además, Ramos destacó la desaparición de la periodista guatemalteca Irma Flaquer Azurdia, ocurrida el 16 de octubre de 1980. “A casi 40 años de la desaparición de la periodista Flaquer Azurdia, el reclamo sigue siendo esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia”, expresó.
Mario Guevara es un periodista salvadoreño que pasó la mitad de su vida en Estados Unidos ejerciendo su labor e informando estos meses sobre las redadas de migrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por sus siglas en inglés en Estados Unidos.
En junio durante una manifestación en Atlanta contra las redadas de la administración de Donald Trump, Guevara fue acusado de delitos menores como obstrucción, caminar sobre o junto a la calzada y reunión ilícita, a pesar que estaba identificado como miembro de la prensa.
Luego de ser de permanecer en prisión, Guevara fue deportado a El Salvador el pasado 3 de octubre. Durante una entrevista con Diario El Mundo, Guevara denuncia «torturas» emocionales con cambios frecuentes de cárceles y su permanencia en una celda de aislamiento durante más de 70 días.
¿Cuánto tiempo vivió en Estados Unidos? y en ese tiempo que estuvo allá, ¿cuántos años estuvo ejerciendo su labor periodística?
Básicamente yo me fui a principio del año 2004 para Estados Unidos, después de haber trabajado en dos importantes medios de comunicación locales y me fui para allá, pues en busca de seguridad. Desde entonces, pues yo me considero una persona de mucha fe y una de las oraciones que tuve en aquella época fue pues ´Dios, ¿verdad? Si me da la oportunidad de seguir haciendo el periodismo aquí en en Estados Unidos, me quedo. Si no, voy a hacer unas pequeñas pruebas y decido irme para otro par para otro país, otro lugar´.
Y no, se me abrieron unas puertas, afortunadamente, en un periódico allá en Atlanta, Georgia, un periódico bilingüe, que aunque yo no hablaba inglés, me abrí las puertas y empecé a trabajar con ellos.
Estuve ahí cuatro años hasta que fui contratado por otro periódico más grande y desde entonces ejerzo el periodismo, básicamente desde el mismo año que llegué, empecé a hacer mis funciones periodísticas allá y pues logré las credenciales del país, hice coberturas muy importantes en la Casa Blanca, en el Congreso en Washington, en el Congreso estatal en Georgia e hice muy buenas relaciones con el autoridades locales, también con las estatales y las federales.
En el transcurso de esos 22 años casi, creo yo de que pues logré, ¿verdad? Logré resaltarme en mi carrera periodística. Yo siempre lo he dicho, ´logré hacer mi sueño americano, lo logré hacer realidad´.
¿Cuál era su estatus en Estados Unidos?
Yo tuve permiso de trabajo desde cuando llegué al país.Un año después apliqué por asilo político debido a las condiciones aquí en El Salvador y apliqué en el 2005 por asilo político. Y ese caso estuvo pendiente, los procesos estaban muy lentos y fue hasta el 2012 que un juez revisó mi caso.
Lamentablemente cuando presentamos las pruebas que yo tenía, reportes policiales de aquí, reportes periodísticos, el juez dijo: «Sí, hay evidencia de que fuiste atacado en tu país, pero ya pasó mucho tiempo, ya es un país más seguro.» La Fiscalía presentó el reporte que El Salvador estaba más seguro en 2012, cuando la realidad era otra. El juez falló en contra, me negó mi asilo político. Entonces, me ordenaron salida voluntaria, me dieron 60 días para abandonar el país.
Y estábamos haciendo planes con mi familia de irnos a Canadá, porque no queríamos regresar a El Salvador, precisamente porque sabíamos que la situación aquí estaba crítica con las pandillas.
Lo que pasó fue que en ese lapso que estábamos armando nuestras maletas para irnos para Canadá, inmigración decidió llamar a mis abogados y decirle que me iba a conceder un cierre administrativo en mi caso para que yo me quedara en Estados Unidos, porque ya tenía muy buenas relaciones con la agencia, incluso había hecho muchos reportajes con ICE en aquella época y yo creo que eso ayudó para que ellos consideraran mi caso y darme la oportunidad de quedarme.
Desde entonces estuve super bien, extensión de permiso de trabajo, extensión cada dos años, cada dos años hasta que, pues se dio la oportunidad, que fui acusado en una cobertura, ya todos conocen la historia, una cobertura periodística y aunque fui acusado de cargos menores, que luego me quitaron mis abogados, pero igual inmigración aprovechó.
