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  • Corte convoca a jueces y magistrados interesados en postularse para el Consejo Nacional de la Judicatura

    Corte convoca a jueces y magistrados interesados en postularse para el Consejo Nacional de la Judicatura

    El Comité Electoral Judicial de la Corte Suprema de Justicia convocó a los jueces y magistrados de cámara propietarios con interés en participar como candidatos en el proceso de elección de ternas de candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) periodo 2026-2031.

    Desde este lunes 22 de junio hasta el lunes 29 de junio de 2026, los aspirantes pueden presentar su solicitud de inscripción ante la Secretaría Generaal de la CSJ con la documentación requerida, entre esta, una declaración jurada de no tener incapacidad o inhabilidad para postularse y una fotografía digital reciente.

    El Comité Electoral Judicial de la CSJ debe verificar el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales de los aspirantes que se postulen y hacer las prevenciones.

    Una candidatura puede ser negada si la documentación está incompleta o si el abogado aspirante está suspendido.

    De acuerdo con la CSJ, todas las personas que participen en el proceso de elección deberán sujetarse al Código de Ética Judicial, Código de Étic del Órgano Judicial, reglamento de la Asamblea General, y al Sistema de Gestión Antisoborno del Órgano Judicial certificado bajo la norma ISO 37001:2016.

    La CSJ tiene previsto realizar la Asamblea General para elegir a los candidatos el próximo sábado 11 de julio, día en que se realizará el escrutinio final y se comunicarán resultados. La declaración de firmeza de los resultados será el jueves 16 de julio.

    Los funcionarios aspirantes deben ser salvadoreños, mayor de 35 años, de moralidad y competencia notorias, haber servido una judicatura de primera instancia durante seis años, estar en el goce de los derechos de ciudadano y seis años antes del desempeño de su cargo.

    El CNJ es la institución encargada de proponer los candidatos para magistrados de la CSJ, magistrados de cámara de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz. Los miembros del CNJ son elegidos y pueden ser destituidos por la Asamblea Legislativa con el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados electos.

  • CSJ avala conversión de juzgados de San Miguel y envía propuesta a Asamblea Legislativa

    CSJ avala conversión de juzgados de San Miguel y envía propuesta a Asamblea Legislativa

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un anteproyecto que propone la conversión dos juzgados de primera instancia de San Miguel, como parte de un proceso de reorganización del sistema judicial en la zona oriental del país. La iniciativa será remitida a la Asamblea Legislativa para su análisis y aprobación.

    La decisión fue tomada durante la sesión ordinaria de Corte Plena número 82, celebrada el 4 de noviembre de 2025, en la que se avaló la conversión de los Juzgados de Primera Instancia de Ciudad Barrios y de Chinameca en los Juzgados 4º y 5º de lo Civil y Mercantil de San Miguel, con el fin de mejorar la distribución de los procesos judiciales y optimizar la carga de trabajo en las instancias judiciales de la ciudad migueleña.

    El anteproyecto también contempla la ampliación de trabajo de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de lo Civil y Mercantil de San Miguel, así como del Juzgado de lo Laboral de San Miguel y de los Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Instrucción de la ciudad migueleña.

    Durante la sesión plenaria, la Gerencia General de Asuntos Jurídicos presentó un análisis comparativo del ingreso y egreso de procesos judiciales en distintas sedes del país. El informe señaló que la productividad de los juzgados de Santa Ana y San Salvador son mayores que en San Miguel, motivo por el que se busca redistribuir la carga laboral de las instancias judiciales del oriente del país.

    Los magistrados tambien señalaron la necesidad de fortalecer los sistemas informáticos, realizar inventarios físicos de expedientes y establecer indicadores de desempeño del personal judicial, así como avanzar hacia una asignación de casos por especialidad para mejorar la eficiencia en la tramitación de los procesos.

    En ese sentido, se estableció que los cinco Juzgados de lo Civil y Mercantil de San Miguel conocerán procesos de todo el departamento. Mientras que el Juzgado de lo Laboral de San Miguel asumirá la competencia en materia laboral que actualmente ejercen los juzgados de Ciudad Barrios y Chinameca, una vez entre en vigencia el decreto legislativo.

    El anteproyecto fue aprobado con 13 votos del pleno de magistrados. La propuesta será enviada a la Asamblea Legislativa, quien deberá decidir sobre la aprobación del decreto legislativo y las reformas a la Ley Orgánica Judicial.

  • CSJ busca contratar seguro médico y de vida para los 14 magistrados por $209,000 para 2026

    CSJ busca contratar seguro médico y de vida para los 14 magistrados por $209,000 para 2026

    La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lanzó una oferta para contratar un seguro médico y de vida para los 14 magistrados por un monto de $209,287.96 para el período del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026 de acuerdo al documento publicado en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros).

