El Gobierno de Perú declaró este viernes el estado de emergencia durante 60 días en Lima Metropolitana y la vecina provincia del Callao, con el objetivo de «hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia», una medida implementada desde 2024 y prorrogada progresivamente.
La disposición fue oficializada mediante un decreto supremo por el Ejecutivo de la presidenta Keiko Fujimori y establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas durante el período de emergencia.
La PNP determinará las zonas donde realizará sus intervenciones con base en información de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, entre otras herramientas. Aunque la medida amplía las facultades de las autoridades, se prevé que los ciudadanos perciban pocos cambios en las calles.
El estado de emergencia permite suspender o restringir derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito dentro del territorio peruano, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Además, las actividades religiosas, culturales y deportivas de carácter masivo y público deberán solicitar autorización ante las instituciones correspondientes.
El decreto también establece que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) permanecerá en sesión permanente mientras esté vigente la emergencia y ordena conformar el Comando de Coordinación Operativa Unificada, que será presidido por el comandante general de la Policía Nacional.
Las autoridades crearán además un Comité de Fiscalización, encabezado por la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía, para desarrollar operativos en zonas identificadas con actividades relacionadas con trata de personas, comercialización ilegal de drogas, tráfico de armas y venta de teléfonos móviles de dudosa procedencia, entre otros delitos.
Las medidas también alcanzarán a las cárceles e incluyen apagones eléctricos dentro de las celdas, mientras se permitirá únicamente la iluminación exterior o general. El Sistema de Inteligencia Nacional realizará además pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras las Fuerzas Armadas tendrán a su cargo labores de vigilancia y apoyo en el perímetro de los centros penitenciarios.
Como parte del soporte logístico, el Gobierno utilizará imágenes satelitales proporcionadas por la Agencia Espacial del Perú (Conida) para vigilar áreas con alta incidencia delictiva. La disposición también contempla el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilícitas como parte de las acciones para enfrentar la criminalidad.