Ahora que hay una nueva administración más severa con inmigrantes, pues se aprovecharon para reabrir mi caso de deportación y dijeron: «Pues yo tú ya tienes una orden final y te vamos a sacar del país.» Y fue lo que hicieron, lo lograron.
Usted fue capturado en junio durante una cobertura periodística ¿Cómo fue eso? ¿Qué estaba reportando usted? ¿Cómo se da el momento en el que llegan los agentes y lo capturan?
Sí, yo tengo una teoría, no lo puedo probar, pero era el único periodista latino que estaba transmitiendo en ese momento, habíamos varios reporteros, pero el único latino que estaba transmitiendo en vivo en español.
Mi teoría es que como ahora mismo hay un ambiente de discriminación racial en Estados Unidos, pienso yo que los oficiales se ensañaron conmigo por el idioma, pero no lo puedo probar, obviamente, pero fueron dos veces que se me acercaron y la primera vez fue un poco acosadores y yo le dije, «soy miembro de la prensa y me dejaron en paz», pero unos minutos después ya se fueron contra mí directamente a arrestarme.
Entonces, me da la impresión de que tal vez por el hecho de la cuestión y la diferencia étnica pudo haber generado algún tipo de de represalia en mi contra, pero no puedo probarlo, lo que hice de mal, pues en realidad lo único mal que hice fue salirme de la acera, cruzarme en la calle, pero lo hice huyendo del gas lacrimógeno que estaban tirando los antimotines. Entonces, fue una reacción y ellos aprovecharon de esa reacción para arrestarme.
Me presentaron cargos por haberme cruzado la acera de manera ilegal y de haber participado en una protesta. Cuando mis abogados se reunieron con la fiscal un par de días después y justamente el martes, yo fui a arrestar un sábado, entre lunes y martes mis abogados se reunieron con los fiscales, mostraron evidencias, mi mismo Facebook live, las cámaras corporativas de los policías y la fiscalía estuvo de acuerdo. Yo no estaba ni participando en la protesta ni tampoco obstruir la justicia ni nada. Entonces, decidieron remover los cargos antes de que llevaran a juicio. Así es que mis cargos fueron removidos. Yo pensé que iba a salir libre en ese mismo día, pero no, la inmigración decidió que era tiempo de que yo fuera deportado.
Usted estuvo recluido más de 100 días ¿En qué condiciones estaba? ¿Le permitieron hablar con sus abogados, tener contacto con alguien en el sector?
Sí, básicamente estuve preso 110 días, al día 111 me deportaron. Fue un viernes 3 de octubre que yo llegué al país, pero desde el jueves empezaron mi traslado de una cárcel a otra para para enviarme para acá. Este esos 110 días que estuve preso, pues 72 de ellos estuvieron en una celda en confinamiento solitario.
En esa celda ICE ahí pone a las personas que riesgo de ser agredidos por otros presos o también ponen ahí a las personas que han cometido faltas contra guardias o contra otros presos que se han peleado: son celdas de castigo básicamente.
A mí me dijeron que me iban a poner ahí por protección. Yo le digo, «¿Protección por qué?» y me dijeron «porque tú eres figura pública, eres alguien conocido, te pueden agredir” y le digo «yo no tengo miedo que me agreden, yo vengo de la comunidad latina, no me van a agredir», especialmente porque la mayoría de prisioneros eran latinos, hispanos, uno 90 %, 95 % quizás.
Yo sabía que no me iban a hacer nada, aún así ICE negó toda mi solicitud, el consulado de El Salvador también solicitó que me trasladaran, tampoco le hicieron caso, mis abogados lo pidieron por las buenas que me trasladaran y tampoco le hicieron caso.
Al final, pues mis abogados demandaron al gobierno, después de 71 días que me tuvieron ahí, un juez se revisó la demanda y falló que me tenían que soltar. Bueno, no soltar, sacar de confinamiento y me pusieron a una unidad general con 36 presos y fue ahí que me enteré, yo descubrí que ICE lo que no quería es que yo hablara con otros presos porque inmediatamente llegué a la otra unidad y los demás detenidos se acercaron para contarme sus historias y me di cuenta de muchas injusticias, personas que habían sido arrestadas, golpeaba durante los arrestos, cosas así. Entonces, yo creo que esa fue una de las razones por la cual me tuvieron encerrado y no por protección hacia mi persona.