    La Corte detalla en la oferta publicada el 1 de diciembre que busca asegurar a 14 magistrados. Para el seguro de vida se destinarán $119,000 y para el seguro médico $90,287.96. Los fondos para el contrato provendrían de fondos del gobierno central.

    En cuanto al seguro colectivo de vida se detalla que cada magistrado estará asegurado por $100,000 con cobertura mundial. Contempla también en casos de gastos funerarios un 10 % adicional de la suma asegurada básica para los titulares, mientras que los dependientes como su cónyuge podrían recibir hasta $1,100.

    En caso de muerte, el seguro de vida tiene cobertura por enfermedades preexistentes en los magistrados. La indemnización por gastos funerarios tiene que ser entregada a más tarde 24 horas después de que se reciba la notificación oficial de la muerte del asegurado.

    Por otro lado, si alguno de los magistrados es diagnosticado con alguna enfermedad terminal deberá recibir como anticipo el 35 % de la suma asegurada. Asimismo, en caso de morir en el extranjero, el seguro tiene en consideración cobertura en gastos de repatriación.

    El seguro médico también incluye una póliza de seguro de $100,000 para cada magistrado y establece la oferta que la empresa contratada no podrá realizar reducción «por ninguna causa» y también es de cobertura mundial para los 14 magistrados. Los magistrados a asegurar se encuentran en edades desde los 41 años hasta más de 70.

    El seguro médico toma en cuenta:

    • Tratamiento médico o quirúrgico relacionado con insuficiencia venosa.
    • Ambulancia aérea y terrestre.
    • Transplante de órganos por máximo $100,000.
    • Cirugía ambulatoria.
    • Hospitalización.
    • Cobertura dermatológica.
    • Cirugía de cataratas.
    • Citología y mamografías.
    • Prostatectomías e histerectomías.
    • Cateterismo.
    • Insuficiencia renal.
    • Brazos y piernas artificiales.
  • Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    Cinco magistrados han renunciado a la Corte Suprema de Nicaragua en una semana

    La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ) continúa desmoronándose institucionalmente tras la renuncia de cinco magistrados en una semana, tres de ellos este martes: Armengol Cuadra, Virgilio Gurdián y Manuel Martínez, quienes argumentaron motivos de salud o edad avanzada para abandonar el cargo, según informó la Asamblea Nacional.

    Las dimisiones de esta semana se suman a las de Yadira Centeno y Ellen Lewin, presentadas días antes por razones similares, y que fueron aceptadas de forma expedita por el pleno del Parlamento, controlado por el oficialismo.

    Con estas salidas, la CSJ queda integrada por solo 5 magistrados de los 16 que originalmente la conformaban. Desde 2019, tras el estallido de la crisis sociopolítica en el país, nueve jueces han renunciado y dos han fallecido, profundizando la inestabilidad del Poder Judicial.

    El presidente de la Asamblea Nacional, el sandinista Gustavo Porras, presentó ya una lista de cinco nuevos candidatos para ocupar las vacantes, entre ellos, Ana Julia Guido, actual fiscal general y exsubdirectora de la Policía Nacional. Guido es conocida por su cercanía al círculo de poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    También figuran Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez, magistrados de apelaciones que han sido sancionados por EE. UU. por su papel en el retiro de la nacionalidad a más de 300 opositores nicaragüenses. Completan la lista Shura Bonilyn Welcome Crawford y José Manuel Fuertes Toledo.

    Desde febrero de 2025, Nicaragua implementó una reforma constitucional profunda que redujo el número de magistrados de la CSJ de 16 a 10 y otorgó al presidente Ortega y su esposa, Rosario Murillo, la facultad de nombrar al titular de la Corte por seis años. Esta misma reforma eliminó el equilibrio de poderes y subordinó formalmente al Poder Judicial bajo el control directo del Ejecutivo.

    Críticas internacionales: ¿una dictadura constitucionalizada?

    La reforma ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales como la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y por diversas organizaciones de derechos humanos. Los críticos advierten que la reforma no solo legaliza el autoritarismo, sino que también establece el control absoluto del Ejecutivo sobre el Estado, eliminando la división de poderes.

    Entre los cambios más polémicos se incluyen:

    Ampliación del período presidencial de cinco a seis años.
    Establecimiento formal de la figura de copresidencia para Rosario Murillo.
    Reconfiguración de los «poderes del Estado», que pasan a ser “órganos” coordinados directamente por el Ejecutivo.
    Legalización de la apatridia, usada como castigo contra opositores.

    La renuncia masiva de magistrados y la concentración de poder en manos de Ortega y Murillo evidencian una crisis institucional sin precedentes en Nicaragua. Mientras el oficialismo reestructura el sistema judicial a su conveniencia, la comunidad internacional observa con preocupación lo que muchos consideran una consolidación de una dictadura bajo marco legal.