Después de ahí, estuve un mes, un mes más, más de un mes más en una celda, en una unidad general con 36 presos y no me pasó nada, porque yo sabía que no me iba a pasar nada, ni siquiera fui amenazado, pero en el transcurso de los primeros 70 días inmigración me anduvo rodando de cárcel en cárcel, que es una tipo de tortura emocional, lo hacen con los presos para desesperarlos y que firmen.
Ellos me dicen a mí que aceptara mi salida voluntaria y que me viniera para el país y que iba a ser rápido, que podía venirme por mi cuenta en un avión privado, en un vuelo privado, no deportado. Yo le dije que no, que iba a pelear. Entonces, a lo que hacían es moverme de cárcel. Y anduve rodando en en cuatro cárceles que yo creo que fue una tortura emocional porque nunca sabía para dónde me llevaban, no sabía cuál iba a ser la condición en la otra cárcel. Apenas empezaba a adaptarme en una y me llevaban a otra y me cambiaba y fue una tortura emocional, pero todos lo hicieron para desesperarme, para que yo firmara mi salida voluntaria.
Pues no lo lograron, mi familia está allá y yo estaba dispuesto a seguir peleando para seguir con mi familia y al final pues perdí, pero lo intenté, por lo menos me quedó el orgullo que lo intenté.
Cuando era trasladado ¿Esos movimientos eran informados a su familia o a sus abogados?
No, los traslados eran sorpresivos, llegaban, me decían: «alista tus cosas, mis cosas eran los uniformes. Yo tenía que entregarlos, en cada cárcel entregaba los uniformes que me daban ahí y ahí ya decía, «¿Para dónde voy?» y no me decían, lo único que me decían es que para evitar un posible emboscada por política de la agencia no revelaban para dónde uno iba.
Yo me enteraba hasta 5, 6, 8 horas después, porque a veces los traslados son largos, lo trasladan a uno en vehículos privados o en camionetas con otros presos. Son largos (los viajes), son horas de ir esposado de pies y manos. Es una tortura y después llegar a otra cárcel, ser fichado, poner huellas, foto, otro uniforme y por último, ya uno, dos, tres, cuatro días ahí y me pasaban para otra cárcel. Entonces, era una tortura.
Eso fue bastante, bastante agotador, muy irritante, sobre todo porque cada cárcel tenía sus nuevos retos, nueva comida, nuevas gentes. Y en las cárceles donde me trasladaban generalmente eran de los condados y la de los condados si hay presos generales, no solo inmigración. Es un poco más difícil porque uno no sabía con quién lo iban a colocar.
Durante ese tiempo ¿Ningún gente, alguien la penitenciaría lo agredió?
No, físicamente yo no fui agredido de ninguna manera. Sí fui amenazado por otros presos, cuando me llevaron a la prisión federal de Atlanta, me extorsionaron, de hecho. Me pusieron una cuota de $60 diarios y mi familia mandó tres días consecutivos, mandó $60, $60, $60, hasta que el Consulado de El Salvador en Atlanta y mis abogados, y mi familia les notificó que me estaban extorsionando y ellos se movieron y Migración se dio cuenta y fueron a sacarme. Ese mismo día fueron a sacarme cuando hicimos la denuncia. La hizo mi familia, yo no podía, porque ni siquiera tenía acceso a teléfono, un preso me ayudó a reportar el la la la extorsión que me estaban haciendo.
Entonces, sí fui víctima de muchas injusticias, muchas irregularidades y cuando los agentes de ICE llegaron a la cárcel, como me tomaron fotos incluso los presos y las se las mandaron por texto a mi familia, cuando los agentes de ICE llegaron a la cárcel me dijeron: «¿Tú andas un teléfono contigo?» y le digo «No, ¿de dónde voy a andar un teléfono?» Y me llevaron una máquina de rayos X creyendo que yo andaba un teléfono escondido. Hicieron una serie de cosas conmigo como que fuera un criminal. Eso es una de las denuncias que yo siempre hago: me trataron como un criminal a pesar que no tenía delitos en Estados Unidos.
Mario Guevara brindó una entrevista a Diario El Mundo este viernes. / Alexander Montes.
¿Cómo ve usted el proceso legal en el que le negaron quedarse y lo mandan deportado a El Salvador?
Básicamente usaron muchas mentiras para convencer a los jueces y tristemente los abogados mostraron las pruebas de que eran mentiras, pero los jueces aceptaron por el gobierno por creerle a ICE y precisamente se entiende, ¿verdad?.
Hay un ambiente bastante feo ahora mismo en Estados Unidos, donde hay discriminación, hay poder absoluto de parte de una autoridad y pues otras personas con menos poder temen que puedan perder sus trabajos, entonces se entiende que ellos hayan fallado en mi contra, pero sí, fue injusto, usaron muchas mentiras.
Desde un principio mintieron, ICE dijo que yo estaba preso no por ser periodista sino por haber entrado ilegalmente al país, yo no entré ilegalmente al país, entré con una visa.
Después dijeron de que yo estaba ilegalmente en el país, nunca estuve ilegalmente en el país, los 20 años estuve con permiso de trabajo que ellos mismos me ofrecían para poder trabajar y y vivir legalmente, tenía licencia de conducir, etcétera. Entonces, no estuve ilegalmente, pero ellos dijeron mentiras tras mentiras con tal de congraciarse con la comunidad radical, extremista y de conseguir el apoyo de los jueces. Y lo lograron, tristemente lo lograron.
Aunque dijeron que no era por su cobertura periodística ¿Usted considera que fueron estas coberturas sobre temas de inmigración las que pudieron ser la causa de que usted fuera deportado?
Esa fue la causa, por eso los abogados y las organizaciones de periodistas y de defensores del derechos humanos intervinieron porque en una de las audiencias ICE cometió el error de decirle a los jueces: “Él nos anduvo persiguiendo, él andaba grabando cuando cuando nosotros efectuábamos arrestos”.
Cuando ellos dijeron eso quedó en evidencia de que era una represalia por mi trabajo periodístico, pero solo lo hicieron una sola vez y mis abogados aunque documentaron eso con grabaciones y todo después ya cambiaron el discurso.
Después decían: «porque es ilegal, porque es ilegal». Entonces, ya no volvieron a usar esos mismos términos que porque ellos sabían de que se habían equivocado cuando dijeron que era porque yo los andaba persiguiendo y andaba grabando las redadas, pero ellos lo hicieron una vez, o sea, sí dejaron un claro de que era por eso, aunque después cambiaron su discurso.
Por eso mis abogados trataron de pelear y tristemente no, no lo logramos.
¿Usted cree que la experiencia que ha tenido es un atentado contra la libertad de prensa en Estados Unidos?
Sí, estamos convencidos de que mi arresto y posterior deportación fue como un ejemplo para los periodistas internacionales, que hay muchísimos en Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica, que están con visas de periodismo, que están ejerciendo la labor o que tienen un permiso de trabajo, pero están ejerciendo el periodismo, como yo, yo tenía permiso de trabajo ejerciendo el periodismo. Estamos convencidos que ese fue un mensaje para los periodistas: “no te metas con nosotros, no te metas con el gobierno”.
También, ahora ya fueron más allá, se han visto casos recientes donde periodistas estadounidenses han sido agredidos y han sido arrestados también. Por lo menos hay unos tres casos muy, muy fuertes recientemente y eso deja ver de que es una clara agresión a la prensa y que no quieren que se cubran, nada que tiene que ver con las operativos o los redadas de ICE y eso obviamente sí es una violación a la libertad de prensa.
La primera enmienda de la Constitución, que es algo que Estados Unidos siempre se ha jactado, ahora están pasando por encima de esa enmienda.
Ahora que ya está en El Salvador, ¿cómo piensa retomar su labor periodística? ¿Qué tiene pensado? ¿O cree que en algún punto podría volver a Estados Unidos?
Estoy optimista de ambas cosas, estoy optimista de ejercer la labor periodística aquí, tal vez no trabajar con ningún medio todavía porque tengo mi canal de noticias acreditado y debidamente registrado en Estados Unidos y pues básicamente podemos seguir operando desde allá y tal vez yo hacer algún tipo de periodismo de manera digital.
Tenemos clientes allá que todavía están invirtiendo en nosotros y básicamente somos seis, siete conmigo, siete personas, es un medio pequeño, tenemos un año apenas que me independicé después de trabajar con el Atlanta Journal Constitution por 16 años. Yo trabajé con Mundo Hispánico 16 años, Mundo Hispánico era la división hispana del AJC de la Atlanta Journal Constitution.
Entonces teníamos un buen respaldo, pero debido mi crecimiento en redes sociales y el apoyo de muchos clientes decidí independizarme y me iba muy bien, nunca me arrepentiría de haber dado ese paso, pero tristemente pues no tenía tenía el mismo peso que tenían los canales grandes antiguos, ¿verdad? y eso a lo mejor afectó contra mí, pero voy a seguir con mi canal de noticias, posiblemente unos meses más para cumplir con compromisos comerciales con nuestros clientes, además de eso pues planeó hacer trabajo periodístico aquí.
Ya comencé uno, fui a entrevistar a los familiares de la familia de los accidentes graves que hubo, murieron ocho personas en Georgia, fui a San Vicente a entrevistar a los seres queridos y me dieron una entrevista referido por los otros seres queridos de allá de Florida y de Georgia que me dieron los teléfonos, y me gustó porque dije: «Primera cobertura periodística que hago oficialmente en El Salvador en 22 años», pero fue la primera, pero yo sé que no será la última, vienen más.
De hecho, voy a viajar internacionalmente, voy para Colombia pronto. Estoy esperando que deporten un compañero de celda con el que estuve. Estoy esperando que lo deporten a Colombia para ir a entrevistarlo porque él tiene historia fuertísima. Entonces, sí voy a ejercer el periodismo y voy a seguir reportando sobre migración, ahora desde otro ángulo, ya no redadas porque estoy afuera, no estoy dentro del país, pero sí historias más humanas.
Estoy optimista de que me voy a quedar aquí un tiempo ejerciendo el periodismo, pero también quiero regresar, allá está mi familia, mis hijos no se quieren venir. Ellos tienen todo allá.
Gracias a Dios los dejé bien establecidos con su casa y sus medios de transporte bien, entonces, eso me da una tranquilidad, pero igual los extraño, ellos me extrañan a mí. Entonces, el plan es regresar, posiblemente tome un año, quizás dos, incluso tres, no lo sabemos. La última instancia sería hasta que el presidente Donald Trump salga de la presidencia y pues entonces llegue una administración un poco más humana. Entonces posiblemente eso sea el plan para regresar, si es caso que no funciona, todo lo que mis abogados están haciendo.
Ahora mismo hay cinco abogados defendiéndome y si no funciona ninguna de las estrategias que tenemos previsto para las próximas meses, pues habrá que esperar por lo menos tres años y medio hasta que la administración salga para poder regresar, pero yo sé que voy a volver y voy a volver con la frente en alto porque no me deportaron por criminal, me deportaron por ejercer el periodismo y nunca cometí delito en Estados Unidos, respeté las leyes, pagué impuestos, no abusé de ningún beneficio público. Quiere quiero decir que yo me considero una persona grata, que merece vivir en Estados Unidos.
Entonces, simplemente hay que esperar, ser paciente, eso es lo que me resta.
¿Cuántos hijos tiene, cuál es su edad y qué significa para usted estar lejos de ellos?
Sí, básicamente mis dos hijos menores son ciudadanos estadounidenses y bajo uno de ellos es que estoy con una petición familiar que posiblemente me salga el próximo año, pero no sé si inmigración va a aprobar mi residencia o no e igual, verdad, mis hijos ellos acaban de de regresar y estuvieron conmigo una semana y van a volver en diciembre otra par de semanas también.
Y eso me da tranquilidad saber de que dos de mis hijos pueden viajar, la mayor no puede viajar, ella lastimosamente igual que mi esposa está con permiso de trabajo, si ellas vienen aquí, no van a poder regresar. Entonces, les toca aguantarse allá y quedarse hasta que sus papeles se definan también, que puede tardar igual varios meses.
¿Cómo describe esta etapa en la que cambió su vida de lo que usted creía que tenía y cómo se ha reinventado con esa nueva condición?
Para mí es un proceso humillante. Yo creo que esa es la segunda prueba más grande que que he pasado en mi vida. Ya tengo casi 50, bueno, 48 para ser exacto, pero yo me pongo 50 porque estoy más cerca de los 50 que de los 48, ¿verdad?
Entonces, ya tengo casi 50 años, digo, medio siglo de vida, nunca había estado preso, jamás me habían encarcelado por nada, ni aquí, ni allá, ni ningún otro lado del planeta que he visitado varios países y nunca. Entonces, para mí el haber estado encerrado fue algo traumatizante, ¿verdad? Horrible, horrible como un criminal, pero por otro lado, tuve una experiencia unos tres años años atrás, donde mi hijo le trataron un tumor en el cerebro, casi lo perdemos, estuvo dos horas en el quirófano, tuvo un derrame un derrame cerebral, perdió mucha sangre.
Los médicos no llegaron a sacar firmas, casi lo perdemos, de milagro Dios hizo el favor y nos lo dejó con vida. Mi muchacho está en recuperación. Esa ha sido la prueba más dura que pasé después está esta otra experiencia aquí, que me deportaran, sobre todo porque yo hasta que aterrizó el avión aquí en el Aeropuerto de El Salvador, yo todavía esperaba un milagro de Dios, yo dije: «Algo va a pasar”, tal vez reciben una llamada de agente de ICE, tal vez un mensaje de texto o un e-mail y me regresan al país.
No perdí la esperanza hasta que realmente los agentes de Migración y la PNC me llamaron por mi nombre que bajé, entonces entendí que ya, verdad, no había marcha atrás. Y desde entonces estoy aquí, hoy cumplo dos semanas y tratando de adaptarme, un país completamente diferente al que dejé, más tráfico, lindo, hermoso como siempre, la comida la extrañaba, hay cosas muy maravillosas, pero pero igual extraño mi familia. Entonces, vamos a tener que seguir luchando por para poder regresar a Estados Unidos, porque ya está básicamente la mitad de mi vida.
Me fui de 26 años, de 27 años y ya regresé casi de 50, entonces mitad de mi vida la he hecho allá. Así es que yo creo que no tengo opción, seguir peleando por quedarme.
The New York Times rechazó este viernes firmar una política del Departamento de Guerra de Estados Unidos —antes conocido como Departamento de Defensa— que condiciona el acceso de la prensa a sus instalaciones a cambio de no publicar información no autorizada.
“Los periodistas de The New York Times no firmarán la política revisada del Pentágono sobre acreditaciones de prensa, que amenaza con castigarlos por la recopilación habitual de noticias protegida por la Primera Enmienda”, afirmó Richard Stevenson, jefe de la corresponsalía del diario en Washington.
La normativa, anunciada en septiembre por el Pentágono, establece que los reporteros deberán comprometerse a no divulgar documentos o datos considerados sensibles, incluso si estos no están oficialmente clasificados como secretos. Según explicó el portavoz del organismo, Sean Parnell, la medida entraría en vigor en un plazo de dos a tres semanas y se aplicaría a todos los medios que cubren las actividades militares desde sus instalaciones.
Stevenson expresó la preocupación del periódico sobre este cambio, al considerar que restringe el trabajo periodístico en torno al Ejército estadounidense, una institución financiada con casi $1 billón anuales provenientes de los contribuyentes. “El público tiene derecho a saber cómo funcionan el Gobierno y el Ejército”, subrayó.
El editor recalcó que The New York Times mantiene su compromiso con una cobertura “profunda y justa”, guiada por una “búsqueda inquebrantable de los hechos” en defensa del interés público.
La tensión entre el Pentágono y la prensa aumentó desde mayo, cuando el secretario de Guerra, Pete Hegseth, limitó aún más el acceso a instalaciones militares en medio de una crisis provocada por la filtración de ataques estadounidenses en Yemen, divulgada en un grupo privado de Signal.
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, calificó este viernes como “una erosión vergonzosa” de la libertad de prensa en Estados Unidos la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara.
La organización advirtió que es la primera vez que documenta represalias de este tipo vinculadas directamente al trabajo informativo. “La deportación de Mario Guevara es una señal preocupante del deterioro de la libertad de prensa bajo la Administración (del presidente Donald) Trump”, declaró Katherine Jacobsen, coordinadora del Programa de Estados Unidos, Canadá y el Caribe del CPJ.
Guevara, de 48 años, llegó este viernes a El Salvador tras pasar más de tres meses en un centro de detención. Aunque fue exonerado de los cargos que enfrentaba, su arresto se produjo mientras cubría una protesta contra el presidente Trump y las redadas migratorias. El periodista no pudo despedirse de su esposa, sus tres hijos ni de su madre, quienes permanecen en Atlanta, Georgia.
Jacobsen recalcó que “no se trata de un caso de inmigración simple como las autoridades quieren hacer creer”, subrayando que la detención obedeció a represalias por su trabajo periodístico. Durante su reclusión, el gobierno alegó que sus transmisiones en vivo para su canal MG News en Facebook representaban un riesgo para la labor policial.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) también condenó el hecho y lo calificó como un ataque directo a la Primera Enmienda. Por su parte, la organización Voto Latino afirmó que la deportación “refleja un patrón preocupante” de hostigamiento contra periodistas en la administración Trump.
“Si los periodistas pueden ser silenciados o deportados por sus reportajes, todos corremos riesgo, especialmente las comunidades inmigrantes que dependen de voces como la de Mario para amplificar sus historias”, advirtió Voto Latino.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció este miércoles que ha trasladado su personería jurídica a otro país de la región, argumentando la necesidad de continuar su labor sin presiones derivadas de las normativas restrictivas que rigen actualmente en el país.
“Ante las restricciones y desafíos que enfrenta el espacio cívico de El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador ha decidido trasladar su personería jurídica a otro país de la región con el objetivo principal de continuar su misión de defender los derechos de los periodistas, la libertad de expresión y la libertad de prensa”, expresó el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.
La organización aclaró que seguirá defendiendo a los periodistas que trabajan en territorio salvadoreño y a quienes han debido exiliarse.
“La APES se traslada para garantizar su continuidad y ampliar su impacto, pero seguirá luchando por mantener su personería jurídica en El Salvador, la cual, fundada en 1936, enfrenta por primera vez obstáculos persistentes y sin justificación clara en el registro de asociaciones del Ministerio de Gobernación”, agregó.
El gremio recordó que entre enero y junio de este año 43 periodistas abandonaron El Salvador, en su mayoría profesionales de medios digitales independientes con más de una década de trayectoria.
“El éxodo periodístico implica un riesgo inmediato para el país de experimentar un apagón informativo, ante la falta de profesionales independientes y con experiencia ejerciendo su labor”, advirtió.
El pasado 16 de septiembre, la APES ya había anunciado el cierre de oficinas y de proyectos financiados con cooperación internacional, denunciando las “asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones” que impone la Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele. Según la gremial, en los últimos 90 días se suspendieron, liquidaron y cerraron todos los proyectos con financiamiento externo.
Otras organizaciones también han salido del país en medio del nuevo marco legal. La Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) anunció su disolución en septiembre tras 33 años de trabajo; Cristosal comunicó su salida a raíz de lo que calificó como una “escalada represiva”; y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) informó recientemente su cierre.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) solicitaron este viernes a una corte federal detener la deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, quien lleva más de 100 días detenido tras cubrir protestas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El recurso legal, presentado como amicus curiae ante la Corte del Distrito Sur de Georgia, busca que Guevara sea liberado de forma inmediata, en un caso que ha encendido las alarmas de organizaciones que defienden la libertad de prensa.
“Para ponerlo llanamente, a los agentes de seguridad les disgustaba el reporteo de Guevara sobre su conducta, así que lo detuvieron. A pesar de una orden de un juez migratorio para liberarlo bajo fianza, el Gobierno ha buscado mantenerlo detenido”, señala el documento judicial.
El comunicador fue arrestado el 14 de junio en Georgia mientras transmitía en vivo para su canal MG News una protesta del movimiento No Kings contra Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aunque los cargos menores que enfrentaba fueron desestimados, el proceso de deportación continúa abierto pese a que Guevara reside en EE.UU. desde 2004 y es padre de hijos ciudadanos estadounidenses.
Organizaciones como Free Press, The Freedom of the Press Foundation y PEN America se sumaron a la petición, advirtiendo que el caso “tiene profundas implicaciones” para el ejercicio periodístico.
“La detención y posible deportación del amado periodista Mario Guevara es tan legalmente injusta como una señal del proyecto de censura de la Administración Trump para castigar la libertad de expresión y disenso”, expresó Nora Benavidez, directora de justicia digital de Free Press.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) falló recientemente en contra de Guevara, reabriendo un proceso de deportación suspendido desde 2012, cuando perdió un caso de asilo. “El argumento del Gobierno, que Guevara representa un peligro por su transmisión en vivo de actividad de los agentes de la ley, crea un dañino marco para ir detrás de otros periodistas, así como de cualquier otro individuo que transmita en vivo”, advirtió Katherine Jacobsen, coordinadora del CPJ para Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
El futuro del comunicador, que cuenta con más de 700,000 seguidores en redes y es referente en temas migratorios, dependerá ahora de la decisión de un tribunal federal que podría detener o confirmar su deportación.
Tras cumplir 100 días detenido en una cárcel migratoria de Georgia, el periodista salvadoreño Mario Guevara escribió una emotiva carta dirigida a la comunidad latina en Estados Unidos, en la que reafirma su dignidad y compromiso profesional, mientras enfrenta una posible deportación a El Salvador.
“Si me deportan, me voy con la frente en alto”, afirmó Guevara desde el centro de detención, asegurando que su única falta ha sido ejercer su labor periodística, no cometer delitos.
En su carta escrita a mano, el periodista lamentó haber sido tratado como delincuente durante más de tres meses.
“He sido humillado tanto por autoridades federales como locales… pero todos mis seres amados saben que todo ha sido por mi pasión al trabajo”, escribió Guevara.
Criticó la política migratoria de EE. UU. al decir que el lema de libertad y justicia para todos es “una falacia” cuando se trata de inmigrantes.
“Dios permita que un día no muy lejano el amor supere el odio racial que divide a esta bella nación”, añadió.
También agradeció el apoyo de su comunidad, de los seguidores de su canal MG News, y pidió perdón a su familia por el dolor que su situación ha causado.
El arresto: transmisión en vivo de una protesta
Guevara fue arrestado el 14 de junio mientras cubría una protesta contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el condado de DeKalb, Georgia. Aunque portaba un chaleco con la palabra PRESS y se identificó ante la policía diciendo “I’m a member of the media, officer”, fue detenido.
Los fiscales desestimaron los cargos presentados —obstrucción, reunión ilegal e ingreso indebido a la vía pública—, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo mantuvo en custodia. Días después, enfrentó cargos por conducción imprudente en otro condado, que también fueron desestimados.
Mario Guevara reside en EE. UU. desde 2004, cuando huyó de El Salvador tras ser víctima de persecución por su trabajo periodístico. Ha trabajado en medios como Mundo Hispánico y fundó el canal digital MG News. En 2012, un juez rechazó su solicitud de asilo, pero el caso quedó cerrado administrativamente.
Este año, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió su caso y denegó su liberación bajo fianza, incluso cuando su defensa solicitó que el proceso regresara al juez original para optar a una residencia permanente, al ser padre de ciudadanos estadounidenses y tener una visa en trámite.
“Él no tiene antecedentes criminales en 20 años y tiene buena reputación entre medios y autoridades”, explicó su abogado Giovanni Díaz. La ACLU ha presentado un habeas corpus y una moción de emergencia para frenar su expulsión, que podría ejecutarse en cualquier momento.
La familia del periodista salvadoreño Mario Guevara expresó su creciente preocupación por el prolongado encarcelamiento del comunicador, quien ya cumplió más de 100 días detenido en un centro migratorio de Estados Unidos, tras su arresto el 14 de junio.
“Nos duele el corazón cada día que pasa lejos de nosotros”, dijo su hijo, Óscar Guevara, durante una conferencia de prensa ofrecida junto a los abogados defensores, quienes advirtieron que la deportación del periodista podría ejecutarse en cualquier momento.
Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Privacidad de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), advirtió que solo una orden judicial federal puede impedir su expulsión inmediata del país.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) reabrió un antiguo proceso de deportación de Guevara que había sido suspendido desde 2012, tras perder un caso de asilo.
Además, la BIA rechazó una solicitud de ajuste de estatus migratorio presentada por sus abogados, a pesar de que el periodista es padre de un ciudadano estadounidense que depende de él para recibir atención médica a largo plazo. También negó su liberación bajo fianza, lo que le impide luchar su caso en libertad.
Críticas por sesgo político en el sistema migratorio
Giovanni Díaz, abogado de inmigración de Guevara, expresó su sorpresa por el fallo adverso, señalando que contradice resoluciones anteriores donde se favorecía a migrantes con posibilidades reales de obtener un alivio migratorio.
“Desafortunadamente, este caso parece resaltar otra tendencia: la BIA y los tribunales migratorios están políticamente comprometidos”, subrayó. Díaz.
La decisión también contradice una orden previa de un juez de inmigración que había autorizado la liberación del periodista.
Mario Guevara, quien reside en Estados Unidos desde 2004 y tiene tres hijos (dos de ellos ciudadanos estadounidenses), fue arrestado mientras cubría una protesta del movimiento “No Kings” en Georgia. Aunque se encontraba debidamente identificado como periodista del canal MG News, fue detenido por cargos menores.
La abogada Kim calificó el arresto como una violación a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de prensa. En respuesta, la ACLU presentó una solicitud de habeas corpus para denunciar la ilegalidad de su detención prolongada y ha pedido una moción de emergencia para frenar su deportación a El Salvador.